Procuraduría interpuso tutelas contra fallos del Consejo de Estado que anulan decisiones disciplinarias
El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.
El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.
El Decreto 1469 delega funciones legales y constitucionales por el viaje del presidente Gustavo Petro a Chile.
¿Qué aportes al derecho internacional podría brindar la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia?
En el caso analizado, una adecuada valoración individual hubiese dado cuenta de que la segunda hipótesis generada por la prueba de ADN no estaba resuelta.
Contra los resultados de la evaluación de competencias no procede recurso alguno.
Por primera vez en la historia, las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional.
No se pueden adicionar rubros distintos a los previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
La firma cuenta ahora con más de 120 abogados especializados para atender a los más de 470 clientes.
Llamar al abogado como testigo constituye una afrenta en contra del secreto profesional, pilar fundamental del derecho de defensa.
La situación de humedad atenta contra la salud, seguridad e integridad personal de la población privada de la libertad, e incluso de los funcionarios que allí laboran.
La ley permite otorgar al trabajador una licencia quedando a discrecionalidad del empleador si la remunera o no.
Según los demandantes, la inobservancia del principio de publicidad condujo a la ausencia de conocimiento de los congresistas al momento de votar.
Se configura el hecho y/o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad estatal.
El conflicto inició porque más de mil futbolistas de 35 clubes aprobaron un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones de trabajo.
¿Cómo armonizar la salvaguarda del patrimonio y garantizar, a la vez, el debido proceso y el derecho de defensa, sin incurrir en prejuzgamientos?
En medio de la polarización y el juego político, la certeza que se ha consolidado después de 50 años es que las violaciones de derechos humanos vividas en Chile no pueden ser repetidas nunca más.
La prueba se realizó en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Prefiero estas cartas náuticas que me anticipan, siguiendo a Zambra, que cuando uno tiene un hijo, uno vuelve a ser un hijo.
Al no identificarse como mujeres, los hombres trans y personas no binarias resultaban excluidos de las prestaciones previstas.
Salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que están reservadas proponer al demandado o ejecutado en la contestación de la demanda.
El Congreso excede sus facultades cuando excluye bienes que podrían tener relevancia histórica, cultural y arqueológica
Corresponde al Consejo Nacional Electoral asignar de manera inmediata los espacios adicionales en medios de comunicación social.
Conceptos que constituyen el daño emergente y lucro cesante no pueden ser datos especulativos e inciertos que carecen de precisión.
Es deber de quien juzga verificar, en cada caso, si frente a la existencia de un hecho contaminante se concreta también un daño ambiental.
Aunque la ley no determina expresamente cuáles bienes pueden darse en garantía, es posible constituir la prenda.
Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.
Son cuatro los requisitos que se deben acreditar para que procedan las pretensiones de un proceso reivindicatorio.
Las disposiciones cuestionadas extralimitaban las facultades extraordinarias previstas en el Acto Legislativo 04 del 2019.
La enfermedad le impide materialmente cumplir con los protocolos establecidos por el banco para activar su cuenta de ahorros.
Es importante adoptar medidas para investigar, sancionar, informar a los familiares el paradero del desaparecido e indemnizarlos.
En aplicación del principio de la esencia sobre la forma, estipulado en el artículo 228 de la Constitución Política.
El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.
Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.
Por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Es necesario cumplir las previsiones legales que hacen oponible la transmisión del derecho a una tercera persona.
Grupos de WhatsApp son un mecanismo idóneo para estar en constante comunicación y contacto con la oficina durante el trabajo en casa.
El observatorio está dirigido a usuarios de la academia, el sector privado y el sector público.
Los destinatarios de estas convocatorias tendrán un descuento del 60 % en la cuota de compensación militar.
Según los demandantes, se vulneraba el debido proceso, en lo relacionado con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
Los derechos ciertos están ligados con la concepción de derechos adquiridos y excluye las simples expectativas o derechos en formación.
La comunidad indígena Inga solicitó el amparo de sus derechos, por considerarlos vulnerados frente a la construcción de una vía.
Solo de esa forma se garantiza el derecho del usuario a una administración de justicia efectiva.
La acción correctiva se hace a través de un proceso disciplinario, de acuerdo con el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.
Barreto asumirá la conducción del despacho que quedó vacante con la terminación del periodo constitucional de Carlos Enrique Moreno Rubio.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios deberá responder a criterios de calidad y continuidad.
Todos los ciudadanos pueden constituir veedurías, sin que en ningún caso sean considerados funcionarios públicos.
Se necesita estar precedida por corrección de las declaraciones tributarias que sustentan la petición.
La asociación investigada no figura en el registro público de información censal de comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior.
La mesa de diálogo le solicitó oficialmente al Gobierno de México que considere la posibilidad de convertirse en sede del V ciclo de diálogos.
Demostrar la calidad de madre cabeza de familia es indispensable para lograr la protección especial y reforzada del Estado.
Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular.
Aunque el tema podría parecer ya superado, la credibilidad de un testimonio no es un asunto de forma, sino de fondo.
Tutelan los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad de una menor transgénero por la publicación de un video en una red social.
No puede operar una restitución de términos en favor de la Administración, pues la entidad se beneficiaría de su propia culpa.
La crítica situación se registra en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
Si la red hubiera estado adecuadamente ubicada se habría demostrado que fue la víctima quien entró en contacto con ella.
No hay segregación de funciones, pues el fin destacado no lo permite
“Una Policía humana es una Policía que sabe que su esencia fundamental es defender derechos y libertades en el territorio, independientemente de cómo piensa”, afirmó el jefe de Estado.
Las inhabilidades son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva.
Según la Corte Constitucional, el empleador debe tomar ciertos cuidados, de manera que no se transgredan derechos fundamentales.
No se exige para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes que previamente se haya declarado la existencia de la unión marital de hecho.
La normativa plantea ochos subsistemas que harán parte del SINRADR, los cuales serán liderados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de una entidad coordinadora.
No basta con reformar la Constitución y sacar leyes para resolver los problemas sociales, se debe indagar a fondo las causas y es determinante la voluntad política
El fallo tiene aspectos importantes en materia de derechos políticos y de acceso efectivo a la justicia, pero no logra con su decisión armonizar el ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales que adquirió el Estado.
Los inspectores de tránsito deben atender el deber de motivación que les exige una actividad probatoria intensa.
Surge preguntarnos si las sociedades actuales conocen sus estatutos superiores y su funcionamiento, y si tienen en su interior arraigado el reconocimiento de su magnitud.
Este es un espacio académico para intercambiar conocimiento sobre temas de interés para la jurisdicción.
No existe regla absoluta sobre la procedencia o no de la acción de tutela frente a la perturbación de derechos colectivos.
No se encontró que el congresista haya incurrido en doble militancia.
Los cambios normativos de los último 15 años han modificado el plano jurídico que reglamenta el arbitraje en Colombia.
La tercerización tiene sustento siempre que el contratista independiente realice el trabajo con sus medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos.
Su gran preocupación intelectual ha sido Colombia, hacia allí ha dirigido el profesor Salomón Kalmanovitz su trabajo y sus talentos de economista e historiador.
Es preciso dotar a esos jueces bienintencionados de instrumentos que les permitan despojarse de tramitaciones eternas y, a veces, repetitivas e inútiles.
La autora de la iniciativa es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.
Cada vez son mayores los esfuerzos para instituir este instrumento como una alternativa menos costosa, flexible y que permita la finalización de estos asuntos.
La forma de abordar todos los problemas asociados a la gestación subrogada no puede despacharse sin considerar su complejidad, proponiendo su legalización sin más.
Interesante discusión jurídico-económica tendrá que abordar la Corte Constitucional.
El uso de herramientas tecnológicas es una realidad imparable y, sin duda, ha aportado y aportará en soluciones eficientes, entre otros, a los sistemas judiciales.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “la resolución de conflictos societarios”.
La desconexión laboral implica una dimensión del descanso y a la par un límite al poder subordinante, se trata de una reivindicación de un espacio autónomo, libre de interferencias.
El empleador puede justificar su omisión y conceder al trabajador el disfrute de los días no concedidos.
Según el autor de la iniciativa, se busca crear un sistema de ejecución eficiente mediante árbitros que se convierta en un apoyo para la justicia ordinaria.
Los diputados tienen la calidad de servidores públicos.
El presupuesto vigente y el propuesto para el próximo año muestran aumentos del 9 % en términos reales, superando ampliamente la media histórica de crecimiento.
Es importante la acreditación hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque reconstruye y relaciona los estándares dispuestos en la guerra para la defensa ambiental.
Las cuestionadas habrían aparentado ser competidoras, pero en realidad habrían coordinado las probabilidades de ser adjudicatarias.
Las aseguradoras deberán utilizar un vector para aquellos flujos de efectivo futuros que sean sensibles a la inflación.
Esta área es adoptada por la tecnocracia financiera (funcionarios de bancos centrales y superintendencias financieras) de las naciones agrupadas en organizaciones internacionales.
El propósito de este libro es determinar si estos contextos o ideas que reproducen estereotipos y promueven la inequidad se han trasladado a la administración de justicia.
Juan Antonio Vallejo, Andrés Parias Garzón, Fabio Andrés Bonilla y Francisco Reyes Villamizar nos compartieron sus puntos de vista.
Osorio será magistrado de la Sección Primera, Portocarrero ingresa a la Sección Segunda y Barrera a la Tercera.
Existe una relación entre igualdad y servicios públicos que se materializa en el principio de universalidad en su prestación.
Bolívar ha sido biografiado desde varios ángulos: el presidente Liévano Aguirre relató su vida; el mandatario ecuatoriano Olmedo cantó a Junín e idealizó la epopeya.
La jurisprudencia colombiana ha avanzado de manera favorable y coordinada en la precisión de los escenarios en los que debe declararse la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.
Ley estatutaria que define participación política de los servidores públicos no ha sido presentada ni debatida por el Congreso.
La Sentencia C-030 del 2023 pretende armonizar las normas constitucionales con las convencionales.
Confirman fallo que lo suspendió por un mes en el ejercicio del cargo por violar el deber de cumplir y hacer cumplir la ley penal.
El objetivo de esta directiva presidencial es dar cumplimiento a los porcentajes de vinculación laboral de personas con discapacidad.
La prueba se realizará en forma manuscrita, el domingo 10 de septiembre, en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
El riesgo estaba cubierto por la ARL y fue legítimamente subrogado.
El decreto aplicará a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan el territorio nacional en territorios colectivos.
Según la accionante, la instalación de dispositivos de georreferenciación en el vehículo asignado para su seguridad vulneró sus derechos.
Se ordenó devolver el auto a la misma jurisdicción para que se pronuncie de fondo sobre el recurso que presentaron los accionantes.
El demandante no logró articular una verdadera cuestión de constitucionalidad en su demanda, por ello se descartó la posibilidad de pronunciarse de fondo.
Asignar funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas supone una definición clara, puntual, fija y cierta de las materias.
Carece de justificación constitucional excluir a otras formas de familia diferentes a las constituidas por matrimonio de la posibilidad de crear una sociedad comercial.
Se demostró que la alta corte incurrió en defecto fáctico al declarar el hecho de un tercero cuando no era procedente.
La defensoría pública al ser un servicio público no viola los mandatos constitucionales.
Según los autores, la Superintendencia de Industria y Comercio reporta 161.098 quejas desde el 2013 hasta la fecha por el mal manejo de datos personales.
La fragmentación de la Sala Penal es excepcional y se justifica cuando sea indispensable para asegurar la efectividad del derecho a impugnar la sentencia.
La iniciativa, de 92 artículos, incluye nuevas propuestas como la formalización laboral de trabajadores de puertos, centrales de abasto y de transporte.
Si uno de ellos no está conforme con la solución no está obligado a aceptarla.
La necesidad de aplicar el enfoque diferencial es para evitar la discriminación contra las mujeres.
Siempre y cuando la modificación se oriente hacia un delito de igual o menor entidad y no se afecten los derechos de los sujetos intervinientes.
Carlos Hernán Rodríguez no tenía competencia para asignar a su remplazo.
La Corte se está a lo resuelto en la Sentencia C-055/22 sobre el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con el demandante, existieron irregularidades en el trámite de la norma.
De acuerdo con la demanda, la norma es contraria a los principios de legalidad y certeza del tributo dado a que contiene una indeterminación absoluta en la tarifa.
La iniciativa se llama Derechos a la mano, que permitirá democratizar el acceso a la información territorial utilizando la herramienta RUSICST.
Se aprobó una proposición del Centro Democrático que permitiría a congresistas tener otros empleos y así recibir ingresos adicionales.
Tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.
No existe precepto que así se los imponga, al contrario, la normativa aplicable recae en el usuario de la administración de justicia.
Según el demandante, el trato diferencial no está justificado constitucionalmente.
El propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del literal a) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.
La norma acusada viola el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, afirman los demandantes.
Señalan que se desconoció el principio de publicidad y se vulneró el procedimiento en relación con las proposiciones.
El objetivo de esta política será prevenir la desnutrición, malnutrición y enfermedades no transmisibles tanto en las gestantes como en los recién nacidos.
La norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad, ni el de escoger profesión y oficio.
La Corte Constitucional convocó a audiencia para escuchar a demandantes y autoridades sobre la Ley 2272/22.
Aunque la CSJ le ordenó dejar sin efecto una decisión, la cuestionada emitió nuevos fallos sobre estabilidad laboral reforzada.
Normas cuestionadas desconocen la obligación del Estado de garantizar la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad.
La disposición cuestionada desconocía que la libertad económica se ejerce sin abuso de la posición dominante en el mercado.
José Armenta, Ricardo Cañón, Jairo Corzo, David Roll y Gustavo Villamizar Motta son los nuevos integrantes de la lista de admitidos.
Los bienes transferidos siguen formando parte del patrimonio del fideicomitente en forma de derechos fiduciarios.
El Consejo de Estado creó dos nuevas reglas para regular la materia.
Este Gobierno reconoce que el derecho de huelga y las garantías para su ejercicio son esenciales en una sociedad democrática.
La Corte Constitucional recordó que la Sentencia C-233 del 2021 modificó los casos en los que la eutanasia es permisible.
El tiempo durante el cual el empleado está en vacaciones debe ser usado exclusivamente para que descanse y recupere fuerzas.
El ente acusador incurrió en mora judicial injustificada por no investigar con diligencia y, de ser el caso, juzgar y sancionar a los responsables.
Conozca los tres perfiles que la Corte Suprema de Justicia remitió al Consejo de Estado para la elección del próximo Auditor.
No es apropiado confundir la mora del deudor con el daño que produce quien priva a otra persona de la disposición de su dinero.
En todo caso, se deben vincular a las personas interesadas dentro del proceso administrativo que culmina con el acto de registro.
La mayoría de los municipios se encuentran en el suroccidente de país, pues allí es donde hay mayor presencia de estructuras ilegales.
Es necesario que el Congreso de la República legisle sobre este tipo de contrato como técnica de reproducción asistida, para completar los vacíos que hoy existen.
La Corte Constitucional amparó los derechos de los menores y ordenó a los progenitores concurrir a la notaría para corregir los documentos.
La Corte Suprema ha reconocido situaciones muy particulares donde el carácter de imprescriptibles cede ante la protección de derechos adquiridos.
Estos elementos fortalecerían la descentralización y la autonomía territorial en tanto garantizarían la inclusión de sectores sociales, políticos y económicos tradicionalmente excluidos de los debates democráticos.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución, esa facultad le corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
Ante el ICETEX se debe acreditar entre otras cosas el registro del SISBEN.
La ausencia de controles materiales en la imputación y acusación dio paso a los abusos en este tipo de actuaciones por parte de los encargados de la investigación penal.
El reporte lo deben hacer al Grupo de Fondos Especiales de la Unidad de Presupuesto de la DEAJ.
La no observancia de la perspectiva de género para la mujer en asuntos patrimoniales de pareja es catalogada como violación directa de la Constitución.
Hay casos en los que no existen órdenes y se ha ordenado el suministro de servicios, bajo condiciones específicas.
Este Gobierno reconoce, respeta y quiere ampliar el derecho de huelga en la reforma, aseguró la ministra Gloria Inés Ramírez.
Los comportamientos contrarios a la convivencia no se constituyen como delitos contra la administración pública.
La iniciativa adicionaría un tercer párrafo al artículo 48 de la Constitución Política.
Gozan de presunción de autenticidad cuando no sean tachados de falsos o desconocidos por alguno de los intervinientes.
A fin de constatar la configuración de la responsabilidad solidaria, lo relevante es que las actividades entre los empresarios sean real y materialmente afines.
En el proceso no podrán actuar como apoderados de otro ciudadano, pues estarían representado el interés de otro, como abogados.
Esta nueva forma de educar les permite a los estudiantes de Derecho abrir sus horizontes y mirar su disciplina desde el contexto internacional, con una mente globalizada transversal y flexible.
El objetivo es que Mancuso contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivos.
Por ser la inasistencia alimentaria un tipo penal de “infracción al deber”, el vínculo es uno de los requisitos para su configuración.
El Acto Legislativo 01 del 2023 otorga a los campesinos el estatus de sujetos de especial protección constitucional.
Es necesario regular el uso de la IA en el sistema de justicia y en la profesión jurídica, teniendo como norte el respeto por los derechos humanos.
Entendemos el fin de esta modificación, pero la celeridad no puede ser óbice para el respeto de la división de poderes.
Los empleados de las notarías siempre se han considerado trabajadores particulares contratados directamente por el notario.
Se negó una acción de tutela que pretendía eliminar una publicación anónima en Facebook y su retractación.
El estatuto se encuentra en fase de consenso y solo faltan por abordarse temas de gobierno propio y territorio.
El Gobierno se excedió en sus facultades y desconoció los criterios establecidos para la fijación del régimen salarial de los servidores públicos.
Las dos partes afirmaron que “el signo distintivo de este proceso es la construcción democrática de la paz con la participación de la sociedad colombiana en su diversidad”.
Este libro repasa en aquellas instituciones alemanas que han incidido en la historia constitucional del mundo.
La interpretación de las normas sobre derechos humanos debe procurar, en todos los eventos, su mayor alcance y eficacia posibles.
La iniciativa pretende también crear un comité asesor conformado por cinco juristas.
La sola calidad de madre o padre cabeza de familia no autoriza en todos los casos la concesión de la prisión domiciliaria.
Las capacidades de investigación e indagación tributaria, por tratarse de normas de orden público, prevalecen sobre la voluntad de los particulares.
En el escalafón de los países de la Ocde más atractivos para atraer talento humano, Colombia ocupa uno de los últimos lugares.
El rigorismo excesivo no es aplicable cuando se debe proteger un derecho constitucional.
Para declarar la responsabilidad disciplinaria es necesario revisar el factor de productividad del funcionario judicial.
Los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes tendrán asambleas de 11 diputados.
Se descartó la violación del principio de separación de poderes, toda vez que la participación de las diferentes ramas del poder público tiene sustento constitucional.
La Fiscalía debe ser una entidad generadora de confianza a partir de indicadores claros, reales y efectivos de su gestión.
Por trascendencia social, el Consejo de Estado unificará su jurisprudencia sobre las sanciones a funcionarios elegidos por voto popular.
Se omitió su envío automático a la Corte Constitucional para control previo, integral y definitivo de constitucionalidad.
Se trata de dos obligaciones contractuales diferentes que no es procedente unificar en una misma factura.
El documento plantea que se podrá autorizar el pago mensual de hasta $ 1 millón a los jóvenes beneficiarios.
Se debe estudiar la posibilidad de incluir el resarcimiento como figura complementaria de la acción sancionatoria.
Declaran nulidad del Concepto 908127, también identificado como el Oficio 100208221-1270, del 12 de agosto del 2021, de la DIAN.
El Inpec y la UNP deben establecer acciones apropiadas frente al riesgo al que se exponen los desmovilizados de las FARC-EP.
Se declaró la nulidad de los actos acusados por vulnerar el derecho al debido proceso del solicitante de la marca.
Se evidenció que la mayoría de la población migrante desarrolla trabajos informales, 7 de cada 10 personas están en estas actividades.
La ley con mayor cantidad de demandas es la 2277 del 2022, última reforma tributaria, con 40.
Con esta iniciativa se espera llegar a los territorios más lejanos del país y explicar las bases de las reformas laboral y pensional.
No se deben estandarizar los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ser elegidos como directivos de organizaciones solidarias.
Este servicio debe ser prestado por empresas legalmente constituidas y debidamente autorizadas por las autoridades competentes.
Avalar el no pago de la indemnización administrativa implica imponerle al ciudadano consecuencias de actos irregulares que no le son atribuibles.
No debe prestar a título particular asistencia o asesoría en asuntos relacionados con las funciones de la entidad pública donde labora.
Se estudió una tutela del cacique mayor del pueblo Zenú tras el apoyo a su captura por parte de autoridades judiciales.
Son 3 fallos de constitucionalidad, 3 de unificación de jurisprudencia y 11 de salas de revisión.
La sola participación del magistrado en la expedición de la sentencia cuestionada a través del recurso extraordinario no afecta el principio de imparcialidad.