Senado aprobó reducción de salario a congresistas, pero proposición amenaza su constitucionalidad

Con 84 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley 097/22S, que busca modificar el régimen salarial de los congresistas eliminando la prima especial que reciben por cerca de $ 15 millones, dejando el pago mensual a los 108 senadores y 188 representantes en aproximadamente $ 30 millones.

Previo a la discusión del articulado, los parlamentarios escucharon al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y a la directora administrativa del Congreso, Astrid Salamanca, quienes explicaron la base tributaria del salario de los legisladores.

Salamanca recordó que, en la actualidad, el salario es de $ 43.418.537, dividido así: asignación básica por $ 10.498.210; gastos de representación, $ 18.663.490 y una prima de servicios de $ 14.256.837.

Durante la discusión fueron avaladas algunas modificaciones propuestas por los congresistas, como la del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien presentó un nuevo artículo que establecería que el salario de los congresistas será el tope máximo de lo que puedan llegar a ganar los funcionarios públicos. "Cuando hablamos de disminuir brechas salariales tenemos que incluir a los altos funcionarios del Estado, no solamente congresistas, también los de las ramas Ejecutiva, Judicial, organismo de control e independientes", explicó.

Así mismo, fue presentada y aprobada una proposición del senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, que permitiría que los congresistas ejerzan otras actividades económicas para contrarrestar la disminución de sus ingresos por concepto del salario.

Esta proposición ha generado gran controversia, pues el artículo 180 de la Constitución Política prohíbe a los miembros del Congreso desempeñar otro cargo o empleo público o privado al margen de sus funciones de congresistas, a las que deben dedicar todo su tiempo.

La senadora Angélica Lozano explicó que esta modificación no puede hacerse a través de un proyecto de ley ordinaria, "para concederles a los congresistas la posibilidad de tener otros trabajos o fuentes de ingreso tendría que reformarse la Constitución Política", aseguró.

Por otra parte, el senador Motoa cree que "el Senado ha desconocido el principio de supremacía constitucional. Una ley no puede ir en contravía de la Carta Política. Claramente, las incompatibilidades están en los artículos 180 y 181 superiores, no pueden modificarse esas incompatibilidades por medio de una ley de la República".

Una vez aprobado el proyecto, congresistas como Catherine Juvinao se pronunciaron en sus redes y expresaron su molestia ante lo que consideran un 'mico', "muy grave lo que sucedió en el Senado con el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. Hasta que al fin se les dio un caramelo que el Congreso quería como transacción para rebajarse el salario y era que se les permitiera, siendo congresistas, dedicarse a otras actividades económicas".

"El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no se puede cambiar a través de una ley ordinaria, que fue la barbaridad que hicieron hoy. Para rematar, hacen cosas que no son propias de un legislador. ¿Cómo se les ocurre a través de una ley ordinaria meter un artículo que es una reforma a la Constitución? Lo están viciando para que luego la Corte Constitucional tumbe el proyecto, si es que se aprueba, y todos se laven las manos y digan 'ay, se cayó'. Descarados. No hay derecho de aprovecharse de un anhelo de la ciudadanía de rebajar el salario de los congresistas para meter semejante orangután tan impresentable, antiético y peligroso", concluyó Juvinao.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, autor de la iniciativa, aseguró que intentarán corregir esta situación en los dos debates que le restan a la iniciativa en la Cámara de Representantes.

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