La próxima Fiscal General de la Nación

Helena Hernández

Experta en Derecho Penal

Twitter: @Helena77Hdez

La columna pasada se tituló Perfil de la fiscalía que Colombia necesita (ed. 609). Allí se esbozaron algunos presupuestos elementales para ocupar la cabeza de dicha entidad. Días atrás, el presidente Gustado Petro presentó la terna que deberá valorar la Corte Suprema de Justicia para nombrar a la siguiente Fiscal General de la Nación. En esta ocasión, acercaré unos cuantos aspectos destacados de la vida de cada aspirante, terminando con algunas reflexiones sobre la terna y los retos que le esperan a la próxima directora del ente acusador.

Por un lado, está Ángela María Buitrago Ruiz, abogada penalista, doctora en Derecho y Sociología, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia. Su amplia trayectoria en el ejercicio profesional especializado en materia penal incluye el desempeño como fiscal, teniendo a su cargo complejos casos, que van desde condenas logradas por parapolítica, hasta el concerniente a la toma del Palacio de Justicia, lo que permitió la investigación y juzgamiento de varios militares involucrados. Tras su salida de la Fiscalía, ha continuado en el litigio y en el ámbito académico.

Por otro lado, se encuentra Amparo Cerón Ojeda, abogada con especialización en Administración Pública y Derechos Humanos, fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien coordinó las investigaciones del caso de corrupción que involucró a políticos y empresarios con la constructora brasileña Odebrecht.

Finalmente, entre las ternadas está quien investigó casos de desapariciones forzadas, masacres como El Aro, además de tener a su cargo grandes procesos contra paramilitares y fungir como jueza de Instrucción Criminal. Se trata de Amelia Pérez Parra, quien desde el 2003 vive fuera de Colombia por razones de seguridad, debido al propio ejercicio de su función como fiscal. 

Esta terna es una acción certera para consolidar espacios de poder para mujeres, especialmente para abogadas penalistas, quienes en mayor medida han debido observar con desconcierto la manera sistemática y normalizada de exclusión en las altas esferas de reconocimiento y decisión en su especialidad, como lo es la dirección de Fiscalía, o como ocurre en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporación que en toda su historia solo ha nombrado cuatro mujeres, y nunca han coexistido dos mujeres en el mismo periodo.

La segregación vertical por sexo en la Rama Judicial es una realidad que da cuenta de profundas desigualdades y sesgos discriminatorios que perjudican a las mujeres, y que también se han replicado en las ternas y nombramientos de los fiscales generales de la Nación (exceptuando a Viviane Morales Hoyos), lo que de contera incumple lo previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de cuya sentencia C-134 del 2023 ya existe comunicado.

Esta subrepresentación histórica de mujeres penalistas en los máximos cargos de su área impide la construcción sólida de una sociedad deliberativa y competente, capaz de llegar a consensos y avances entre mujeres y hombres, que vea a las primeras como pares y en su total dimensión humana.

Para finalizar, y a modo de abreboca sobre la enorme responsabilidad que tendrá la próxima Fiscalía General de la Nación (FGN), un gran reto consiste en cambiar la percepción ciudadana sobre su eficacia, con base en datos reales sobre su gestión. En otras palabras, cumplir con la amplia función consagrada en la Constitución Política, mejorando de forma progresiva la agilidad y rigurosidad investigativa, a la par de la profesionalización de sus funcionarios(as).

Lo anterior implica, por ejemplo, que las mediciones reales sobre resultados del ente investigador y acusador no correspondan a etiquetas engañosas, que distan de la calidad investigativa y de los pronósticos de éxito en cada caso. Según informe de gestión de la FGN 2022-2023, los resultados en el avance de esclarecimiento en las investigaciones son indicadores de la FGN para medir el desempeño misional. Ahora, al advertir los consolidados y datos integrados de las tasas de avance y esclarecimiento, se observa que su “éxito” aumenta con actuaciones tales como: solicitudes de órdenes de captura, posibilidad de traslados del escrito de acusación y demás actualizaciones en el sistema penal oral acusatorio.

Por el contrario, si el éxito del desempeño de la Fiscalía se midiera con base en tasas de esclarecimiento judicial, los resultados no llegarían ni a aceptables^[1]. Priorizar delitos de alto impacto implica mejorar sustancialmente los indicadores sobre el destino final de cada investigación, no sobre sus incipientes inicios o intentos de comienzo.

La Fiscalía debe ser una entidad generadora de confianza a partir de indicadores claros, reales y efectivos de su gestión. Ningún ente se convierte en ejemplar de un salto, pero el avance paulatino y honesto hacia ese fin puede conllevar un cambio radical en la forma como la ciudadanía se relaciona con sus instituciones y accede a sus servicios. De ser así, será un antes y después histórico.