Se han difundido mitos en torno a los costos del arbitraje que generan resistencia al acudir a esta figura.

Según la resolución, se realizarán dos convocatorias anuales, siempre y cuando haya disponibilidad fiscal.

Debe destinar el bien para su propia habitación o un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se consolida cada día más como una institución con gran experiencia en materia de resolución de conflictos.

Dian presentó tutela contra decisión judicial que concedió libertad a tres procesados por supuesta comisión de lavado de activos.

Según la entidad, estos ingresos se consideran de fuente nacional y, por tanto, están sujetos al impuesto sobre la renta.

Las sociedades pueden aplicar un descuento tributario por los impuestos pagados en el exterior, siempre que no exceda el monto que se debería pagar en Colombia.

El borrador de proyecto de ley aborda problemas críticos sobre el sistema penal y pretende incentivar el uso de métodos alternativos para la resolución de conflictos.

El Banco Agrario entregará las transferencias monetarias a más de dos millones de hogares.

Cuando se vulnera el debido proceso de las víctimas de desplazamiento forzado se obstaculiza la materialización de otros derechos.

Dada la naturaleza contractual, la amigable composición, en cuanto a los motivos de su invalidez, sigue las reglas de todo acto jurídico.

Según la Dian, el artículo 47 del E. T. se limita al 50 % que le corresponde a cada uno de los cónyuges al liquidar la sociedad conyugal.

Una de las funciones de este comité es formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

Privación de la libertad no debe anular la capacidad de las personas para ser titulares de derechos como garantías universales.

En una finalidad de ponderación, el desgaste investigativo y acusatorio que debe desplegar el Estado en esos casos es menor.

Entidades públicas responden objetivamente por daños causados con el uso de instrumentos peligrosos bajo su guarda.

Ministerio del Trabajo deberá informar a los empleadores sobre las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional.

Según la Resolución 38 del 2020, el administrado o su apoderado pueden informar varias direcciones de correo electrónico como dirección procesal.

Es necesario que la jurisprudencia defina con claridad y contundencia cuál es la raíz de la máxima responsabilidad.

Mediante escritos enviados a los quejosos les exigió el pago de $ 180 millones por concepto de honorarios por gestiones extraprocesales.

Las disposiciones contenidas en la presente resolución aplican a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.

La sociedad constituida desde el 2010 indicó que su crisis se derivó principalmente por la pandemia.

Por desconocer los artículos 29 y 229, la Procuraduría solicita la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 153 del Código General del Proceso.

Se amplía la lista de auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia.

La norma hacía referencia a un imposible legal, pues se trataba de sistemas sancionatorios aplicables a personas naturales.

Se concilió el proyecto de ley que pretende modificar algunas disposiciones de la Ley 1861/17.

El aspirante puede aplicar solo a un empleo dentro del proceso de selección.

Se ofertan 206 vacantes en los niveles profesional, técnico y asistencial.

La multiplicidad normativa y su dispersión impuso a la familia una carga desproporcionada para acceder a la justicia.

El juez de anulación no oficia como superior jerárquico o funcional del tribunal de arbitramento. No interviene en el juzgamiento de fondo.

Jurídicamente no es posible rebatir la decisión que tomó el fiscal, pues materialmente se concretó el tipo penal y su autoría.

Es necesario y deseable que, al menos, la Sala de Casación Laboral defina criterios de suficiencia probatoria, y así evitar la vulneración del debido proceso y de las garantías judiciales.

La iniciativa busca reformar el artículo 154 del Código Civil, que establece las causales de divorcio.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (3 al 7 de junio).

Mientras Nueva York y París siguen teniendo una consolidada dinámica con países del continente americano, Londres ha perdido terreno tras la entrada de otros centros (en Singapur y Hong Kong).

El demandado no acreditó la experiencia de 15 años en el ejercicio como abogado que exige el artículo 232 de la Constitución Política.

Los términos se reanudarán el 11 de junio del 2024.

Las irregularidades que encontró la Contraloría estaban en los proyectos de vivienda, transporte y energía.

Según el documento, las listas de elegibles producto de procesos de selección que adelanta la CNSC se publicarán en su página web.

El aspirante o el auxiliar de la justicia deberá acreditar que las licencias, matrículas o tarjetas profesionales expedidas por la entidad competente están vigentes.

Las audiencias, por regla general, serán públicas.

Inicialmente tiene una vigencia de dos años y se podrá prorrogar de acuerdo a las necesidades de las partes.

Estas propuestas son el resultado de un trabajo que permitió recoger aportes de 40 miembros de cinco subcomisiones.

Podrá encontrar en un único lugar los estados electrónicos elaborados por los despachos judiciales a nivel nacional.

Persona ajena al proceso penal debe defender sus derechos en el ámbito del proceso ordinario del que sí hace parte.

Prescripción no aplica cuando dicha notificación no se efectúa oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado.

Con la finalidad de que proceda el costo o deducción de la base gravable del impuesto a la renta.

A partir de la extinción de Cajanal, la UGPP asumió íntegramente las competencias misionales y procesales de la entidad.

Declaran condicionalmente exequible el artículo 32 de la Ley 906 del 2004, sobre asuntos de conocimiento de la Corte Suprema.

El memorando comprende la implementación de acciones orientadas a la difusión de los derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional.

En los casos que no exista identificación de la población se dará aplicación a lo dispuesto en la Resolución 406 del 2023.

Empleos de carrera administrativa se proveen mediante nombramiento en periodo de prueba o en ascenso.

Desconocimiento de garantías procesales y sustanciales derivadas del enfoque de género vulnera el derecho al debido proceso.

Según el documento, los gastos procesales y extraprocesales deben ser asumidos por el Estado.

La consecuencia jurídica del despido indirecto es el pago de la indemnización consagrada en el artículo 64 del CST.

Según el proyecto, para la implementación de esta medida se fijarían mecanismos y directrices para garantizar la protección de los derechos humanos y proteger los recursos públicos.

El objetivo es que entidades vigiladas garanticen un trato justo a todos los consumidores.

La iniciativa es impulsada por la senadora María Fernanda Cabal.

Las circunstancias que gobiernan el acto de captura en flagrancia pueden connotar un efecto probatorio.

Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya proferido, será ejecutable ante la autoridad judicial competente.

La exclusión se da como consecuencia jurídica ante la prueba ilícita y la ilegal.

El momento para definir las consecuencias de la inasistencia a la audiencia del artículo 77 del CPTSS es en esa misma diligencia.

Declaran condicionalmente exequible el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil, sobre causales de divorcio.

Declaran condicionalmente exequible el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil, sobre causales de divorcio.

Salvo una posible configuración de un perjuicio irremediable, la tutela se convierte en un mecanismo alternativo o paralelo.

La Corte recordó las características esenciales de la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales.

Compensar pide la liquidación, pero asegura que continuará atendiendo a sus usuarios de la mejor forma posible, hasta el último día que estén a su cargo. Descargue las resoluciones.

Frente a las decisiones sobre conflictos de competencia administrativa no procede ningún recurso.

Un adecuado manejo de las técnicas de litigación oral le permite al jurista (bien se trate de jueces, litigantes o fiscales) desarrollar una serie de destrezas y conocimientos.

Este Plan es una herramienta para el diseño, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de políticas culturales del país.

Los interesados podrán inscribirse del 2 al 15 de abril del 2024, a través de la página web de la CNSC.

Tratándose de quejas contra funcionarios judiciales debe anunciarse una irregularidad que trascienda las inconformidades propias.

La disposición plantea que los establecimientos de crédito podrán establecer montos máximos por operación para el cambio y provisión de billetes o monedas metálicas.

Esto aplica en materia laboral de manera excepcional y siempre que sea alegada por la persona afectada.

El objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores, para preservar la empresa viable y normalizar sus relaciones comerciales.

A diferencia de las partes, cuya participación sí es fundamental.

La sanción se relaciona con actuaciones judiciales o extrajudiciales como apoderado o contraparte de una entidad pública.

De lo contrario, les está vedado aplicar en extremo rigor las normas procesales, de manera que se obstaculicen derechos fundamentales.

Va dirigida a participantes del sistema de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pagos físicos y entidades financieras de Colombia.

Cambian varios artículos de la Resolución 5707 del 2019.

El diligenciamiento del formulario de solicitud de agenda no conlleva la aceptación de la reunión.

El profesional incumplió el deber de colaborar leal y legalmente con la recta realización de la justicia y los fines del Estado.

A la crítica situación de seguridad que viven las ciudades colombianas se le agrega una tendencia cada vez más preocupante que podríamos describir genéricamente como la aplicación de justicia por mano propia.

La facultad de cobrar es una expresión de la libertad económica que no puede afectar los derechos fundamentales de las personas.

Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales que le permitan decidir el fondo del asunto.

En este segundo encuentro se definió la creación de cinco subcomisiones para abordar los primeros temas relacionados con la reforma a la justicia.

Sería errado contabilizar el inicio del lapso extintivo desde la época del pacto, en tanto equivaldría imputarles demora para impugnar un acto que desconocen.

Ante la multiplicidad de reglas a las que puede acudirse, corresponde al autor de la convocatoria escoger el mecanismo que empleará.

Claves para no tener problemas como el del abogado de la Alcaldía de Bogotá que dejó encendida la cámara mientras se duchaba.

Solo en circunstancias excepcionales relacionadas con seguridad, inmediación y fidelidad se podrá efectuar audiencia destinada a práctica de pruebas de forma física.

La Superfinanciera busca que todas las personas tengan acceso al sistema financiero: Ferrari.

Pide eliminar las reformas posteriores a la Ley 906 del 2004 que impidan aplicar la justicia premial en toda su extensión.

Se evidenció un ejercicio abusivo de los mecanismos procesales en detrimento del adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

El open finance permite a entidades vigiladas por la Superfinanciera y a no vigiladas intercambiar información de clientes para que reciban ofertas de productos y servicios a medida de sus necesidades.

La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 72, 73 y 75 de la Ley 2220 del 2022, por considerar que existe conexidad temática.

La sala encontró configurado un defecto por exceso ritual manifiesto, desconociendo mandatos constitucionales.

Se modifica el decreto único del sector Comercio, Industria y Turismo.

La prescripción de la acción disciplinaria es una figura regulada tanto en la Ley 734 del 2002 como en la Ley 1952 del 2019.

En los casos donde la mujer víctima sea menor de edad deberá intervenir el Ministerio Público y el Defensor de Familia.

Estas tarifas rigen desde el pasado 1° de enero.

Durante el primer trimestre del año deberá recibir información de sus productos, como pensiones, créditos de vivienda, leasing habitacional, entre otros.

Queda suspendido el recaudo en las sedes bancarias de BBVA.

El organismo de control sostiene que el ministro se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación.

Corresponde a créditos de vivienda, pensiones, costos de los productos y servicios contratados.

Se imponía una restricción excesiva a la discrecionalidad reglada del funcionario judicial en la tasación de la pena, que no se desprende de la norma.

La reposición total o parcial de un proceso como consecuencia del decreto de una nulidad no conduce a un doble juzgamiento.

Es el mismo juez de conocimiento el que debe replantear su posición respecto de la admisión, pero sin que pueda basarse en las mismas causales de inadmisión.

Una vez el juez evacúa el cuestionario oficioso a las partes debe conceder la palabra a sus apoderados.

A partir del lunes 22 de enero, todos los despachos deberán estar vinculados y usando el aplicativo Samai.

Este recurso tiene un carácter extraordinario, es taxativo y tiene una interpretación restrictiva de sus causales.

VIDEO: en La Haya se debate sobre la violación de la Convención de 1948 contra el genocidio por parte de Israel contra los palestinos de Gaza.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha tardado más de 120 días para calificar el mérito del sumario de la investigación.

Con el final de la vacancia judicial, los juzgados, tribunales y las altas cortes retoman sus labores.

Desde el 2 de enero se suspendieron las actuaciones en la JCC.

Ejercen función jurisdiccional cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, tenencia o servidumbre.

Con el salario mínimo confirmado, así quedaron las cuantías para los distintos procesos que se adelantan en la justicia colombiana.

En ningún caso las sociedades de financiación colaborativa podrán delegar en los corresponsales actividades relacionadas con vinculación de los aportantes y receptores de los recursos.

El examen de Estado es un requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia.

Si se dispone de un bien en préstamo para el consumidor mientras se efectúa la reparación, el término puede extenderse hasta por 60 días.

No estarán en vacancia judicial los juzgados promiscuos de familia, penales, municipales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues son del régimen individual de vacaciones.

Para declararse la mora judicial se debe realizar un análisis completo de la situación.

Opera una inversión en la carga de la prueba, pues no correspondería al procesado demostrar por qué los actos deberían ser nulos.

La notificación por correo debe efectuarse a la última dirección informada por el contribuyente en el RUT, salvo que se reporte una dirección para efectos procesales.

La nueva directriz tiene por objeto proporcionar orientación para identificar a la autoridad de control principal de un responsable o encargado del tratamiento de datos.

Este requisito es considerado como insaneable, por lo que su incumplimiento trae como consecuencia la falta de agotamiento de la sede administrativa.

Causales de suspensión del contrato de trabajo están expresamente consagrados en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.

Según el demandante, el Congreso modificó una norma que no estaba dentro del alcance legislativo de la disposición enjuiciada.

Se declaró inexequible la expresión “a juicio del Gobierno Nacional” contenida en el artículo 5° de la Ley 2272 del 2022 (Ley de Paz Total).

Actos administrativos deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado.

Según el documento, el servicio social obligatorio se cumplirá por el término de seis meses en las poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud.

Según Minhacienda, con la reforma, la atención primaria en salud pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.

Las víctimas no tienen el deber de cubrir los gastos procesales, salvo cuando se acredite dolo, temeridad o mala fe.

La SIC informó que este 28 de noviembre suspende todos los términos procesales ante sus dependencias.

Cuentas por cobrar a vinculadas sin domicilio fiscal en Colombia son derechos de crédito o derecho personal.

El documento fue radicado con la firma de tres de los nueve ponentes designados.

La finalidad es ponderar los beneficios que se le pueden reconocer a un procesado que se allana a los cargos.

Asuntos en los cuales se espera el actuar de un buen hombre de negocios analizando en detalle el estado jurídico del bien o del derecho.

Se requiere el acuerdo de todos y cada uno de los asociados, siempre y cuando la decisión no haya producido efectos irreversibles.

La discusión inició con la ponencia presentada por el senador de Cambio Radical David Luna Sánchez.

La marca se encuentra incursa en causales de irregistrabilidad absoluta que impiden su registro.

Se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio.

Las intendencias regionales tendrán que llevar el registro de procesos a su cargo, por etapas adelantadas y pendientes, según lineamientos y políticas de la administración.

Por ende, el laudo no puede ser en equidad o técnico y debe ser administrado por un centro de arbitraje.

Pueden solicitar medidas alternativas o de acompañamiento que garanticen su participación en condiciones de seguridad.

Jueces deben motivar las decisiones que afecten los derechos fundamentales de partes e intervinientes.

Es necesaria la causal para permitir que el cónyuge afectado pida el divorcio cuando la convivencia se torna intolerable debido a las adicciones de su pareja.

Para configurar la causal se debe demostrar que el propietario participa de alguna manera en la realización del acto ilícito o lo tolera.

La SIC sancionó a las compañías British American Tobacco Colombia, con una multa de $1.244.680.000, Lifetech con $232.000.000. y al Grupo DYI con $19.720.000.

El término de duración del contrato depende de las necesidades de la compañía, por tratarse de un contrato de adhesión.

De lo contrario, se estarían ignorando los principios de igualdad y lealtad procesal.

Dada la naturaleza jurídica diversa de quienes fungen como corresponsales, cada banco establece sus términos y condiciones.

Para que se reconozca en Colombia este tipo de laudos, es necesario verificar el cumplimiento de tres requisitos.

Bajo el único argumento que como director del proceso podía elegir la norma procesal con la que consideraba era mejor realizar tal actuación.

La primera denuncia está relacionada con una aparente filtración de información reservada y confidencial.

Solo las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva son antecedentes penales y contravencionales.

Quedaron cobijadas dentro del ámbito de aplicación de los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica.

La iniciativa del juez en ese proceso de constatación no afecta su imparcialidad.

Lo decidido por el juez natural no puede ser objeto de debate o decisión por parte de un juez de otra especialidad.

La Registraduría advirtió que el 14 de octubre será el último día en que se harán sorteos para designar jurados para las elecciones regionales.

La norma no delimita número de solicitudes que puede presentar un empleado, independiente de que sea sobre diferentes inmuebles.

El funcionario cuestionado recibió dádivas con el fin de favorecer a uno de los sujetos procesales y no imputarle un delito.

Se espera que en los próximos días se informe la fecha para adelantar el segundo debate en la plenaria del Senado.

Se espera que en los próximos días se informe la fecha para adelantar el segundo debate en la plenaria del Senado.

Admiten demanda contra normas sobre participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público populares.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

En el mismo sentido debe procederse si se hubiese aprehendido o decomisado mercancía bajo causales que ya no dan lugar.

Por haber celebrado un contrato interadministrativo dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

Con el fin de garantizar el equilibrio entre las partes de un litigio.

La gratuidad de sus gestiones no puede conllevar a impulsos negligentes, ineficaces o inconclusos de los asuntos que se le confían por parte de los sujetos procesales.

La labor del juez de tutela debe limitarse a verificar si se presentó un defecto que torne en irrazonable la decisión adoptada.

Prórroga de la suspensión de términos hasta el próximo 22 de septiembre no aplica a estas salas.

Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 20 y 225 del Código General Disciplinario (Ley 1952 del 2019).

Su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno.

Según la demanda, disponer consecuencias jurídicas adversas al consumidor comporta un efecto represivo e intimidador.

Con el propósito de determinar el grado de conocimiento, coherencia, espontaneidad y la posible incidencia de sus relatos en esclarecimiento de los hechos del litigio.

No se suspenden los términos en los procesos con preso y en expedientes próximos a prescribir.

Los términos de los procesos judiciales adelantados en las delegaturas de la Supersociedades no han sido suspendidos y siguen su curso con normalidad.

Afectaciones a la Rama Judicial y a distintas entidades del Gobierno reflejan la necesidad de fortalecer los sistema de protección digital.

El tribunal accionado no aplicó enfoque de género para verificar con pruebas el posible escenario de violencia contra la mujer.

La SIC suspenderá los términos procesales de las actuaciones que se adelantan ante sus distintas dependencias.

La propia norma indica que la vinculación económica no es impedimento para que proceda la exención.

Los días 4, 5 y 6 de octubre, se realizará, en Barranquilla, un importante evento sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Los Conpes son documentos de política pública que se elaboran con el fin de solucionar problemáticas transversales.

Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.

Los destinatarios de estas convocatorias tendrán un descuento del 60 % en la cuota de compensación militar.

Solo de esa forma se garantiza el derecho del usuario a una administración de justicia efectiva.

Demostrar la calidad de madre cabeza de familia es indispensable para lograr la protección especial y reforzada del Estado.

Juan Antonio Vallejo, Andrés Parias Garzón, Fabio Andrés Bonilla y Francisco Reyes Villamizar nos compartieron sus puntos de vista.

De ser así estaría al arbitrio del receptor, sobre qué mensaje revisa y a cuál da trámite y a cuál no.

El proyecto recibirá comentarios hasta el 8 de septiembre del 2023.

La necesidad de aplicar el enfoque diferencial es para evitar la discriminación contra las mujeres.

El incumplimiento de las disposiciones legales estipuladas será causal de la terminación a excepción del pago de la contraprestación periódica única.

Con este documento los migrantes venezolanos residentes en Colombia pueden adquirir productos o servicios ofrecidos por las distintas entidades vigiladas.

El Decreto 1297 del 2022 autorizó a las entidades financieras para comercializar su tecnología e infraestructura a terceros.

Por trascendencia social, el Consejo de Estado unificará su jurisprudencia sobre las sanciones a funcionarios elegidos por voto popular.

El Inpec y la UNP deben establecer acciones apropiadas frente al riesgo al que se exponen los desmovilizados de las FARC-EP.

El contrato se realizó por medio de contratación directa y se obvió el procedimiento de licitación pública.

La sola participación del magistrado en la expedición de la sentencia cuestionada a través del recurso extraordinario no afecta el principio de imparcialidad.

El alto tribunal busca actualizar el marco de procedimiento que rige en Colombia desde 1948.

La normativa financiera permite la prestación de servicios a través de corresponsales físicos, móviles o digitales.