Gobierno promovería estrategia contra la corrupción

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó un proyecto de decreto que promovería la lucha contra la corrupción en el país. El objetivo principal es implementar la estrategia nacional contra la corrupción, con el propósito de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado social de derecho.

Para la implementación de esta medida se fijarían mecanismos y directrices para garantizar la protección de los derechos humanos, proteger los recursos públicos, generar condiciones adecuadas para el desarrollo socioeconómico y proteger el medio ambiente, así como generar una cultura de revalorización y cuidado de lo público, a través de herramientas de transparencia, acceso efectivo a la información y debida diligencia en la prevención, detención y sanción de hechos de corrupción.

Así mismo, se definirían lineamientos para la articulación de bases de datos abiertas con el fin de detectar riesgos de corrupción en entidades de orden nacional y territorial. Además, las entidades que administren información relacionada con el riesgo de corrupción deberán publicarla en el formato de datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la Ley 1712 del 2014. (Lea: Fiscalía investiga presunta corrupción con dineros de las EPS)

Esta información deberá permitir a las entidades competentes, a veedurías ciudadanas y a la sociedad civil organizada generar análisis del fenómeno y alertas de posibles hechos de corrupción consolidando criterios de priorización para las distintas entidades del Estado, especialmente en lo relacionado con la contratación pública, recursos destinados a la consecución de la paz en el territorio colombiano, lucha contra el narcotráfico, el contrabando, los delitos ambientales, el desvío de recursos públicos, el lavado de activos, entre otros.

Respecto a la prevención de corrupción en la contratación pública, el proyecto plantea que los ministerios y departamentos administrativos, en la etapa precontractual, deberán verificar la conformación e integración de las personas jurídicas oferentes y de los proponentes plurales con base en la información que reposa en los expedientes públicos registrados ante las Cámaras de Comercio, con el fin de prever la configuración de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, para así evitar posibles riesgos de corrupción, falta de transparencia o acuerdos contrarios a la libre competencia.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias y documentos sin límites

Paute en Ámbito Jurídico.

Siga nuestro canal en WhatsApp.