La nueva presidenta es la magistrada Diana Fajardo Rivera, y como vicepresidente fue elegido el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

El hospital omitió advertir a la paciente sobre los riesgos de la cirugía, por lo tanto, se presentó una ausencia de consentimiento informado para la práctica de la mamoplastia.

Corte Suprema se pronunció sobre el derecho de las víctimas a una justicia oportuna en un caso de mora judicial frente a investigaciones de la Fiscalía.

Tiene valor probatorio y dado que no se trata de un mensaje de datos aportado en su formato original, debe ser valorado conforme las reglas aplicables a los documentos, mas no como un indicio.

Son tres las situaciones específicas en donde la pensión de vejez es compatible con una indemnización sustitutiva de vejez o devolución de saldos.

Corte Constitucional recuerda los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base en la ley 100 de 1993 y la aplicación de su régimen de transición.

El grupo compuesto por exministros y exviceministros piden respuesta a la cartera sobre lo planteado en torno al proyecto de ley.

No se encontró configurada la causal de nulidad referida a la infracción de norma superior (art. 137 de la Ley 1437 del 2011).

Así lo confirmó el mandatario a través de sus redes sociales y nombró a Astrid Cáceres en la dirección de la entidad.

Se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, y no se hacen aportes a la ARL.

De acuerdo con el actor, la norma acusada niega la posibilidad de que se haga uso de la lista de elegibles para proveer vacantes definitivas preexistentes en la Fiscalía que no fueron ofertadas por arbitrio institucional.

Explicó el Consejo de Estado que estas causales deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y concretar el principio de selección objetiva.

El Estado colombiano fue responsable de las violencias a más de 6.000 integrantes, militantes y simpatizantes de la UP.

Los funcionarios judiciales responden disciplinariamente por aquellas actuaciones groseras y abiertamente contrarias al marco normativo que están llamados a cumplir.

La superintendencia recordó la figura del “consumidor Bystander”, que resulta expuesto a relaciones de consumo.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019.

Según el documento, se dará inicio al debate de 13 proyectos.

Bedoya Escobar será el reemplazo del doctor William Hernández Gómez.

El documento se construyó tras el desarrollo de 51 diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuesta.

Hacen parte del núcleo familiar del cotizante, entre otros, el cónyuge y los hijos menores de 25 años que dependen económicamente de él.

El nuevo presidente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, y como vicepresidenta fue elegida Gloria Stella López Jaramillo.

Mediante una carta dirigida al presidente de la corporación, expresó que afrontará el proceso por el cual lo investiga la Corte Suprema de Justicia.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 157 (parcial) de la Ley 1098 del 2006.

Cuando se asume una dignidad en la administración de justicia, la misma debe cumplirse siguiendo a cabalidad sus principios, entre ellos, el de celeridad: CNDJ.

De acuerdo con el actor, se le están vulnerando los derechos a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio a los menores de edad.

Comienza un año legislativo que va a ser muy intenso: Osuna

El Decreto Legislativo 772 del 2020 amplió su capacidad con el fin de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria.

El acto de radicación será a las 5 p.m. y podrá verse vía streaming o a través del Canal Institucional.

Todas las autoridades tienen la obligación de reglamentar el trámite interno frente a las peticiones que les corresponda resolver.

Consejo de Estado recordó elementos que debe contener la resolución que resuelve de fondo el procedimiento de clarificación.

De acuerdo con los accionantes, la normativa acusada viola los principios de consecutividad e identidad flexible que encuentran fundamento en los artículos 157 y 160 de la Constitución Política.

La regulación no dispone el alcance de lo que debe entenderse por periódico o diario de circulación municipal (local) y/o nacional.

Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.

Carolina Corcho expone los ejes centrales de la propuesta, que se espera sea presentanda durante las próximas semanas en el Congreso de la República.

No puede descalificarse ese acto de entrega por el simple hecho de que se hubiese realizado por medios digitales.

En estos casos se asume que el empleador conocía el estado de embarazo de la empleada y que ese fue el motivo por el cual dio por terminado el contrato.

Se propone indemnización para la persona gestante, acompañamiento del ICBF, el rol de las EPS durante la gestación, entre otros aspectos.

Corte Suprema ordenó remitir al médico competente para que dé curso a la petición del procedimiento.

Son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que las conforman.

Consejo de Estado analizó el artículo 12 de la Ley 1904 del 2018 y su aplicación por analogía en la designación del secretario general de los concejos municipales.

No procede la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su rechazo, negar las pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria ante esas pretensiones.

Hay control sobre la función administrativa a cargo de las instituciones de educación superior en materia de prestación del servicio público de educación: Consejo de Estado.

El reconocimiento como un tercero perjudicado no implica el levantamiento de la afectación a vivienda familiar: Corte Constitucional.

Las periodistas no violaron los derechos del peticionario, sino que presentaron un reportaje de interés público y político: Corte Constitucional.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra interpretación de la Sección Cuarta.

La cuota más alta se pagará en el departamento de Vichada, será de $ 74.991.

Las acciones definidas en los PAF deben encontrarse armonizadas con la política pública del Gobierno Nacional.

No existe disposición que obligue a crear cuentas para el manejo de dichos recursos, pero tampoco que lo prohíba.

Consejo de Estado aclaró si suspensión de términos en las actuaciones administrativas desconoce los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad.

En el caso bajo estudio, el accionante causó el derecho pensional antes de que se reconociera la indemnización sustitutiva de vejez o una devolución de saldos.

La Corte Constitucional determinó la vulneración del derecho al debido proceso administrativo por desconocimiento de las normas que regulan la validez del PEP.

Durante el consejo de ministros realizado en Villa de Leyva, se discutió también la adición presupuestal para el 2023.

La medida de llevar el pelo corto y afeitarse a diario se fundamenta en la relación de sujeción especial en que se encuentran los privados de la libertad: Corte Constitucional.

Descargue la sentencia de la Corte IDH que declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes y militantes del partido político de izquierda.

La suspensión y el corte del servicio son dos medidas diferentes. La primera corresponde a una acción temporal o transitoria.

La Corte Constitucional exhortó al Gobierno a regular el crédito educativo para el acceso a la educación superior y promover la legislación que considere indispensable.

El proyecto de acto legislativo cursará su segunda vuelta durante el primer semestre de este año.

Se incluye el derecho a la huelga y la regulación del trabajo mediante plataformas digitales

Tras las denuncias ocurridas, se investigará tanto en legislatura actual como las anteriores.

El mandatario puede asumir directamente vía decreto y de manera constitucional y legal la competencia para reglamentar las tarifas.

La recepción y certificación de los antecedentes judiciales de un connacional con fines migratorios responde a los compromisos del Estado colombiano.

La cartilla fue elaborada de manera conjunta entre la OIT, el Ministerio del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia.

El empleador deberá continuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador desaparecido, sea este particular o servidor público: Consejo de Estado.

Debe velarse por una interpretación que garantice los derechos de las partes y el principio pro actione.

Como vicepresidente de la corporación eligieron al magistrado Gerson Chaverra Castro.

Condición de sujetos de protección especial, patologías que padecen y precariedad económica son elementos para reconocer transporte intraurbano a menores.

La sentencia no contabilizó el término de caducidad desde el momento en que la familia del occiso contó con la posibilidad material de acceder a la administración de justicia.

Tras la invitación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a oponerse a la propuesta legislativa que busca humanizar el sistema penitenciario, el ministro Osuna recalcó la importancia del debate sobre bases ciertas.

Si el obligado a definir su situación militar es económicamente independiente al momento de liquidarse la cuota de compensación militar, el valor de la contribución debe determinarse con base en su capacidad contributiva individual.

Autoridad nominadora vulnera derechos cuando no realiza el nombramiento de la persona que ha ocupado el primer lugar en el registro de elegibles por haber designado a otro servidor con estabilidad laboral relativa.

Sin importar que en el extremo pasivo de la acción se encuentre una entidad de naturaleza pública de cualquier orden.

En el fallo se ordenó a la comisaría de familia que, bajo el acompañamiento técnico del ICBF, realice una supervisión sobre el estado físico, emocional, cognitivo, educativo y de salud del niño.

La ruta establece que se entiende por violencia sexual cualquier acto que se comete contra una persona en circunstancias coercitivas.

Consejo de Estado también se pronunció sobre competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.

Corte Constitucional recordó los componentes de accesibilidad y adaptabilidad del derecho a la educación frente a los estudiantes con discapacidad.

En un comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se destaca el acercamiento.

Abierta la etapa de inscripciones no puede ser objeto de modificaciones que terminen repercutiendo en las condiciones de la convocatoria.

El presidente del Senado considera que hay muchos proyectos para discutir en un periodo tan corto de sesiones.

La entidad contratante deberá estudiar los medios de prueba y analizar si cumplen o no con los presupuestos de la Ley 1861 del 2017.

Algunos de los temas establecidos para la discusión son: principios laborales y constitucionales, estabilidad laboral y modalidades de contratos, entre otros.

La Sala Plena declaró la improcedencia de una tutela en la que se pretendía el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Una de las primeras iniciativas que llevará el Gobierno al Congreso será el plan nacional de desarrollo.

Contratos a título gratuito pueden dar lugar a una enajenación de activos pero la norma contiene un presupuesto adicional para su aplicación, que consiste en el precio, requisito que solo está en negocios a título oneroso.

En pensión de jubilación, pensión de vejez y compartibilidad pensional no aplica la figura de “cuotas partes pensionales”: Consejo de Estado.

A partir del 1 de febrero se habilita oficialmente la convocatoria.

Solo se puede negar el servicio cuando el inmueble no cumpla condiciones técnicas o el prestador no tenga capacidad técnica y económica.

El documento es gratuito y está dirigido a personas que han tenido dificultades para obtener su permiso por protección temporal (PPT).

No es dable acceder al reintegro de la mujer embarazada al cargo que desempeñó en provisionalidad, lo procedente es garantizar su afiliación al sistema de salud.

La primera dicta las disposiciones para Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la segunda crea el Sistema Nacional de Biobancos.

Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 376 (parcial) de la Ley 599 del 2000.

Inhabilidad para ser testigos en un testamento solemne también comprende a los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado civil del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento.

Se crearon dos unidades para el fortalecimiento de las defensorías de familia del ICBF en el Guaviare.

Corte Constitucional analizó la Ley 2075 del 2021 y si se evaluaron los costos fiscales de la iniciativa.

Esta decisión la deberán tomar por una sola vez, y podrán gozar de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes.

Trabajo rural, formalización, brechas de género, negociación colectiva y trabajo en plataformas digitales hacen parte de los 18 puntos que estarán sobre la mesa.

La accionante, al enviar unas fotografías íntimas a otra persona por medio de una aplicación se expuso al riesgo de que un tercero se apropiara indebidamente de ellas.

El Ministerio de Salud resolvió una consulta sobre si se deben interponer nuevamente acciones en contra de las EPS que reciben.

Consejo de Estado confirmó la excepción de cosa juzgada internacional frente a los accionantes que obtuvieron sentencia de fondo en el sistema interamericano.

La polémica reforma política es uno de los proyectos que se están divulgando.

Por tratarse de una atención esencial y de carácter urgente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se debe garantizar en todo el territorio nacional.

El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción: Corte Constitucional.

Indistintamente de si se trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido o pertenecieran a este, o de cualquier otra entidad, sin importar su orden territorial.

Corte Constitucional se pronunció sobre tutelas en las que se buscaba la protección del derecho al trabajo de unos jugadores de fútbol.

Sobre este debate, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó sus preocupaciones.

La expresión declarada inexequible genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral.

Se trata de adecuar la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad.

En aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición para aquellas personas que se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente.

La Corte Constitucional resolvió una demanda contra los artículos 337 y 337A de la Ley 599 de 2000, sobre el derecho de acceso progresivo a la tierra.

Se desconoció el deber de incorporar en su razonamiento probatorio un enfoque diferencial con perspectiva de género de conformidad con la Constitución.

Una de sus primeras actividades será la revisión y retroalimentación sobre el proyecto de ley para la modernización y humanización del sistema penitenciario.

Destrucción de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos es desproporcionada, pues avala la destrucción de la propiedad privada.

La CNDJ confirmó la sanción impuesta a un abogado que dispuso de sumas de dinero de su poderdante a su arbitrio para cobrar gastos en su gestión.

Las normas de carácter especial permiten a las autoridades acceder a la historia clínica de todas las personas sin excepción.

Deben acatar la metodología tarifaria desarrollada por las comisiones de regulación, donde el consumo es uno de los elementos.

Existe un anteproyecto de ley con el que se modificaría el marco normativo e institucional en materia penal y de ejecución de las penas, con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos establecidas por la ONU.

Conoce de las controversias que se susciten entre usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras.

La calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas afiliadas al sistema de seguridad social, sin distinción alguna: Corte Constitucional.

Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.

Alrededor de 250.000 ciudadanos de 50 regiones del país contribuyeron a la construcción de la carta de navegación del cuatrienio del actual Gobierno.

La Corte Constitucional decretó el incumplimiento del fallo del 2013 frente a la restitución de la Plaza Santamaría como un lugar permanente para realizar espectáculos taurinos.

El diálogo sobre el cese al fuego bilateral se reactivará en el próximo ciclo de conversaciones.

Los símbolos en la factura del servicio no tienen restricción, pero para efectos de la suspensión no son suficientes por sí solos.

Validada la afiliación pensional y una vez produzca efectos el traslado entre entidades administradoras, surge para el nuevo ente administrador la obligación de reconocer las prestaciones económicas.

Consejo de Estado explicó esta calidad para configuración de inhabilidad para el ejercicio de cargo públicos.

Los trabajadores no desempeñarían un trabajo ocasional, no reemplazarían personal en vacaciones o en licencia, tampoco atenderían incrementos de producción por períodos estacionales o por cosechas.

El Ministerio Público señaló que no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de servicios que prestan a la ciudadanía.

No estuvieron en vacancia judicial los juzgados promiscuos de familia, penales, municipales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues son del régimen individual de vacaciones.

Se trata de un registro interno que contiene, entre otros temas, el seguimiento de la conducta o aspectos disciplinarios del alumno.

Es necesario un mínimo de argumentación que le permita al juez constitucional definir los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia: Consejo de Estado.

Jueces están en la obligación de realizar el control oficioso de convencionalidad cuando estén en presencia de la posible comisión de delitos de lesa humanidad: Consejo de Estado.

Se encontró que los accionados no vulneraron los derechos del accionante y que actuaron de conformidad con la normativa que regula el servicio social obligatorio.

Derechos fundamentales son vulnerados al no realizar exámenes médicos especializados ordenados por el profesional de la salud tratante: Corte Constitucional.

El Gobierno busca facilitar la detención domiciliaria y la libertad de personas condenadas.

La legislación educativa colombiana prevé la gratuidad de la educación entre los grados transición y undécimo.

Las entidades responsables omitieron remitirla a alguna institución con la capacidad para garantizar la realización de los procedimientos ordenados.

El presidente Gustavo Petro anunció que será creado el Viceministerio de la Juventud.

La Corte Constitucional concluyó que en este caso se configuró un defecto fáctico.

La reglamentación permite entrar en cese de hostilidades con cinco estructuras armadas.

Corte Constitucional rechaza tutela a persona que alega el pago del saldo insoluto del crédito hipotecario a una compañía de seguros.

Le correspondió a la Corte resolver una acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de nulidad electoral.

Corte Suprema se pronunció sobre la relación entre los establecimientos penitenciarios y carcelarios y la población interna LGBTIQ+.

Así mismo, el alto tribunal precisó la competencia para resolver una doble conformidad y la apreciación del testimonio.

También se analiza la solidaridad para responder por el fuero de estabilidad laboral reforzada por embarazo.

Adicionalmente, el accionado deberá asumir el costo de las terapias o los procesos de rehabilitación necesarios para que el accionante recupere la función que perdió luego del accidente laboral.

El cambio se dará a partir del 11 de enero de 2023.

Esta decisión surge a partir de la finalización del periodo de la actual directora de la UBPD.

Puede encontrar justificación tanto en la necesidad de recaudo, análisis y valoración de material probatorio como en la complejidad del asunto o la existencia de otras circunstancias imprevisibles o ineludibles.

Sería una intromisión en la competencia de la administración que quebranta la presunción de buena fe de sus actuaciones

Corte Suprema explica si cancelar las anotaciones sobre un inmueble afecta el proceso de inscripción de títulos en el registro inmobiliario.

Los reparos de las demandantes no desvirtúan el buen crédito de la accionada para ser elegida en tal dignidad.

Le corresponde a la Registraduría motivar los actos administrativos que profiere en el marco del trámite de registro extemporáneo de nacimiento en el registro civil: Corte Constitucional.

La empresa deberá asegurarle a la accionante el acceso a unas condiciones sanitarias mínimas para la recolección, tratamiento y disposición o reutilización de los residuos humanos en espacios higiénicos, seguros y privados.

Consejo de Estado explicó los criterios bajo los cuales se adquiere la condición de sujetos de especial protección constitucional.

Urge una regulación del ‘sharenting’ de cara a los derechos de los menores de edad, que incluya una labor pedagógica que promueva el uso responsable, adecuado y seguro de las TIC.

Remiten a la Corte Constitucional conflicto negativo de competencias para resolver quién conoce de las faltas de los auxiliares de justicia.

Solo podrá otorgarse el rembolso mediante bonos de servicios si el usuario acepta esta alternativa de manera voluntaria.

Corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

Corte se pronuncia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro del estado de salud .

La Corte Suprema se pronunció sobre la exigencia del examen de Estado para poder ejercer la profesión.

Cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los términos para realizar determinada actuación también es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante.

El artículo 1° de la Resolución Externa 3 del 2012, del Banco de la República, cumplió con los criterios de la Sentencia C-955 del 2000.

Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a la vivienda digna de las personas en condición de discapacidad en su componente de accesibilidad.

En principio, el inspector debe tener en cuenta que un trabajador no sindicalizado no está en la misma situación de uno que sí lo está.

La educación no se reduce a que los estudiantes reciban contenidos académicos, porque hay elementos como lo son la socialización, el juego y la interacción.

Los sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos de la carrera judicial en provisionalidad son titulares de estabilidad laboral relativa, no reforzada: Corte Constitucional.

Corte Constitucional precisó que se debe acreditar una imposibilidad real de pagar por parte del deudor, pero una voluntad para hacerlo.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993.

Improcedencia de la acción para ordenarle a la Fiscalía General de la Nación abstenerse de prestar apoyo a las autoridades indígenas.

En el caso bajo estudio se ordenó a la Contraloría que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales.

De acuerdo con el actor, las normas cuestionadas contemplan vicios de procedimiento en su formación y desconocen el estándar constitucional y jurisprudencial de protección de los derechos de las víctimas.

Para la Procuradora General, la definición de compañero permanente que contiene la norma desconoce el principio de igualdad.

Consejo de Estado aclaró que la legítima defensa como causal exonerativa de responsabilidad no puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

Quien alega debe acreditar supuestos de un yerro que era conocido o debió ser conocido por un consumidor medio.

De acuerdo con los accionantes, la libertad testamentaria que requieren las personas con discapacidad, como sordos, debe a su vez impregnarse de la presunción de buena fe.

Corte Constitucional precisa el alcance de los derechos a la libertad de expresión y libertad de escoger profesión u oficio y sus limitaciones en miembros de las fuerzas militares.

La EPS del régimen contributivo o subsidiado a la cual esté afiliado el interesado deberá emitir la respectiva certificación.

Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.

Las personas interesadas podrán enviar sus hojas de vida personales y/o institucionales a partir del próximo 11 de enero de 2023 y hasta el 24 de enero (10 días hábiles).

La exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson. También puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria, incluso la muerte.

De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.

El valor ajeno se debe totalizar por separado y si no se efectúa el pago el prestador no puede suspender o cortar el servicio.

De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.

La persona de este caso estaba calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 64,85 %

La decisión de la oposición de retirarse de la sesión de instalación hace parte de la libertad en la que está de ejercer o no su derecho a la réplica y no supone una alteración al orden del día.

El objeto es evitar que la desactualización de la moneda sea una carga irrazonable contra el trabajador demandante.

Derechos a la seguridad social y al debido proceso son vulnerados cuando una entidad se abstiene de estudiar un documento distinto al dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Aplica si en ese momento del proceso no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos irregulares.

Corte Constitucional ordenó investigar a una entidad bancaria por no notificar a central de riesgo la suplantación de ciudadano reportado como moroso.

Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.

La columnista de ÁMBITO JURÍDICO analiza un fallo de la Corte Suprema que declaró inimputable a una mujer que mató a sus tres hijos.

La condecoración busca exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.

El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.

La nueva cartera busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales, estará liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.

Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.

Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La Ley 2101 del 2021, que redujo la jornada laboral semanal, brindó dos opciones al empleador para su implementación.

Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.

No se pueden incrementar las sanciones impuestas en una providencia sin el previo agotamiento del debido proceso sancionatorio: Corte Suprema.