Las expresiones demandadas buscan el logro de fines que no están prohibidos, como incentivar la inversión privada en el sector.
Se deberá evitar la imposición de trámites innecesarios que impliquen retardos injustificados en trámites de pensiones de sobrevivientes.
Este cambio es válido hasta que la Corte Suprema de Justicia acepte que los candidatos cumplen los requisitos.
El régimen bajo el cual se resuelve dicha situación es diferente al que se aplica respecto de quienes voluntariamente ingresan.
Continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido condiciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 2277 del 2022.
Su objetivo es profundizar en el conocimiento de mecanismos y aspectos centrales de la coordinación interjurisdiccional.
Los fallos cuestionados consideraban necesario implementar espacios de diálogo sobre los nuevos procedimientos.
La Sección Primera adecuó la demanda de nulidad por inconstitucionalidad al medio de control de nulidad.
El Estado tiene la orden de poner en funcionamiento una comisión para verificar la identidad y parentesco de las víctimas, para entregarles una compensación económica.
Se creará un sistema de atención al usuario de la Aeronáutica Civil para atender los casos de vulneración de derechos de los pasajeros.
La alta corte explica tres casos cuando una no está prestando servicios especializados e independientes.
Amparan el debido proceso de estudiante que fue señalado y sancionado por supuestamente participar en protesta social.
La Corte Constitucional analizó una tutela relacionada con una lesión ocular sufrida en medio protestas estudiantiles en agosto del 2018.
Hasta el momento, se han aprobado 63 artículos y eliminado 8.
Certificados de depósito de ahorro a término (CDAT) hacen parte de la sección de ahorro de los establecimientos bancarios.
El Icetex indicó que acata la determinación de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el artículo 95 de la reforma tributaria.
El magistrado Gerardo Botero Zuluaga argumenta que la terna para próximo Fiscal General no puede estar conformada solo por mujeres.
La Corte Constitucional examinó un proceso de varias víctimas acreditadas ante la JEP contra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.
Los procesos de insolvencia seguirán tramitándose ante la Superintendencia de Sociedades de acuerdo con lo establecido por la Ley 1116 del 2006.
Autonomía de las organizaciones deportivas no es absoluta, pues están sujetas a la vigilancia y aprobación de sus estatutos y reglamentos.
Se grava la actividad siempre que, en el año gravable correspondiente, tenga una renta gravable igual o superior a 30 mil UVT.
La norma prorrogó las medidas generales, pero expresamente excluyó la prolongación de sus disposiciones tributarias.
La suspensión de operaciones contra el Estado Mayor Central de las FARC-EP inicia este martes 10 de octubre e irá hasta el 16 de octubre del 2023.
Este régimen especial de pensión no fue derogado por el Acto Legislativo 1 del 2005.
El Gobierno nacional aseguró que hay 128 sentencias pendientes.
La norma no se presentó ni se debatió en las comisiones constitucionales permanentes de asuntos económicos.
La norma permitía hacer una interpretación que prolongaba de manera indefinida el tiempo de disposición de la autoridad.
Con 85 votos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa.
No existe norma que regule el uso de teléfonos privados por parte de funcionarios públicos. Deben cumplir funciones con diligencia.
Si se configura un contrato realidad se deben aplicar las reglas previstas para el contrato laboral a término fijo.
La amplia discrecionalidad no permite adoptar decisiones de traslado sin justificar las razones de necesidad del servicio.
Los jueces de la Corte IDH iniciaron en Bogotá su 162 periodo de sesiones.
Deberán reflejar la realidad de manera fiel, precisa y consistente como sea posible.
Lo decidido por el juez natural no puede ser objeto de debate o decisión por parte de un juez de otra especialidad.
Asumirá el despacho que quedó vacante con la terminación del periodo constitucional de Roberto Augusto Serrato Valdés.
La norma no delimita número de solicitudes que puede presentar un empleado, independiente de que sea sobre diferentes inmuebles.
Con el fin de generar soluciones reales para los niños y toda la población Wayuú.
Representantes a la Cámara radicaron proyecto de ley estatutaria.
El Gobierno pasado vulneró los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el marco de las protestas sociales del 2021, en Cali.
El Gobierno vulneró los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el marco de las protestas sociales del 2021 en Cali.
La senadora Norma Hurtado anunció que reconoce la necesidad de abordar los problemas actuales del sistema pensional.
No se otorgó competencia a algún juez, magistrado o cuerpo colegiado para conocer recursos de apelación de los autos emitidos.
El trámite de inscripción de la lista respetó el acuerdo de coalición.
Los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales.
Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace parte de una tendencia mundial para garantizar el acceso al aborto.
Se espera que en los próximos días se informe la fecha para adelantar el segundo debate en la plenaria del Senado.
Se crea un nuevo límite a la autonomía de los pueblos indígenas, sobre prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer.
Si se demuestra que la relación perduró por un tiempo considerable, es posible deducir la existencia de un vínculo laboral.
Con fundamento en los deberes adquiridos por Colombia al adherirse al Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
En el informe de ponencia se manifiesta que el Estado no debe ahorrar esfuerzos para que los ciudadanos comprendan las decisiones judiciales.
La inhabilidad prevista en la Ley 136 de 1994 se predica del ejercicio de autoridad civil, política y administrativa.
Admiten demanda contra normas sobre participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público populares.
Admiten demanda contra parágrafo de ley que adicionó y efectuó modificaciones al presupuesto general de la Nación vigencia 2023.
El mandatario pidió incluir a la sociedad civil para garantizar el derecho a la libre expresión de todos los colombianos.
La reducción de la pena puede acompasarse con la reducción de la condena de la repetición.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Preguntamos a expertos si es eficiente la normativa existente en materia de acoso laboral o el trabajador se siente inseguro y temeroso de denunciar.
En el documento figuran tres nombres: Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega.
La decisión tiene efectos diferidos por el término de un año, contado a partir de la expedición del decreto (2 de julio del 2023).
La iniciativa será discutida por la Comisión Primera del Senado de la República y de aprobarse por el Congreso entrará en vigencia a partir del 2030.
La entidad se crea con el objetivo de gestionar el recurso hídrico en el territorio de La Guajira.
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que el paso siguiente será convocar a una nueva licitación con garantías.
Por haber celebrado un contrato interadministrativo dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
Es deber del operador judicial incluir en las decisiones que así lo ameriten un enfoque de género que permita analizar el caso desde una perspectiva más amplia.
Salvo la posibilidad de que puedan disminuir y simplificar el monto de las sanciones y el término de la aplicación. q
En ÁMBITO JURÍDICO invitamos a siete expertos para que nos compartieran sus puntos de vista sobre la protección de los neuroderechos.
Se justifica en la aproximación que ha realizado el alto tribunal hacia los ríos y la tierra desde el derecho al ambiente sano, al agua y la seguridad alimentaria.
Lo hizo a través de una carta que presentó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Documento de constitución de la SAS debe ser autenticado previamente a su inscripción en el registro mercantil.
No es solo respecto de la pensión de jubilación o vejez.
Solo se requiere comprobar subordinación total o parcial respecto de los ingresos de otra persona para cubrir necesidades básicas.
Esta ley beneficiaría a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.
Los que hayan perdido la nacionalidad por haberse naturalizado en otro país antes de la Constitución de 1991 podrán recuperarla ante el Minrelaciones Exteriores o en los consulados de Colombia.
La gratuidad de sus gestiones no puede conllevar a impulsos negligentes, ineficaces o inconclusos de los asuntos que se le confían por parte de los sujetos procesales.
Mineducación debe formular lineamientos que faciliten a la población migrante el acceso a programas de educación.
Se debe analizar si la conducta afectó el normal desarrollo de las funciones de la empresa y trascendió la esfera privada.
Se realizarán mesas de diálogo de la comisión accidental para la reforma a la salud.
La doctrina no consagra una interpretación abiertamente contraria a lo dispuesto por el Estatuto Tributario en cuanto al ámbito de aplicación de dicha excepción.
Es necesario iniciar un diálogo sobre las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad frente a los adultos mayores y la protección de su dignidad.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 12 de la Ley 2272 del 2022, por vulnerar principio de igualdad.
La labor del juez de tutela debe limitarse a verificar si se presentó un defecto que torne en irrazonable la decisión adoptada.
La declaratoria no niega a los ciudadanos la posibilidad de construir obras o ejercer actividades conforme a la destinación del inmueble.
Frente al impacto fiscal, el Ministro de Justicia aseguró que se compensará con una disminución de la conflictividad social.
Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure a ellas y a sus familiares salud y bienestar.
Prórroga de la suspensión de términos hasta el próximo 22 de septiembre no aplica a estas salas.
La articulación institucional aumentará la probabilidad de localizar una persona desaparecida.
El ámbito de aplicación recae únicamente sobre las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas o pactos, laudos arbitrales y acuerdos.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 20 y 225 del Código General Disciplinario (Ley 1952 del 2019).
La Comisión Primera del Senado logró aprobar 52 de los 62 artículos que tiene la iniciativa.
Admiten demanda en contra de los artículos 135 y 169 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294/23).
Según la demanda, existe violación de la supremacía constitucional, por incorporar contenido de una reforma constitucional.
La Comisión Primera del Senado discutirá y votará ahora el articulado radicado.
El proyecto fue radicado por los congresistas Alejandro García y Julio César Triana.
La normativa deja clara que la provisión de empleos mediante la figura de encargo tiene carácter transitorio y en ningún momento generará derechos de carrera administrativa.
Según la demanda, disponer consecuencias jurídicas adversas al consumidor comporta un efecto represivo e intimidador.
Competencia de acción disciplinaria frente a magistrados del Tribunal para la Paz de la JEP no recae en la jurisdicción disciplinaria.
Se trasladarían los procuradores judiciales y otros funcionarios para fortalecer a la Rama Judicial.
Solo se registran problemas para los juzgados que remiten tutelas a través del sistema “Justicia XXI Web- Tyba” del Consejo Superior de la Judicatura.
La suspensión de términos no se aplica a las acciones constitucionales.
Las comisiones de convivencia y conciliación deberán llevar un archivo de las solicitudes y de las actas de audiencias realizadas.
El carné de vacunación debe ser entregado de manera gratuita y obligatoria por la IPS o entidad vacunadora.
Según el demandante, presidente ejecutivo de Fasecolda, la norma desconoce el principio de unidad de materia.
El objetivo de la restricción es que no se desvirtúen los intereses de la empresa unipersonal y su proyección en el mercado.
Con base en el principio de libertad probatoria, el juez no está sometido a una tarifa legal de pruebas.
Según los demandantes, se configuró una elusión material de debate, pues gran parte de la norma no fue conocida.
Cuando las afirmaciones entren en conflicto con otros derechos puede optarse por acciones que limiten el derecho constitucional.
El tribunal accionado no aplicó enfoque de género para verificar con pruebas el posible escenario de violencia contra la mujer.
El Estado debe garantizar el derecho a la educación y, por ende, adoptar planes individuales de apoyo y ajustes razonables (PIAR).
La ministra de Educación, Aurora Vega, radicó la iniciativa ante el Congreso.
La potestad del Estado no lo autoriza para prolongar de manera indefinida la etapa de investigación de ese tipo de trámites.
Se practican con la finalidad de que el empleador conozca las condiciones generales de salud físicas, mentales y sociales del trabajador.
En la demanda se indica que no cumplió con el umbral para el otorgamiento de la personería jurídica a partidos y movimientos políticos.
Empezará a regir el próximo 10 de octubre.
La sala especial de seguimiento a la Sentencia SU-020/22 documentó y sistematizó denuncias y documentos sobre desprotección.
El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.
El Decreto 1469 delega funciones legales y constitucionales por el viaje del presidente Gustavo Petro a Chile.
Contra los resultados de la evaluación de competencias no procede recurso alguno.
Por primera vez en la historia, las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional.
La situación de humedad atenta contra la salud, seguridad e integridad personal de la población privada de la libertad, e incluso de los funcionarios que allí laboran.
La ley permite otorgar al trabajador una licencia quedando a discrecionalidad del empleador si la remunera o no.
Según los demandantes, la inobservancia del principio de publicidad condujo a la ausencia de conocimiento de los congresistas al momento de votar.
Se configura el hecho y/o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad estatal.
El conflicto inició porque más de mil futbolistas de 35 clubes aprobaron un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones de trabajo.
En medio de la polarización y el juego político, la certeza que se ha consolidado después de 50 años es que las violaciones de derechos humanos vividas en Chile no pueden ser repetidas nunca más.
La prueba se realizó en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Al no identificarse como mujeres, los hombres trans y personas no binarias resultaban excluidos de las prestaciones previstas.
El Congreso excede sus facultades cuando excluye bienes que podrían tener relevancia histórica, cultural y arqueológica
Corresponde al Consejo Nacional Electoral asignar de manera inmediata los espacios adicionales en medios de comunicación social.
Es deber de quien juzga verificar, en cada caso, si frente a la existencia de un hecho contaminante se concreta también un daño ambiental.
Aunque la ley no determina expresamente cuáles bienes pueden darse en garantía, es posible constituir la prenda.
Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.
Las disposiciones cuestionadas extralimitaban las facultades extraordinarias previstas en el Acto Legislativo 04 del 2019.
La enfermedad le impide materialmente cumplir con los protocolos establecidos por el banco para activar su cuenta de ahorros.
Es importante adoptar medidas para investigar, sancionar, informar a los familiares el paradero del desaparecido e indemnizarlos.
En aplicación del principio de la esencia sobre la forma, estipulado en el artículo 228 de la Constitución Política.
El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.
Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.
Por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Grupos de WhatsApp son un mecanismo idóneo para estar en constante comunicación y contacto con la oficina durante el trabajo en casa.
El observatorio está dirigido a usuarios de la academia, el sector privado y el sector público.
Los destinatarios de estas convocatorias tendrán un descuento del 60 % en la cuota de compensación militar.
Según los demandantes, se vulneraba el debido proceso, en lo relacionado con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
Los derechos ciertos están ligados con la concepción de derechos adquiridos y excluye las simples expectativas o derechos en formación.
La comunidad indígena Inga solicitó el amparo de sus derechos, por considerarlos vulnerados frente a la construcción de una vía.
La acción correctiva se hace a través de un proceso disciplinario, de acuerdo con el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.
Barreto asumirá la conducción del despacho que quedó vacante con la terminación del periodo constitucional de Carlos Enrique Moreno Rubio.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios deberá responder a criterios de calidad y continuidad.
Todos los ciudadanos pueden constituir veedurías, sin que en ningún caso sean considerados funcionarios públicos.
La mesa de diálogo le solicitó oficialmente al Gobierno de México que considere la posibilidad de convertirse en sede del V ciclo de diálogos.
Demostrar la calidad de madre cabeza de familia es indispensable para lograr la protección especial y reforzada del Estado.
Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular.
Tutelan los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad de una menor transgénero por la publicación de un video en una red social.
La crítica situación se registra en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
No hay segregación de funciones, pues el fin destacado no lo permite
“Una Policía humana es una Policía que sabe que su esencia fundamental es defender derechos y libertades en el territorio, independientemente de cómo piensa”, afirmó el jefe de Estado.
Las inhabilidades son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva.
Según la Corte Constitucional, el empleador debe tomar ciertos cuidados, de manera que no se transgredan derechos fundamentales.
No se exige para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes que previamente se haya declarado la existencia de la unión marital de hecho.
La normativa plantea ochos subsistemas que harán parte del SINRADR, los cuales serán liderados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de una entidad coordinadora.
Los inspectores de tránsito deben atender el deber de motivación que les exige una actividad probatoria intensa.
Este es un espacio académico para intercambiar conocimiento sobre temas de interés para la jurisdicción.
No existe regla absoluta sobre la procedencia o no de la acción de tutela frente a la perturbación de derechos colectivos.
La tercerización tiene sustento siempre que el contratista independiente realice el trabajo con sus medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos.
La autora de la iniciativa es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “la resolución de conflictos societarios”.
La desconexión laboral implica una dimensión del descanso y a la par un límite al poder subordinante, se trata de una reivindicación de un espacio autónomo, libre de interferencias.
El empleador puede justificar su omisión y conceder al trabajador el disfrute de los días no concedidos.
Los diputados tienen la calidad de servidores públicos.
Las cuestionadas habrían aparentado ser competidoras, pero en realidad habrían coordinado las probabilidades de ser adjudicatarias.
Juan Antonio Vallejo, Andrés Parias Garzón, Fabio Andrés Bonilla y Francisco Reyes Villamizar nos compartieron sus puntos de vista.
Osorio será magistrado de la Sección Primera, Portocarrero ingresa a la Sección Segunda y Barrera a la Tercera.
Existe una relación entre igualdad y servicios públicos que se materializa en el principio de universalidad en su prestación.
La jurisprudencia colombiana ha avanzado de manera favorable y coordinada en la precisión de los escenarios en los que debe declararse la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.
Ley estatutaria que define participación política de los servidores públicos no ha sido presentada ni debatida por el Congreso.
Confirman fallo que lo suspendió por un mes en el ejercicio del cargo por violar el deber de cumplir y hacer cumplir la ley penal.
La prueba se realizará en forma manuscrita, el domingo 10 de septiembre, en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Según la accionante, la instalación de dispositivos de georreferenciación en el vehículo asignado para su seguridad vulneró sus derechos.
Se ordenó devolver el auto a la misma jurisdicción para que se pronuncie de fondo sobre el recurso que presentaron los accionantes.
El demandante no logró articular una verdadera cuestión de constitucionalidad en su demanda, por ello se descartó la posibilidad de pronunciarse de fondo.
Asignar funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas supone una definición clara, puntual, fija y cierta de las materias.
Carece de justificación constitucional excluir a otras formas de familia diferentes a las constituidas por matrimonio de la posibilidad de crear una sociedad comercial.
Se demostró que la alta corte incurrió en defecto fáctico al declarar el hecho de un tercero cuando no era procedente.
La defensoría pública al ser un servicio público no viola los mandatos constitucionales.
Según los autores, la Superintendencia de Industria y Comercio reporta 161.098 quejas desde el 2013 hasta la fecha por el mal manejo de datos personales.
La fragmentación de la Sala Penal es excepcional y se justifica cuando sea indispensable para asegurar la efectividad del derecho a impugnar la sentencia.
La iniciativa, de 92 artículos, incluye nuevas propuestas como la formalización laboral de trabajadores de puertos, centrales de abasto y de transporte.
Si uno de ellos no está conforme con la solución no está obligado a aceptarla.
La necesidad de aplicar el enfoque diferencial es para evitar la discriminación contra las mujeres.
Carlos Hernán Rodríguez no tenía competencia para asignar a su remplazo.
La Corte se está a lo resuelto en la Sentencia C-055/22 sobre el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con el demandante, existieron irregularidades en el trámite de la norma.
De acuerdo con la demanda, la norma es contraria a los principios de legalidad y certeza del tributo dado a que contiene una indeterminación absoluta en la tarifa.
La iniciativa se llama Derechos a la mano, que permitirá democratizar el acceso a la información territorial utilizando la herramienta RUSICST.
Se aprobó una proposición del Centro Democrático que permitiría a congresistas tener otros empleos y así recibir ingresos adicionales.
Tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.
No existe precepto que así se los imponga, al contrario, la normativa aplicable recae en el usuario de la administración de justicia.
Según el demandante, el trato diferencial no está justificado constitucionalmente.
El propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del literal a) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.
La norma acusada viola el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, afirman los demandantes.
