Conozca los puntos claves de los proyectos que reglamentan la jurisdicción agraria

En la mañana de ayer, el Gobierno radicó dos proyectos de ley que buscan reglamentar la jurisdicción agraria aprobada durante la legislatura pasada, con el fin de avanzar en el objetivo de saldar la deuda del Estado con las comunidades campesinas, étnicas y rurales.

El primer proyecto radicado es el 156/23S y busca brindar las herramientas para la asignación de presupuesto, el nombramiento de jueces, la adecuación sedes, la creación de tribunales, juzgados y distritos judiciales agrarios y rurales con el respaldo del plan nacional de desarrollo. Además, establece con claridad las competencias de la jurisdicción agraria y rural.

Por otro lado, el proyecto 157/23S, de carácter estatutario, propone instaurar una regulación procesal, autónoma y especial para los asuntos agrarios y las relaciones que se construyen alrededor de la tierra.

Contiene también disposiciones relacionadas con la integración y estructura de la nueva jurisdicción y el lugar que ocupa en la integración de la Rama Judicial, entre ellas el cambio de nombre de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, remplazándolo por el de Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

Los puntos más relevantes

Implementa un procedimiento especial agrario, diseñado para agilizar los procesos que ingresen a esta jurisdicción, con la expectativa de reducir el tiempo de solución de los casos a tan solo 3 o 4 meses.

Aumenta de 31 a 33 los magistrados del Consejo de Estado. Los dos miembros adicionales serán ubicados en la Sección Primera de ese alto tribunal.

En la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia se crean siete despachos nuevos para atender los casos relacionados con la nueva competencia judicial.

A nivel nacional se abren cinco tribunales agrarios y rurales y 32 juzgados de circuito, incluyendo la posibilidad de que en cada juzgado exista un juez adjunto de conformidad con las necesidades del servicio.

Se crearían las figuras de jueces y magistrados de apoyo itinerantes, para apoyar los despachos y evitar la congestión de expedientes, y la de facilitador agrario y rural, con la función de brindar orientación a los usuarios en un lenguaje claro para acceder al proceso especial agrario.

Frente al impacto fiscal para con la implementación de la nueva jurisdicción agraria y rural, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que se compensará con una disminución de la conflictividad social, una mejora de las condiciones para la productividad del campo, la reducción en los factores generadores de violencia y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los habitantes rurales.

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