El comité de convivencia laboral: ¿es un mecanismo eficaz contra el acoso sexual en el trabajo?
La competencia para tramitar quejas de acoso sexual en el trabajo la tienen los comités de convivencia laboral o hay necesidad de crear nuevos comités?
La competencia para tramitar quejas de acoso sexual en el trabajo la tienen los comités de convivencia laboral o hay necesidad de crear nuevos comités?
Una política pública sin implementación real, sin regulación clara y sin monitoreo ciudadano, es solo una promesa escrita.
Colombia no es ajena a esta tendencia global que tiene como fin mejorar la gobernanza de las empresas.
Es dable llegar a la conclusión de que el principio de legalidad integra una complejidad armónica, mucho más elevada y garantista que la estructuración de una norma penal.
El deber de lealtad ha experimentado una metamorfosis significativa.
A pesar de su solidez, las críticas al constitucionalismo transformador latinoamericano son de diversa índole.
Por primera vez, Colombia podría ingresar al programa de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial.
Casos como los países nórdicos, o experiencias exitosas en ciudades latinoamericanas, muestran que los contextos pueden reformarse.
En el marco de la discusión sobre volver a leer libros completos en nuestros salones de clase, la obra de Diego López, ‘Teoría Impura del Derecho’, envejece muy bien.
Ojalá los rumores no sean ciertos y el decreto no se expida. En ese lamentable caso, las instituciones deberán actuar para restablecer la juridicidad.
Si bien la sociedad limitada sigue siendo una figura jurídica válida y útil para ciertos fines, su imposición legal en sectores determinados debe revisarse.
Este tema ha sido objeto de extenso análisis en otras jurisdicciones, especialmente en Delaware, cuya jurisprudencia societaria ha servido de modelo para muchos sistemas.
La sola infracción del deber objetivo de diligencia o lealtad no basta para declarar su responsabilidad civil.
La edición 2025 del Código Disciplinario entra en vigor el 1º de junio de 2025.
No podemos acabar con una figura que ha demostrado ser esencial para el desarrollo económico del país.
A pesar de ser frecuentemente empleada, la prueba testimonial adolece de profundos problemas como fuente de información epistémicamente fiable.
El constitucionalismo actual está llamado a evolucionar. Ya no basta con declarar derechos en el papel.
La reciente obra de Sunstein y Bar-Gill nos plantea una importante reflexión y recomendación sobre la necesidad impostergable de disposiciones normativas que ordenen a la IA.
Un mecanismo de participación puede constituirse en un sistema de auditoría democrática y en una evaluación del desempeño del Ejecutivo y el Legislativo.
Adelgacemos los escritos, que belleza del lenguaje no es sinónimo de floritura, ni la elegancia en el trato escrito riñe con la solidez y claridad de argumentos.
El nuevo rol del juez laboral a propósito del Código Procesal del Trabajo le entroniza en la cúspide del juicio y potencia sus atribuciones para ejercitar una justicia material.
En suma, esta ley introduce una transformación ambiciosa y en gran medida positiva del trabajo penitenciario.
La Corte utiliza en su análisis herramientas normativas útiles para evidenciar cómo las personas que tienen una relación afectiva y amorosa con alguien del mismo sexo enfrentan barreras sociales.
Ojalá el dinero que se pretendía usar con la consulta popular se destine a la salud, a la educación o a la seguridad del país.
La transición hacia un sistema pensional mixto debe tener como eje la equidad, pero también la coherencia.
La Ley 2297 de 2023 constituye, sin duda, un avance en la positivización de los derechos de las madres cuidadoras de personas con discapacidad.
Los artículos 1º al 27 de la Ley 906 de 2004 nos recuerdan los principios y valores que guían la actuación penal.
La inmensa mayoría de situaciones en las que los seres humanos usamos a otros animales no puede ni debería ser entendida como una relación laboral.
La corrupción, más allá de ser un fenómeno puntual o un problema exclusivo de ciertos países, es un mal estructural, profundo y devastador.
Estamos llegando a un punto en el que cualquier dato puede llegar a considerarse un dato personal.
Tenemos casi un año para comprender cómo este nuevo código redefine la prevención, mitigación y solución de los conflictos laborales.
Si bien la Constitución Política nos presenta siete mecanismos convencionales recordados en nuestra educación cívica , no debemos pretermitir las demás posibilidades de participación que ofrece el derecho.
El Papa Francisco no fue abogado, pero sus enseñanzas sobre el deporte ofrecen lecciones profundas al Derecho.
He tenido la posibilidad de trabajar con empleadores en la implementación de mecanismos y rutas de apoyo para sus trabajadores.
Estados donde prolifera la corrupción han vuelto opaca la gestión pública, permitiendo que recursos esenciales sean desviados sin control alguno.
En lugar de centrarse solo en la defensa legal, las empresas creativas pueden adoptar estrategias de negocio proactivas para gestionar el riesgo de forma diferente en este nuevo panorama.
Debemos fortalecer la autoridad estatal en todo el territorio, combatir el crimen de manera eficaz y hacerlo bajo el derecho internacional.
Es importante recordar que El Catatumbo vive hace décadas una difícil situación humanitaria que actualmente se agudizó.
Más allá del trámite legislativo, hay tres aspectos de fondo en la Ley 2381 de 2024 que merecen un debate público urgente.
Los sistemas inclusivos del cuidado y de apoyos constituyen uno de los desafíos más estratégicos para las democracias.
Pronto, no bastará con leer el contenido; habrá que leer la advertencia. Porque entre la verdad y la simulación, esa pequeña frase podría ser nuestra única defensa.
Es necesario que el Estado colombiano reestructure su enfoque de la pena, centrándose más en la rehabilitación.
El caso Watson es un ejemplo más de cómo el uso amplio de IA por las entidades gubernamentales todavía tiene que alinearse con la discusión local y regional.
Aunque la jurisprudencialización del Derecho puede ser útil para adaptar el sistema jurídico a las necesidades sociales, debe ser manejada con cautela.
Ya es hora de un cambio de paradigma y el Estado debe responder por la omisión legislativa.
Esta disposición establece una figura que ha sido objeto de debate y análisis en cuanto a su interpretación y aplicación: la renuncia tácita.
Esta es una sentencia muy bien fundamentada y que muestra algunos de los problemas de la errada interpretación de las normas del ordenamiento jurídico.
Sobre la manera como quedó establecido este tema en la Ley 2388 del 2024, es pertinente realizar algunos comentarios sobre hechos que pueden entorpecerla.
La discriminación por salud sí existe. Negarla equivale, en la práctica, a permitirla.
Sin duda, Colombia necesita un cambio, pero las transformaciones requeridas no pueden construirse así.
Por el bien de la comunidad empresarial y la seguridad jurídica, deberían promoverse espacios de coordinación interinstitucional en esta materia.
El sesgo de confirmación está presente cotidianamente en todo cuanto disertamos y discutimos.
La reforma laboral que se acaba de hundir en el Congreso de la República no ayudaba para nada a las personas en la informalidad.
En la actualidad ya existe exclusión de 3.000 millones de personas del mundo digital.
Los principales afectados por esta controversia han sido funcionarios que, en ambos lados, han desempeñado sus funciones de manera correcta durante años.
¿Está en deuda el Derecho con la tecnología? o ¿la que tiene la deuda pendiente es la tecnología con el Derecho?
El constitucionalismo conservador se fascina con la idea crítica del supuesto activismo judicial.
La erradicación de la violencia de género en Colombia requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad.
El fallo no es un exabrupto y, por el contrario, está en línea con el reclamo constante para que los actos dispositivos de las partes sean respetados.
La cuestión está en no ser un personaje más del Berlín de Isherwood, haciendo que no oye o no sabe. Como yo ya sé, no puedo ignorarlo.
En Colombia hay un largo recorrido político, jurídico y social de los estados de excepción.
Aprovechen este espacio para reflexionar acerca de su desempeño como administradores y contarles a los accionistas lo que hicieron.
La dicotomía entre ‘wages’ y ‘salaries’ sigue siendo un área dinámica de investigación legal.
Este análisis legal de prefactibilidad de internacionalización no pretende sustituir o reemplazar una asesoría local en materia legal.
La sociedad comanditaria y sus dos regímenes de responsabilidad: ¿beneficio o distorsión jurídica?
Trump quiere deportaciones masivas automáticas y para eso necesita graduar rápidamente como “criminales” a los indocumentados.
Hay seis procesos de constitucionalidad surtiéndose actualmente en la Corte Constitucional, en los que se duda parcial o totalmente de la nueva legislación.
Determinar con rigor el riesgo previsible es una gran responsabilidad de la comunidad jurídica.
Ya el Gobierno Nacional ha dirigido sus intenciones a hacer obligatorias las áreas de protección para la producción de alimentos de iure.
En temas de seguridad social, hoy protección social, de cara a este nuevo código, debemos determinar que, desde lo procesal, la competencia la tiene la jurisdicción ordinaria laboral.
¿Será el 2025 el año de la entidad de gestión colectiva y el derecho de suite a favor de los artistas plásticos y visuales?
Es urgente que el Estado reconozca expresamente a los animales como víctimas del conflicto armado.
A primera vista parece razonable que se regule el scroll infinito. Pero si uno lo piensa mejor, se puede tratar de una normativa que atenta contra la autonomía de la voluntad
¿Quién controla la narrativa digital que construyen los algoritmos sobre nosotros?
En los litigios societarios, la medida cautelar es una herramienta procesal indispensable para asegurar los derechos de las partes mientras se resuelve el conflicto en cuestión.
El mundo moderno, entonces, ha exaltado la visibilidad, accesibilidad, administrabilidad e instrumentalidad para afianzar el control humano.
Pasados 33 años del desarrollo del Estado unitario colombiano, el poder económico y político se ha concentrado en la centralidad del país.
Discrepamos de esta decisión, pues consideramos que representa un desconocimiento a la libertad de expresión.
Los líderes deben tener en cuenta que cualquier anuncio, propuesta o decisión impacta inmediatamente la economía.
Ante la imprevisibilidad que enmarca el reajuste del mínimo desde el 2023, será este uno de los aspectos fundamentales de la planeación laboral de este año.
El 27 de diciembre se sancionó la Ley 2442, que permite el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Helí Abel Torrado analiza los pormenores de esta norma.
En materia de recaudación, es necesario establecer los elementos que generan el pago de los impuestos, asuntos que han sido claramente despreciados por la administración actual.
El Derecho no existe en el vacío. Está profundamente entrelazado con la realidad social, económica y política.
Hay cambios en la estructura del recurso, en los efectos de la sentencia de segunda instancia y en el papel de la Corte en la jurisdicción ordinaria laboral.
Estos hechos evidencian una verdad incómoda: el sistema penal colombiano, tal y como está estructurado hoy en día, no cumple con los fines que la ley le ha asignado.
Las negociaciones del salario mínimo en Colombia deben considerar las dinámicas diferenciadas de los sectores público y privado.
Es de recordar que las obligaciones de las fiduciarias son de medio y no de resultado.
Con más de 50 años de vigencia, es necesario revisar la actualidad de muchas figuras de esta codificación.
El pasado 3 de diciembre, entró en vigor la reforma constitucional que incorporó la protección animal a la Constitución de México.
En algunos casos, cuando las mujeres nos hemos “quedado a pelear” hemos obtenido cambios jurídicos.
Al igual que con las empresas, el Estado en su acción climática debería adoptar mecanismos a su medida.
Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, planteando reglas para el uso de estas en las aulas de clase.
Debemos enseñarles a los jóvenes nuestra historia y que de esta reconozcan la relevancia de instituciones democráticas fuertes y creíbles.
Aunque bien intencionada, la laboralización del contrato de aprendizaje podría reducir aún más las oportunidades de empleabilidad juvenil.
Veinte de los 80 artículos del proyecto de la reforma laboral conciernen a temas de seguridad social.
Más allá del cumplimiento normativo, este tipo de software permite la reducción de los errores humanos y la simplificación de las tareas administrativas asociadas a la gestión de la nómina.
El hijo de crianza está expresamente reconocido en la Ley 2388 de 2024, situación que disiparía cualquier duda, a la hora de verificar las exigencias consagradas en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970.
Como todo derecho colectivo, el derecho a la infraestructura es un derecho indivisible y supraindividual, al que se aplican los criterios de no rivalidad y no exclusión.
Tal vez existe una falta percepción frente a los sujetos que estudian Derecho y a los sujetos a los cuales se les aplica el Derecho.
Pese a la importancia de este bien jurídico, así como al enorme impacto que tienen las ‘deepfakes’, Colombia tiene profundos vacíos legislativos en torno a estos asuntos.
Es tiempo ya de poner a las víctimas en el centro, no como cifras frías en las estadísticas como quien posa un cadáver sobre mesa mortuoria, sino como seres humanos.
Hace poco fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley, “Por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
Lo que muchas mujeres en prisión veían como una gran esperanza que les brillaba en los ojos, pronto se ha ido desvaneciendo.
El reciente tratado del Consejo de Europa también resalta la importancia de regular la IA para que no viole la privacidad, la no discriminación y otros derechos humanos.
A mediados de octubre, en Los Ángeles (EE UU), varios familiares de Erik y Lyle Menéndez pidieron su liberación. Recordemos que fueron sentenciados en 1996 por el homicidio de sus padres.
En el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales trata de contestar la pregunta: ¿quiso o no quiso el funcionario violar la ley, tanto por no controlar el proceso como por firmar el contrato?
Como herramienta para el cambio comportamental, los programas de cumplimiento deben diseñarse a la medida de los problemas.
El acaparamiento de bienes no puede ser visto únicamente como un problema jurídico-penal.
La preocupación por los “ninis” es la de una sociedad que debe preguntarse por su futuro, que debe identificar y replantear sus prioridades, sus necesidades y sus expectativas.
En este punto la teoría del precedente judicial debería ser más una apuesta por el diálogo institucional y menos por el choque.
Un enfoque equilibrado entre regulación legal y autorregulación empresarial asegurará que la IAG se utilice de manera responsable.
La entrega de bienes por parte de las Farc y la indemnización a las víctimas son componentes críticos del acuerdo.
Aparentemente, la administración ha despertado del largo sueño del TikTok y empiezan a desarrollarse programas masivos de control a la facturación de los grandes contribuyentes.
La responsabilidad de construir un futuro educativo inclusivo recae en todos los actores del sistema educativo, desde administradores y educadores hasta estudiantes y legisladores.
Intentemos avanzar al año 2028 y pensemos en una sociedad que votará un referendo que remplazaría a los jueces humanos y entregaría el juzgamiento de sus ciudadanos a la IA.
Las normas caseras les dejan improntas y hábitos de comportamiento que no siempre se pueden reconciliar con una ética y una legalidad públicas y compartidas
La brecha entre empleo público y prestación de servicios en la administración pública de Colombia debe ser un punto central de la agenda política y de reformas laborales futuras.
El Derecho se ha tomado la vida o la vida se ha mimetizado en el Derecho.
Hasta el 15 de febrero de 2024 se habían dictado y ejecutado 46.739 sentencias de nulidad o ineficacia de traslado.
Nuestro Derecho continúa desarrollándose o debatiéndose entre lo criollo y lo importado, sea anglosajón o continental, entre el positivismo y el realismo.
El nexo EWF plantea desafíos jurídicos que demandan una respuesta innovadora y multidisciplinaria.
Lo admitan o no, mucha gente ha encontrado en esta mecánica una forma de sentir que tienen poder. Es el poder el que les llama la atención, más que la causa.
En las universidades estadounidenses los niveles de polarización, cancelación, autocensura e imposibilidad de tener conversaciones difíciles ha llegado a su punto de ebullición.
El numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222/95 exige que las administradoras se abstengan de participar en los asuntos que les representen un conflicto de intereses.
El debate sobre las diferencias entre el empleo público y privado es una realidad que afecta a millones de trabajadores en todo el país.
En general, creo que los problemas de la tecnología se resuelven con más tecnología. Los políticos creen que todo se resuelve por medio de leyes, es decir, con palabras.
Según un informe publicado por la Anif, en el 2021, las mujeres gastaron más del doble del tiempo en labores de trabajo no remunerado que los hombres.
París tiene la oportunidad de redefinir lo que significa ser una ciudad olímpica en el siglo XXI, equilibrando la grandeza deportiva con la responsabilidad económica y ambiental.
Es hora de sepultar interpretaciones draconianas, para que los directores puedan abstenerse en paz y así salir del laberinto de los conflictos de intereses.
La Defensoría del Pueblo ha caído en el descrédito, en la generalización de ser una institución que se utiliza para pagar favores políticos especialmente con los cargos directivos y con una contratación excesiva.
La Sentencia C-288 del 2024 declaro la exequibilidad condicionada del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo.
La cultura escrita también acelera procesos de individuación.
La judicialización de las decisiones administrativas no conculca derechos, solo los garantiza y previene situaciones de futura litigiosidad contra el Estado.
En general, los ingresos de pensiones tienden a ser más altos para los hombres que para las mujeres en todos los niveles educativos.
Incluso con el filtro de la censura, uno ve un régimen que ha sido claramente inferior a la responsabilidad que ha asumido y que no puede tapar el sol con las manos.
Adelantado el trámite en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de largos e interesantes debates, el texto original de la Constitución terminó teniendo 380 artículos y 59 artículos transitorios.
Ante un reto como una operación de M&A, se pone a prueba la existencia de un verdadero equipo conformado entre directorio y gerencia.
Detrás de cada testigo que rehúsa cumplir sus deberes ciudadanos, está oculto un enemigo de la verdad.
Por ahora, insistiremos en que materialmente la problemática es un fenómeno de conducta y no de normativa.
En su obra Open Democracy, Hélène Landemore, profesora de Yale en Ciencias Políticas, se dedica a analizar a profundidad la posibilidad de que una lotería reemplace a las elecciones de los congresistas.
Comprender los límites de nuestra experiencia debería cuestionar nuestros juicios sobre los demás y llevarnos a imaginar la distancia, a veces infranqueable, que separa nuestras experiencias.
Este evento deportivo pudo ser la disculpa para aprender de muchas cosas, incluso en materia de derecho laboral.
Es posible modificar los procedimientos de reforma a la Constitución y de expedición de leyes, siempre que no sustituyan aquella.
A través de sus 32 años de funcionamiento, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias en las que se reconocen y protegen los derechos de las mujeres y niñas.
Con la desatinada declaración del presidente, mata dos pájaros de un tiro, en su cruzada de odio contra dos enemigos declarados: el Estado de Israel y el sector carbonero colombiano.
La Ley 2114 del 2021 ajustó las licencias de maternidad y de paternidad y, al tiempo, creó las licencias parentales.
Colombia enfrenta un escenario complejo en términos de crecimiento económico, con desafíos significativos que incluyen una alta deuda pública, inflación y un entorno económico global adverso.
Si el impacto dañino de la posverdad se incrementa con la dependencia del hombre moderno de internet y de las redes sociales, imaginemos lo que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial.
Queda aún la lucha contra otras prácticas crueles e inaceptables que aún quedan, como las corralejas, las peleas de gallos y el coleo.
El abogado del futuro debe ser un profesional completo, capaz de enfrentar los retos de un mundo digitalizado, sin olvidar la importancia del compromiso ético, social y el rigor legal.
La aplicación virtual de la prueba programada para los días 19 de mayo y 2 de junio pone en vilo los derechos de un alto porcentaje de discentes.
Es una lección de cómo teorías que pueden parecer exageradas se instalan en el debate público, son capaces de desafiar la realidad y validan discursos de odio.
Un abogado digital puede prestar sus servicios tanto de forma presencial como de manera virtual; de hecho, hoy en día su trabajo se hace de una manera más global, en un entorno híbrido.
A partir del año 2100, el 97% de los países entrará en un declive poblacional.
Para reformar la justicia, se debe consultar a múltiples actores, un proceso muy similar a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
Muchos juristas y académicos, con un considerable capital social, cultural y jurídico, que estaban vinculados a las ONG encontraron el cimiento del derecho mismo en la Constitución.
Incluir a los animales en nuestros sistemas jurídicos como individuos con intereses legalmente relevantes no es imponer una visión particular sobre la moral social.
La inusual estructura de OpenAI le permiten ser una ‘startup’ valuada en 80.000 millones de dólares con un gobierno de una entidad sin ánimo de lucro.
La teoría de juegos nos enseña que, en la asociatividad laboral, hay diversos intereses en juego, y la dinámica no siempre se reduce a una simple confrontación entre un trabajador supuestamente débil y un empresariado organizado.
Tipos penales abiertos como el de celebración indebida de contratos son la puerta a mundos impredecibles en los cuales el poder de fijar, por ejemplo, si la planeación previa al contrato fue completa, lo tiene el juez.
Para los autores y compositores nacionales, el mejor consejo que se les puede dar, por lo menos de momento, es que se afilien a una sociedad de gestión colectiva.
La mera elección no es democracia. Putin ganó las elecciones rusas; Maduro tiene capturado al sistema electoral venezolano. Nadie duda de su condición de tiranos.
Ser parte de la sociedad digital exige participación directa y activa en los procesos de innovación y transformación también en el sector jurídico.
‘Midlife’ es un momento idóneo para examinar nuestra vida y recordar que este presente pudo no ser, que esta vida pudo ser distinta, no mejor ni peor. Distinta.
La terminación del contrato, ya sea civil o comercial, no libera al contratista de responsabilidad solidaria en el pago de créditos laborales.
En nuestra historia reciente, marcada por una pandemia que afectó al mundo entero, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano es una cuestión de máxima importancia.
En principio, como primera norma, la Constitución es orientadora del funcionamiento estatal.
Con la expedición del Decreto 046 de 2024, se reabre un interesante debate en el derecho societario en torno al tipo de nulidad en estos casos.
En Colombia más del 50 % de graduados de las facultades de Derecho son mujeres, pero ¿cuántas magistradas de altos tribunales tenemos?
El trabajo de investigación explora el desmantelamiento de estos sesgos y persigue un mejor diseño tributario, más redistributivo, que lleve a una mayor autonomía económica de las mujeres.
Los(as) jueces(zas) tienen una obligación de ser garantes de los derechos de las mujeres; sus decisiones deben incluir la perspectiva de género, tal y como ha sido recomendado por varios organismos internacionales.
Debemos propender por un sistema que utilice de forma equilibrada la función de prevención y de garantía. El derecho penal es útil, pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.
El resultado de nuestro constitucionalismo no puede ser otro intento de clon europeo, como ha sucedido con diversas disciplinas.
En las reuniones no presenciales y mixtas se debe garantizar que la comunicación sea sucesiva y simultánea para que no se obstruya el derecho de los asociados a deliberar y decidir.
Todas estas situaciones son contrarias a la práctica de un constitucionalismo garantista o, al menos, de las democracias constitucionales contemporáneas.
Se pueden implementar incentivos fiscales y financieros específicos para fomentar la participación de las mujeres rurales en la economía digital.
Esta medida demuestra el reconocimiento por parte del país de la importancia de permitir a los operadores con licencia hacer publicidad responsable, promoviendo, al mismo tiempo, el juego responsable.
Esta obra tiene una gran trascendencia para el estudio y la práctica del Derecho hoy.
La estructura de las SAS es sencilla y flexible, ya que los lineamientos que establecen no son impositivos y el sistema que las regula es libre.
En el automóvil de la transformación digital, los abogados no solo estarán mejor posicionados para satisfacer las expectativas de los clientes, sino que también podrán ofrecer servicios legales más eficientes, personalizados y efectivos.
Esta es la segunda vez en su historia que la Organización Internacional del Trabajo pide a la Corte Internacional de Justicia que interprete uno de sus convenios.
Hay que articular las capacidades de las instituciones gubernamentales con el objetivo de desarrollar políticas públicas que estén en sintonía con las necesidades de la comunidad.
La Ley 1010 del 2006 debe integrarse con lo previsto en la Ley 1257 del 2008, así como en el Convenio 190 y en la Recomendación 206 de la OIT, que, en conjunto, brindarán una protección holística.
Ojalá como sociedad, por fin, desindexemos muchos otros precios de la economía en función de salario mínimo: su función debe ser regular el mercado del trabajo, eso y nada más.
Entre 1979 y el 2023, el Fondo de Solidaridad con los Jueces de Colombia (Fasol) ha registrado 1.262 hechos de violencia contra servidoras y servidores de la justicia de todo el país.
Esta medida no excluye a los hombres de la posibilidad de aspirar a este nombramiento en el futuro, ni es una forma de discriminación negativa hacia ellos.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha hecho sus aportes, desarrollos que consideramos son distintos a los de la Corte Constitucional.
Recientemente, la Ocde dio a conocer la última actualización que se realizaba a las “Líneas directrices para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable”.
Es necesario propiciar leyes e incentivos para que nuestro mercado laboral les brinde condiciones dignas a todos los colombianos para que su sustento y el de sus familias no dependa de su salud.
Los que quieren regular la inteligencia artificial lo que quieren es controlarla y manipularla para que sirva a sus intereses. No es de extrañar. Los proyectos de ley surgen de los políticos.
Un alto funcionario pidió que de la Plaza de Bolívar se quitara el bronce de El Libertador ejecutado por el escultor Tenerani, para colocar una estatua del dictador general Rafael Reyes.
¿Es esta la ruta que debe tomar Colombia en materia de huelga en servicios esenciales? La respuesta, de cara a la economía y al bienestar de la población, debería ser un rotundo “No”.
Instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho doméstico reconocen el derecho a la alimentación como un derecho humano.
La ciberseguridad no es la varita mágica inmediata para la solución de estos problemas.
Pretender la persecución penal por insultos discriminatorios o de cualquier tipo desconoce la legalidad y el carácter fragmentario del derecho penal.
Las hipótesis que justifican la modificación normativa propuesta por los funcionarios del Gobierno son irreales.
Recientes fallos señalan que la procreación de hijos es un “plus modulativo”, que debe venir coligado a la convivencia.
La divulgación desmedida de noticias con sesgos mediáticos apenas en los albores de la indagación preliminar es una transgresión de los paradigmas constitucionales.
Le pedimos al Congreso que siga llamando a todos los actores sociales y continúe el trámite de la iniciativa en el marco de una discusión democrática constructiva e inclusiva.