Natalia Ocampo Galeano
Investigadora
Integrante de ICON-S Colombia

En Colombia, las consultas populares nacionales como mecanismo de participación social han contado con una práctica limitada. En vigencia de la Constitución de 1991, solo se ha convocado la votación para una consulta: la consulta anticorrupción en 2018. Recientemente, el Gobierno vio detenida su iniciativa para convocar a una consulta popular dirigida a lograr la aprobación de la reforma laboral hoy nuevamente en trámite.

El uso de este mecanismo requiere el concepto favorable del Senado, órgano que, dada la naturaleza del asunto y el contexto político actual, se ve sometido a una gran presión política y social. Sin perjuicio de ello, el Senado puede terminar legitimando indirectamente el uso de la consulta popular, bien por su incapacidad para deliberar abiertamente sobre tópicos de interés general, por la existencia de bloqueos políticos para lograr consensos mínimos o por la presencia de dilemas que requieren un arbitraje constitucional, lo que puede revelar un rol especial para la consulta y el reconocimiento de la ciudadanía como un auditor institucional.

Pese a esto, el control político ejercido por el Legislativo es determinante, pues debe suscitar la deliberación alrededor de la conveniencia de convocar una consulta popular, un control que debería ir más allá de la expedición de un aval, como sucedió en nuestra reciente experiencia. Por ejemplo, el Legislativo podría: (i) requerir al Ejecutivo para replantear las preguntas conforme a la discusión política; (ii) convocar audiencias públicas con los sectores en desacuerdo; (iii) fomentar que la ciudadanía manifieste su criterio frente a lo que se pretende consultar y que brinde sus observaciones y propuestas. Estas medidas de control institucional incrementarían la legitimidad de una consulta popular, realzarían la responsabilidad legislativa y asegurarían el debido proceso democrático al incrementar la información pública. Un proceso democrático no puede concentrarse únicamente en los episodios electorales, ni en sus resultados; las etapas previas son nucleares para construir la información pública, su verificación y contradicción, y para facilitar decisiones libres y conscientes. En eso debe consistir una práctica democrática.

El hecho de que el Legislativo no acuda a las opciones a su disposición para controlar las pretensiones del Ejecutivo evidencia el menoscabo de la función fiscalizadora que le asiste y del sistema de pesos y contrapesos; su tarea debe ser privilegiar los escenarios deliberativos como parte de su función representativa. Estas deficiencias son un reflejo de las carencias de filosofía partidista, de acciones claras y transparentes de la oposición y de la incapacidad para lograr acuerdos residuales sobre asuntos de política constitucional. El resultado es la crisis de representación y la desconfianza institucional. Democracias como la colombiana necesitan consolidar un compromiso democrático para que los organismos del Poder Público actúen cooperativamente para alcanzar o facilitar los fines comunes; en su lugar, en nuestras democracias siguen primando la política ordinaria y transaccional. Transformar esta práctica evitaría que el control político se desvanezca y que toda crisis entre los poderes públicos tenga como respuesta repensar el diseño constitucional. Una democracia en evolución requiere enfrentar los dilemas sociales y desencuentros del poder a través de las reglas establecidas.

Una consulta popular, aun con nuestra reducida experiencia, puede ser una prueba significativa para la estructura de la Constitución, para generar un ambiente propicio para la construcción de nuevas herramientas que fortalezcan el diálogo y el control institucional y social. Asimismo, puede ser una oportunidad para aceptar que la insuficiencia de la política impide llegar a acuerdos satisfactorios para todos los sectores políticos, frente a lo cual debe primar la deferencia con la participación popular. En este contexto, un mecanismo de participación puede constituirse en un sistema de auditoría democrática y en una evaluación del desempeño del Ejecutivo y el Legislativo.

En síntesis, los mecanismos que implican la participación activa de la ciudadanía exigen que el poder legislativo replantee la forma en la que se ejerce el control político y opte por una alternativa que dé apertura al foro legislativo y asegure la transparencia y la calidad de la información que se ofrece a la sociedad; incluso a través de medios tecnológicos al alcance de la población, que optimicen el conocimiento social y el diálogo nacional a partir del fortaleciendo el territorial. De esta forma, el control político se convierte en una función púbica esencial y cooperativa, cuyo fin debe ser fortalecer el Estado de derecho y contener la concentración de poder. 

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