Justicia honesta e inquebrantable

Mariana Ardila Trujillo
Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y el Derecho

“Aprendimos a vivir con miedo”; “Silenciaron su voz para que no siguiera impartiendo justicia”; “No quisiera ser un mártir de la justicia”; “No queremos ser una estadística más, una lápida más, un exiliado más”; “No queremos recordarlos solo nosotros, sino que el Estado y el Poder Judicial no les den la espalda (...). Nos queda seguir persistiendo hasta que nuestro dolor les duela".

Estas son apenas algunas de las frases que escuchamos el pasado 17 de noviembre, durante el reconocimiento a las y los servidores judiciales que, en cumplimiento de su labor, han sido víctimas de la violencia asociada al conflicto armado y al narcotráfico. Frases que reflejan la sensación de desprotección, indiferencia y soledad que han vivido miles de familias y funcionarios de la justicia en el país.

Cuando se habla de la violencia en Colombia, pocas veces nos referimos a las y los servidores judiciales como víctimas, excepto por casos emblemáticos como el Palacio de Justicia y la masacre de la Rochela. Lo cierto es que, desde hace más de cuatro décadas y hasta hoy, la violencia se ha ensañado, sin cesar, contra la justicia.

Entre 1979 y el 2023, el Fondo de Solidaridad con los Jueces de Colombia (Fasol) ha registrado 1.262 hechos de violencia contra servidoras y servidores de la justicia de todo el país que no le han sido funcionales a los violentos, a los corruptos, al narcotráfico, a los actores armados ni a quienes quieren pasar por encima de la ley. El rigor, la honestidad y la decisión con que hacen su trabajo los han puesto en la mira y los han convertido en víctimas de amenazas, homicidios, atentados, judicializaciones, secuestros, desplazamientos, desapariciones y exilio, entre otras violaciones a derechos humanos.

La violencia contra los y las servidoras judiciales ha tenido profundos impactos personales y familiares relacionados con los cambios en las dinámicas familiares, particularmente en las vidas de las mujeres que tras el hecho de violencia se vieron obligadas a asumir simultáneamente el rol de proveedoras, el cuidado de los hijos e hijas y de la búsqueda de justicia de su familiar. Así mismo, las familias sufrieron afectaciones a la salud mental de sus integrantes, incluidos los hijos e hijas, algunos de los cuales vivieron el hecho de manera directa siendo pequeños, se enfrentaron a cambios abruptos en su cotidianidad en medio de sentimientos de impotencia, desconcierto, abandono, frustración e, incluso, deseos de venganza.  

En el marco del proceso de escucha realizado por el Ministerio de Justicia y el Derecho durante varios meses, las víctimas llamaron la atención sobre la soledad y el anonimato en las que muchas familias de servidores judiciales han tenido que afrontar las consecuencias de la violencia y, paradójicamente, también la lucha contra la impunidad. Por eso, señalaron que requieren mayores garantías para el ejercicio de su labor.

Entre otras, reclaman el fortalecimiento de la política de riesgos laborales y de cuidado a la salud mental de los servidores judiciales; mejorar los análisis de riesgo y medidas de protección adecuadas para contextos con presencia de diferentes actores armados, y el desarrollo de programas de apoyo institucional para las familias con necesidades sicosociales y económicas urgentes ante una victimización.

El hecho de que la justicia les falle a sus propios operadores, que intentaban hacer justicia, mina gravemente la confianza en el sistema judicial y dificulta su operación. La impunidad ante los ataques violentos al Poder Judicial favorece la repetición y deja que los violentos se salgan con la suya al perpetuar la impunidad de graves crímenes que se intentaban esclarecer.

Durante el proceso de reconocimiento, también escuchamos en varias oportunidades expresiones como justicia honesta, justicia inquebrantable y dignidad de la justicia, que resumen el valor y el compromiso de quienes, a pesar de la violencia, siguen trabajando día a día para garantizar la convivencia social en nuestro país.

Es esa justicia honesta e inquebrantable la que nos ha convocado como Ministerio de Justicia y el Derecho a liderar este proceso en el que reconocemos la dignidad de las y los servidores judiciales, y sus familias, víctimas de la violencia, y hacemos un llamado institucional a rodear a quienes desde hace tanto tiempo han sido y siguen siendo víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Durante el Acto de Reconocimiento a las y los servidores judiciales víctimas de la violencia, el ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Iván Osuna, anunció que luchará sin cuartel contra la impunidad en estos casos y desde ya se puso a disposición de la próxima Fiscal General de la Nación para evaluar la posibilidad de tomar medidas para combatirla. Entre ellas, crear una unidad especializada que investigue los delitos cometidos contra los servidores judiciales, solicitud hecha por las víctimas partícipes en el proceso de reconocimiento.

Reconocer sus afectaciones y las de sus familiares; hacer visibles los impactos que esa violencia ha producido en el Estado de Derecho y tomar medidas para evitar la repetición es un homenaje necesario para quienes sostienen uno de los pilares de la democracia, la justicia.