José Miguel Galindez Rojas
Abogado experto en asuntos agrarios
Correo electrónico: miguel.galindez93@hotmail.com

Por primera vez, Colombia podría ingresar al programa de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)[1], una distinción otorgada por la FAO que representa mucho más que un reconocimiento internacional: es una oportunidad para proteger el vínculo milenario entre comunidades rurales y territorio, bajo un enfoque integrador de sostenibilidad, identidad cultural y ordenamiento territorial.

Los paisajes rurales y agropecuarios de Colombia no son solo postales pintorescas o recuerdos de tradición como popularmente podrían conocerse, sino que a lo largo del desarrollo normativo e histórico, los mismos han adquirido vital importancia para su protección y promoción. Los paisajes rurales y agropecuarios son espacios vivos, dinámicos, cargados de memoria, resiliencia y conocimiento ancestral. Su reconocimiento como sistemas patrimoniales globales puede convertirse en un punto de inflexión para el desarrollo rural sostenible del país, con implicaciones jurídicas y de política pública que invitan a repensar la forma en que se legisla, planifica y gestiona el territorio.

El concepto de paisaje agropecuario[2] ha ganado creciente relevancia dentro del marco normativo colombiano. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), esta categoría describe territorios moldeados históricamente por prácticas agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras, cuya configuración resulta de la interacción entre el ser humano y la naturaleza a lo largo del tiempo. No se trata solo de un escenario productivo, sino de un espacio identitario que refleja patrones culturales, formas de vida y relaciones simbólicas con el entorno.

En ese contexto, surge como instrumento de planificación territorial la Carta del Paisaje Agropecuario que busca establecer acuerdos en territorio entre actores locales, orientados a la gestión integral y sostenible de estos paisajes. Su estructura consta de elementos esenciales como (i) los elementos físicos y usos del suelo rural, (ii) la utilidad social, productiva y ecosistemica que tengan, (iii) y el valor simbólico, cultural y estético del mismo, lo cual llevará a que el presente instrumento, más allá de su voluntariedad, se convierta en una plataforma de gobernanza territorial, donde confluyen los intereses ambientales, culturales, sociales y económicos materializados en la incorporación en los ejercicios de revisión, de ajustes y modificación de los planes de ordenamiento territorial municipal[3].

Actualmente, en Colombia existe como paisaje agropecuario la Sabana Inundable de Paz de Ariporo, la cual, aunque no ha sido reconocida como paisaje cultural en el marco de los bienes de interés cultural, sí cuenta con una Carta de Paisaje Agropecuario impulsada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y el Proyecto de Biocarbono del Banco Mundial, quienes buscaron la confluencia de los diferentes actores en territorio, para que se suscribiera y adoptará voluntariamente como instrumento de ordenamiento territorial en el municipio de Paz de Ariporo en el departamento de Casanare[4].

Lo anterior, llevaría posteriormente a que el Ministerio de Cultura. a través de la Resolución 262 de 2022. “Por la cual se reglamenta lo relacionado con la identificación, la valoración, el manejo, la protección, la conservación, la salvaguardia, la divulgación y la sostenibilidad de la categoría de paisajes culturales de los Bienes de Interés Cultural”, reglamentará lo concerniente a los paisajes culturales, sin que al día de hoy se haya declarado el Paisaje Ganadero de Sabana Inundable de Paz de Ariporo en el departamento de Casanare como paisaje cultural dentro del marco de los Bienes de Interés Cultural de la Nación[5].

Ahora, producto de lo anterior, surge la posibilidad de que Colombia postule su primer paisaje agropecuario ante el SIPAM de la FAO, lo cual representaría una oportunidad estratégica para armonizar el derecho cultural, ambiental, agrario y territorial. Este proceso exige una articulación efectiva entre el ordenamiento territorial, los planes de desarrollo rural, las políticas de protección del campesinado y los instrumentos de gestión cultural y ambiental.

Recordemos que desde el ámbito internacional el paisaje como unidad de planificación ha sido impulsada por instrumentos como la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (Unesco, 1972), el Convenio Europeo del Paisaje (2000) y, especialmente, por la iniciativa SIPAM de la FAO, establecida en 2002.

Los SIPAM reconocen agroecosistemas únicos, resilientes y vivos, gestionados por comunidades locales mediante conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles. Hasta la fecha, la FAO ha reconocido 89 sistemas en 28 países, lo cual indica que si Colombia entra dentro del listado, sería la primera vez para un país rico en diversidad natural, cultural y social.

Este programa no solo promueve el reconocimiento nacional e internacional de los sistemas agrícolas tradicionales, sino que impulsa su preservación activa, combinando conservación con desarrollo rural, seguridad alimentaria, fortalecimiento de medios de vida y protección de bienes comunes.

Reconocer y gestionar los paisajes agropecuarios colombianos como patrimonio agrícola mundial no es un lujo, es una necesidad. En un país profundamente rural, con desafíos de inequidad, concentración de la tierra y degradación ambiental, esta iniciativa puede convertirse en una herramienta poderosa para la transformación territorial con justicia social y sostenibilidad.

De acuerdo, a lo expresado por la Directora General de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la doctora Dora Inés Rey Martínez, lograr declarar el paisaje ganadero de la Sabana inundable de Paz de Ariporo, sería un hito en nuestro país, lo cual, llegaría a generar oportunidades de fortalecer la producción agropecuaria sostenible y generaría el desarrollo de otras actividades que conserven el paisaje y le permitan devengar ingresos adicionales a la comunidad[6].

El camino jurídico y técnico está trazado de forma preliminar con la Carta de paisaje agropecuario. Ahora sigue esperar la materialización del reconocimiento internacional, para que se conjugue con la voluntad política y la movilización social, dando un valor esencial a la riqueza paisajística, cultural y productiva que merece ser protegida, visibilizada y transmitida a las futuras generaciones.

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