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26 de Mayo de 2024 /
Actualizado hace 1 día | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Etcétera

Derecho Internacional

El Estado gendarme o el Estado constitucional: dos apuestas presidenciales en América Latina

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Floralba Padrón Pardo
Directora del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia
Integrante de ICON-S Colombia

El presidente de Argentina, Javier Milei, pareciera que quiere revivir en pleno siglo XXI la política laissez faire et laisser passer propias del liberalismo económico del siglo XVIII, puesto que ha declarado que su gobierno no tendrá intervención alguna en la economía, que se limitará a cumplir las funciones de un Estado mínimo, específicamente a tratar de preservar el orden interno y externo. Esto ignora la transformación que se ha experimentado del Estado liberal-Estado gendarme, al Estado como garante de la condición humana y de la dignidad de las personas, lo cual puede enfocarse en dos grandes avances: (i) El Estado social de derecho y (ii) el Estado de la constitucionalización de los derechos fundamentales.

Esta evolución se traduce y concreta en la igualdad material de derechos de la población, en los derechos sociales y en la protección de los sectores más débiles de la sociedad frente a los poderosos y privilegiados. El nuevo gobierno argentino considera lo siguiente frente a los deberes del Estado como organización jurídico-política: (i) la función del Estado se agota con la preservación del orden interno y la protección de las fronteras. (ii) Todas las empresas del Estado deben ser privatizadas. (iii) La educación pública debe desaparecer y ser sustituida por un bono o auxilio de matrícula para las familias que usan la educación oficial con el fin de que puedan ingresar a sus hijos a las escuelas privadas. (iv) El cierre del Banco Central, debido a que sus políticas monetarias son culpables de la inflación monetaria que arruina la economía del país, además de ser una imposición de las castas políticas envueltas en la corrupción. En su lugar, el presidente argentino tratará de eliminar el peso para implantar la dolarización de la economía, siempre negando que entrega la soberanía económica de la nación. Esto va de la mano con el rechazo oficial de Argentina para integrar el grupo BRICS. A la par, Argentina ha anunciado que no tendrá relaciones comerciales con aquellos países que estima comunistas, o bajo la influencia del comunismo, como China y Brasil. Así mismo, arremete contra el denominado Foro de Sao Paulo, como agrupación de los países proclives al socialismo del siglo XXI.  

Esto muestra la institucionalización de una política gubernamental en vez de las directrices constitucionales y del derecho internacional, una renuncia al papel interventor, subsidiario y necesario del Estado para corregir graves desigualdades. Por ejemplo, se desconoce la posibilidad de la intervención estatal en la construcción de obras públicas con el fin de impulsar el consumo y generar empleo; en su lugar esas medidas se califican como excluyentes y capaces de eliminar la autonomía privada, fundamental para el progreso económico.

El nuevo gobierno argentino se autoproclama como libertario, por lo tanto, considera que la drogadicción pertenece al fuero interno del individuo: el que se quiera drogar que lo haga. No obstante, ese carácter libertario del nuevo residente de la Casa Rosada es enemigo frontal y radical de derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, porque la mujer no es dueña de su cuerpo, toda vez que el nasciturus es un cuerpo distinto y con ADN diverso, un titular del derecho a la vida; abortar será siempre un delito, lo que va en contra de las conquistas sociales logradas por la comunidad política argentina durante la última década.

Todas estas situaciones son contrarias a la práctica de un constitucionalismo garantista o, al menos, de las democracias constitucionales contemporáneas. También marcan la polarización política de las sociedades latinoamericanas, pues mientras Argentina instala el llamado libertarismo y amenaza con una ola de privatizaciones, países como México incrementan el gasto público. Esto marca el retorno al descuidado debate entre Estado y economía, libertad total y cero intervencionismo, o papel subsidiario o social del Estado; de la misma forma, marca un desafío permanente a la consolidación del Estado constitucional.

Nota: Agradezco la colaboración del profesional Oscar Padrón Herrera, abogado experto en derecho penal y en responsabilidad extracontractual del Estado.

Editoriales: Lijursánchez, Ejército Nacional, Academia Colombiana de Derecho Internacional, Uniandes (Ecuador) y Universidad de La Laguna en España

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