Juan Manuel Charry Urueña
Abogado constitucionalista

En una época marcada por la globalización, la revolución tecnológica, la crisis ambiental y el aumento de las desigualdades, el constitucionalismo –ese conjunto de principios que estructura el poder, protege los derechos y da coherencia al orden democrático– enfrenta desafíos sin precedentes. Lejos de ser un concepto estático, el constitucionalismo debe adaptarse para seguir cumpliendo su misión fundamental: garantizar la dignidad humana, la justicia y la paz en sociedades profundamente cambiantes.

Uno de los principales retos del constitucionalismo contemporáneo es la concentración de poder en manos de megaempresas tecnológicas. Corporaciones como Google, Amazon, Meta o Apple tienen más capacidad económica y de influencia que muchos Estados. Controlan plataformas que median las relaciones sociales, políticas y económicas de miles de millones de personas. Al recolectar datos personales, moldear algoritmos y decidir qué información circula, estas empresas ejercen un poder real, pero sin el control democrático ni la responsabilidad pública que se exige a los poderes del Estado. Frente a esto, los sistemas constitucionales deben preguntarse cómo regular efectivamente a estos actores, protegiendo la libertad de expresión y la privacidad, sin comprometer la innovación ni la libre empresa.

Ligado a este fenómeno, las redes sociales han transformado radicalmente la esfera pública. Si bien han permitido una participación ciudadana más activa y horizontal, también han facilitado la desinformación, los discursos de odio y la polarización política. En contextos como los procesos electorales de EE UU en 2016 o Brasil en 2018, el uso de redes sociales para manipular opiniones evidenció la fragilidad de las democracias ante la posverdad. El constitucionalismo debe repensar cómo garantizar una comunicación libre, plural y veraz, que fortalezca y no debilite la deliberación democrática.

Otro gran desafío es la persistente desigualdad social y económica. Según Oxfam (2022), el 1 % más rico del mundo concentra casi el doble de la riqueza que el 99 % restante. Esta estratificación crea barreras de acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación o la vivienda, y erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas. El constitucionalismo debe dejar de ser solo una promesa jurídica y convertirse en una herramienta efectiva para garantizar la justicia social. Esto implica repensar el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales, y dotar a los jueces y legisladores de mecanismos para hacerlos exigibles.

En muchos países, especialmente del sur global, el conflicto armado y la violencia crónica siguen siendo una amenaza constante. Colombia, por ejemplo, ha vivido décadas de guerra interna, y aunque se firmó un acuerdo de paz con las Farc en 2016, nuevas formas de violencia persisten, alimentadas por el narcotráfico y la desigualdad. La incapacidad de los marcos constitucionales para prevenir o resolver estos conflictos pone en evidencia la necesidad de constituciones más inclusivas, que reflejen la diversidad étnica, cultural y territorial, y que promuevan la reconciliación y la participación de todos los sectores sociales.

Además, el avance del populismo autoritario en varias partes del mundo ha puesto en entredicho principios esenciales como la separación de poderes, la independencia judicial y la protección de las minorías. Gobiernos populistas han buscado debilitar a los tribunales, manipular los procesos electorales y consolidar un poder sin contrapesos, todo en nombre de “la voluntad del pueblo”. Aquí, el constitucionalismo debe mostrarse firme en la defensa del Estado de derecho y de los límites al poder, incluso si estos límites resultan impopulares.

En resumen, el constitucionalismo actual está llamado a evolucionar. Ya no basta con declarar derechos en el papel: es urgente hacerlos realidad frente a nuevos centros de poder, nuevas formas de violencia y nuevos riesgos globales. Lejos de ser una crisis terminal, esta es una oportunidad histórica para repensar y revitalizar el constitucionalismo como una herramienta viva, al servicio de la democracia, la justicia social y la dignidad humana.

Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com

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