Levantamiento del estado de conmoción no elimina riesgo de acciones que afecten titularidad, tenencia y ocupación.

Declaración de pertenencia no procede sobre bienes imprescriptibles o de propiedad de entidades públicas.

La iniciativa busca reducir la brecha de género en el sector agropecuario y fortalecer la participación económica de las mujeres en el campo.

La implementación del SINIC tiene como objetivo garantizar información más precisa, confiable y homogénea en todo el territorio nacional.

La ANT deberá asesorar a las autoridades del cabildo sobre procedimientos administrativos para adquisición de tierras.

En marzo y abril se desarrollará el proceso para postularse a distintas entidades del orden nacional.

Desafíos para cumplir órdenes judiciales en procesos de restitución de tierras reflejan dificultades estructurales.

La medida aplica mientras esté vigente el estado de conmoción interior e incluso bajo insistencia del interesado.

La Agencia Nacional de Tierras sería la encargada de la compra y entrega de predios rurales.

La CNSC inició la divulgación del concurso que permitirá acceder a cargos en los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial.

La Contraloría identificó 14 hallazgos administrativos, 6 con impacto fiscal y 10 con posible responsabilidad disciplinaria.

Ya el Gobierno Nacional ha dirigido sus intenciones a hacer obligatorias las áreas de protección para la producción de alimentos de iure.

Se presenta luego de fracasar la negociación entre administración y propietario, pero requiere una emergencia imprevista.

La medida busca concluir procesos pendientes de adquisición de tierras para beneficiar a las comunidades afectadas.

AMBITO JURÍDICO hará seguimiento al proceso de expedición normativa y de revisión de legalidad y actualizará constantemente este especial.

Las autoridades locales podrán autorizar transporte colectivo, individual y mixto sin ajustar permisos previos.

Cumplió su periodo Gerson Chaverra Castro, el primer afrodescendiente que desempeña la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en sus más de 200 años de historia.

Buscan mitigar los efectos del orden público sobre la titularidad y tenencia de tierras de campesinos, pequeños y medianos productores.

Los recursos se destinarán a actividades productivas agropecuarias y de infraestructura rural.

La ANT aplicará procedimientos de negociación directa para adquirir predios rurales, según las leyes vigentes.

Los veteranos de las Fuerzas Armadas colombianas poseen una valiosa experiencia en la guerra de guerrillas, narcoterrorismo y las operaciones contrainsurgencia.

Consejo de Estado ratificó su competencia para conocer sobre la nulidad de normas que exceden la potestad reglamentaria.

La Sala de Consulta y Servicio Civil emitió un concepto por solicitud del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Busca resolver conflictos agrarios y fortalecer la justicia en las zonas rurales de Colombia.

La diligencia se realizará el próximo lunes 16 de diciembre a partir de las 9:00 a. m., en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia.

La intención es sistematizar los principios del derecho agrario dispersos en la legislación y la jurisprudencia; distribuir competencias entre juzgados, tribunales y altas cortes y establecer reglas procesales especiales para el mundo agrario.

A pesar de la firma del acuerdo de paz, el control fiscal revela importantes retrasos y deficiencias en la planificación y ejecución de los compromisos asumidos.

Inexequibles varias expresiones del artículo 23 de la Ley 1561 del 2012, sobre otorgamiento de títulos de propiedad.

Entre los beneficios del programa se incluye el acceso a líneas de crédito preferencial, gestionadas en colaboración con la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Se han entregado y formalizado más de 1,3 millones de hectáreas como parte de la reforma rural, beneficiando a miles de familias.

La investigación busca identificar responsables y determinar si hubo faltas disciplinarias en la gestión contractual.

Esta iniciativa priorizaría zonas estratégicas como núcleos de reforma agraria y áreas de protección para la producción de alimentos.

Se puede interactuar con un chatbot impulsado por inteligencia artificial que responde preguntas a los usuarios sobre la jurisdicción.

Se busca acelerar la respuesta del sistema penal acusatorio, descargue la ponencia y siga en vivo el debate.

Los proyectos productivos incluirán apoyos a organizaciones y formas asociativas campesinas para impulsar el desarrollo económico y ecológico en Colombia.

Es probable que solo bajo una mirada que reconozca la necesidad de profundas transformaciones en nuestro sistema alimentario podamos evitar una tragedia de proporciones globales.

En la literatura especializada sobre Derecho Agrícola y Derecho Agrario, a menudo se emplean definiciones que pueden generar confusión al utilizarse de manera indistinta.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (28 de octubre al 1º de noviembre).

Quedarían excluidos los parques nacionales y las islas del archipiélago de San Andrés.

Las comunidades podrían participar como operadores catastrales, garantizando la precisión de la información territorial.

El decreto otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas, permitiéndoles formular y desarrollar instrumentos de regulación y gestión ambiental.

La estrategia abarca seis áreas específicas que pretenden generar un impacto directo en temas clave como la reforma rural y la seguridad territorial.

El tribunal cuestionado omitió estudiar la vulnerabilidad sobreviniente alegada por la accionante tras proferir el fallo demandado.

El documento técnico será la guía para la formulación de programas, planes y proyectos en el sector salud que beneficiarán a estas comunidades.

El fallo explica que las normas se expidieron con violación de los principios de publicidad, consecutividad e identidad flexible.

El proceso verbal debe atender condiciones de vulnerabilidad del campesinado y comprender distintos usos de la tierra.

El sistema de licencias urbanísticas en Colombia es una herramienta esencial para la gestión ordenada del territorio y el desarrollo urbano.

El decreto se enmarca en el contexto de la Ley 70 de 1993, que reconoce y protege los derechos de las comunidades negras en Colombia.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera mejorar el acceso a tierras para fomentar el desarrollo agrícola y rural en Colombia.

Es indispensable que la discusión sobre este tema se dé en escenarios meramente técnicos que comprendan el análisis práctico de lo que se propone.

La designación debe adelantarse solo cuando se elija al representante del resguardo Asowilches y su suplente.

Se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la implementación efectiva de los planes de desarrollo sostenible en el ámbito rural.

Nuestro Derecho continúa desarrollándose o debatiéndose entre lo criollo y lo importado, sea anglosajón o continental, entre el positivismo y el realismo.

Es deber inaplazable del Estado salvaguardar derechos a la vida e integridad personal de los líderes sociales.

El fin constitucional perseguido por la norma resulta imperioso, en concordancia con la expresa cláusula de inalienabilidad superior.

La norma reconoce las competencias de las autoridades indígenas del Cric para gestionar y preservar sus territorios y sistemas económicos.

Los avalúos deberán considerar la aptitud agropecuaria y cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1170 del 2015.

La Contraloría le solicita al Gobierno un incremento significativo en los recursos destinados a la atención de las víctimas del conflicto.

Luego de su paso por la Corte Constitucional, el abogado Alejandro Linares Cantillo regresa a la firma Gómez-Pinzón Abogados (GPA). ÁMBITO JURÍDICO conversó con Linares sobre temas de actualidad jurídica.

Propone reglas especiales para la resolución de conflictos agrarios y busca garantizar justicia efectiva en el campo colombiano.

El undécimo informe presentado al Congreso revela insuficiencia de recursos y dificultades en la reparación integral de más de 9 millones de víctimas del conflicto armado.

El VI informe de seguimiento de la entidad reveló retrasos especialmente en la adjudicación de tierras, seguridad territorial y articulación interinstitucional.

La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, se pronuncia sobre los avances en materia de iniciativas legislativas, de la inteligencia artificial al servicio de la justicia y de otros temas de importancia para el sector.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (12 al 16 de agosto).

La judicialización de las decisiones administrativas no conculca derechos, solo los garantiza y previene situaciones de futura litigiosidad contra el Estado.

Las aspirantes tienen destacadas trayectorias en defensa de los derechos humanos.

En total, se habrían direccionado 21 órdenes de contratación por un valor de $ 228.884 millones de pesos.

El profesional recibió una sanción de dos meses por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La falta de avances en la reforma rural integral y la protección de líderes sociales son los temas más preocupantes después de dos años de Gobierno.

El articulado plantea que el Estado garantizará este derecho de manera progresiva y salvaguardando la interculturalidad.

Incluso con el filtro de la censura, uno ve un régimen que ha sido claramente inferior a la responsabilidad que ha asumido y que no puede tapar el sol con las manos.

Ante el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos a los exfuncionarios.

Cuando se vulnera el debido proceso de las víctimas de desplazamiento forzado se obstaculiza la materialización de otros derechos.

Solo podrá participar un representante legal por organización.

La violación al principio de publicidad tiene grandes connotaciones tratándose de reformas que implementan el acuerdo de paz.

La Ley 160 de 1994 otorga competencia a la entidad para autorizar, en casos especiales, el inicio de dichos procedimientos.

La norma beneficiará a jóvenes y mujeres rurales, así como a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Este tipo de crédito va dirigido a los productores agropecuarios que ejecuten nuevas inversiones dentro de sus proyectos productivos.

Estará conformada por 54 representantes del campesinado, 39 serán escogidos por la Convención Nacional Campesina.

En 2025 se implementarán los aumentos de incentivos para los proyectos de generación de excedentes agroproductivos y de fortalecimiento sociocultural.

Es hora de reconocer que los avances en regulaciones financieras, bancarias y empresariales obligan a que se reescriban las tradicionales figuras del Código Penal.

El principal objetivo de esta norma es el reconocimiento de la territorialidad de las comunidades campesinas, así como sus saberes, tradiciones y costumbres históricas sobre la labor agropecuaria.

La iniciativa proyecta una mejor articulación y coordinación entre los sistemas de justicia transicional.

Se tendrán en cuenta aspectos relacionados con el territorio, población, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes de constitución, entre otros.

Las plenarias de la Cámara y del Senado deberán votar el informe para que la iniciativa avance a su revisión constitucional.

Rodríguez fue elegido para el mismo cargo en agosto del 2022, pero un año después el Consejo de Estado anuló la designación.

Se modifica el Decreto 1170 del 2015.

El 29 de diciembre de 1386 los franceses asistieron al último juicio por combate de la historia y el honor de un hombre fue restablecido, pero el de una mujer no.

El proyecto pasará a conciliación y luego será sancionado por el presidente Gustavo Petro.

El autor del proyecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que este es un paso decidido en beneficio de los derechos a la participación efectiva de las víctimas del conflicto.

Según el documento, solo podrá participar un representante legal por organización.

Según el documento, uno de los criterios es ser víctima del conflicto armado.

Existen preocupaciones por el no cumplimiento de los fallos que profieren los jueces civiles de restitución de tierras.

El objetivo de esta estrategia es promover la transparencia en la administración de bienes, recursos, celebración de contratos y compra de tierras.

El objetivo es generar un espacio de diálogo y reflexión.

Procurar el desarrollo de una actividad económica lícita y pacífica a lo largo y ancho del territorio nacional es una tarea de muy difícil consolidación.

En la UNGRD el crecimiento estuvo asociado a las medidas de emergencia durante la pandemia. Sin embargo, el gasto en esa entidad continúa siendo casi cuatro veces su presupuesto del 2019.

Se constató un vicio de procedimiento violatorio del debido proceso por indebida conformación del juez natural para decidir el asunto.

El proyecto será debatido por la Comisión Quinta del Senado de la República.

Según el documento, se adicionaron al artículo 48 de la Resolución 340 del 2024 varios productos del IGAC.

Según el documento, los gastos procesales y extraprocesales deben ser asumidos por el Estado.

En sentencia del 2018, se ordenó en favor de accionante y su cónyuge la restitución de la parcela denominada “Villa Yina”.

Como el beneficiario es totalmente extraño al acto es indispensable que acepte la estipulación convenida a su favor.

La iniciativa busca promover condiciones de seguridad y autonomías alimentarias en la población.

Según la demanda, se impide el acceso a la administración pública y se viola el debido proceso por falta de claridad sobre la medida.

De acuerdo con la demanda, se está trasladando indiscriminadamente al juez de restitución de tierras funciones que corresponden a otra rama del poder público.

Este incremento, señaló el Defensor del Pueblo, aplica a partir del próximo 1 de julio y cubre hasta el 31 de diciembre del 2024.

Este libro logra mostrar cómo la vida se vive a través de instituciones como el contrato y la propiedad.

El Plan tendría como objetivo implementar estrategias y acciones dirigidas a la rehabilitación psicosocial comunitaria con víctimas.

Según el documento, los salarios oscilan entre $ 2.149.560 y $ 15.410.490.

Según la SIC, los sancionados se vieron favorecidos en más de 33 procesos de contratación adelantados por distintas entidades del Estado.

Uno de los criterios de priorización de tierras es tener experiencia en la ejecución de actividades agropecuarias en calidad de arrendatarios, aparceros, jornaleros o similares.

El proceso especial de restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas reviste ciertas complejidades distintas a las de la ruta individual.

Dicha sesión, programada para hoy 18 de marzo, busca identificar las falencias más críticas que enfrenta esta política pública.

Se deberán tener en cuenta enfoques diferenciales, como el étnico en el caso de derechos territoriales.

La modificación normativa propuesta en el proyecto ahuyenta aún más las oportunidades de inversión extranjera en las áreas rurales y dificulta la atracción de capital a estas áreas.

La entidad recalcó que las advertencias y recomendaciones emitidas en su vigilancia preventiva no implican coadministración o intromisión en las decisiones estatales.

El concepto de víctima entraña una relación íntima con los humanos y la necesidad de proteger su dignidad.

Los procedimientos administrativos para la ampliación, saneamiento y protección de tierras serán autónomos con respecto a otros trámites administrativos.

Según el decreto, el soporte operativo de la entidad será ofrecido por una sociedad fiduciaria pública que administrará los recursos.

Los juzgados creados atenderán los procesos de las rutas colectivas en los circuitos judiciales de Apartadó, Mocoa, Popayán y Quibdó.

El proyecto plantea que los procedimientos administrativos para la ampliación, saneamiento y protección de tierras serán autónomos con respecto a otros trámites administrativos.

Algunos de los aspectos para tener en cuenta son el acceso, tenencia y gobernanza de la tierra como puntos claves para el desarrollo del campo colombiano.

Las víctimas no tienen el deber de cubrir los gastos procesales, salvo cuando se acredite dolo, temeridad o mala fe.

Según el documento, este proyecto solo aplicaría para los servicios públicos de energía eléctricay gas natural dirigidos a la producción agropecuaria.

Se fundamentó la ausencia de responsabilidad en la configuración de una fuerza mayor como causa eximente de la responsabilidad.

La modificación prevista en el artículo 32 de la Ley 2294 del 2023, sumado a la jerarquización en el sistema de niveles, nos obliga a reflexionar sobre sus implicaciones e impactos.

Los predios que tienen que transferir cesiones de terreno gratuitas al municipio o distrito son aquellos que no se han urbanizado.

Los juzgados del circuito estarán ubicados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, mientras que la primera sala nacional de magistrados funcionará en la capital boyacense.

Leyes que autorizan o habilitan tributos deben contar con unos elementos mínimos de delimitación y marco de acción.

El crédito financiaría la adecuación de tierras e infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones.

La explosión creadora de cortes y tribunales tiene varias explicaciones: desde las loables ganas de que existan instituciones súperespecializadas, hasta la fiebre burocrática que, de tanto en tanto, embarga a los legisladores.

Suprimir competencia de los jueces para conocer los procedimientos agrarios en fase judicial requiere de un trámite diferente.

Las hipótesis que justifican la modificación normativa propuesta por los funcionarios del Gobierno son irreales.

No se pueden relativizar los derechos derivados de la ocupación ancestral frente a la calificación de ciertos territorios.

La Corte Constitucional admitió nueva demanda contra varios incisos del numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 del PND.

El Congreso de la República escuchó las ponencias de los ternados por el presidente y eligió a quien ocupará el cargo del magistrado saliente Alejandro Linares.

El presidente Petro postuló el pasado 2 de octubre a los abogados Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega.

Esta convocatoria estará vigente hasta el 30 de octubre del 2023.

La abogada Carolina Bayona Estupiñán, experta en derecho de tierras, habló sobre la transformación en materia de institucionalidad agraria.

En el documento figuran tres nombres: Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega.

Aotearoa es el nombre maorí de Nueva Zelanda: hoy es nombre oficial del país, el nombre autóctono de la ‘Nueva Europa’ que quisieron llamar ‘Nueva Zelanda’.

El primer ejemplo específico de aplicación del ingreso básico universal se dio en EE UU y, más concretamente, en Alaska.

La normativa plantea ochos subsistemas que harán parte del SINRADR, los cuales serán liderados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de una entidad coordinadora.

La ministra Jhenifer Mojica planteó que el presupuesto del 2024 para su cartera se incremente.

Tierras expropiadas al narcotráfico y administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasarán al campesinado de Colombia.

El propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras.

El Acto Legislativo 01 del 2023 otorga a los campesinos el estatus de sujetos de especial protección constitucional.

Entendemos el fin de esta modificación, pero la celeridad no puede ser óbice para el respeto de la división de poderes.

La mayoría de beneficiarios son campesinos víctimas de conflicto armado.

Se dará prioridad a las mujeres campesinas, los jóvenes, las víctimas de la violencia y los reincorporados.

El Gobierno busca pasar del enfoque de administración de tierras al de una administración del territorio, teniendo en cuenta las particularidades del país.

El Gobierno demostró su compromiso con duplicar el presupuesto para el sector agrícola y el desarrollo rural.

Este proceso no solamente debe aplicarse a transacciones complejas entre compañías, sino también en el día a día para conocer qué personas están comprando un bien o adquiriendo un servicio.

En el caso nacional, los espacios de gobernanza ambiental deben incluir la participación activa y decisoria de las mujeres.

Dado el mandato de la ley del PND, se anticipa un mayor volumen de este tipo de procesos agrarios.

Tanto el contribuyente como el inmueble deben estar inscritos en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

Las modificaciones desconocen la implementación de lo acordado sobre la destinación de los predios rurales provenientes en desarrollo del Acuerdo Final de Paz: Corte Constitucional.

La Agencia Nacional de Tierras amplía, por quinta vez, el territorio del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, en el que habitan 18.183 indígenas.

El proyecto estratégico pretende abastecer los acueductos de nueve municipios de La Guajira y los sistemas de riego en los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar.

Explican el deber las autoridades judiciales de asumir el proceso de restitución de tierras desde una perspectiva articulada.

Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales del campesinado al debido proceso administrativo y al acceso progresivo a la tierra.

Es una lástima que no se cree la Corte Agraria y Rural, que sí hace falta como órgano único de cierre en los asuntos civiles y administrativos relacionados con lo agrario.

Los 369 artículos que componen la hoja de ruta de este cuatrienio están centrados en alcanzar cinco grandes metas.

Desde el 23 y hasta el 31 de mayo, varios expertos hablarán de los retos y oportunidades del PND.

La coordinación para la gestión de SAMAI estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado.

ANT había dejado sin efectos el acto de adjudicación argumentando que, debido a su formación académica, la mujer “ya no se identifica como campesina’’.

El presidente de la República nombró siete ministros en carteras clave para su gestión.

Los nuevos integrantes son Manuel Peña Suárez, Ángela María Sarmiento, Juan Carlos Bedoya y Adriana María Jiménez.

Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

Avanza en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política que establece la jurisdicción agraria y rural.

Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.

Los beneficiarios también recibirán capital para crear un proyecto productivo viable.

Es fundamental reconocer la importancia que tienen las comunidades indígenas y negras en la conservación de los bosques y los recursos naturales renovables.

La iniciativa responde a los compromisos que el Estado adquirió con la firma del Acuerdo de Paz en materia de justicia rural.

Corte resolvió un conflicto de competencia que se presentó en una demanda de imposición de servidumbre de energía eléctrica.

Las iniciativas lideradas por jóvenes y mujeres tendrán mayores calificaciones en el proceso de evaluación.

Cuando intervienen entidades públicas tanto en la parte accionante como en la convocada se aplican las reglas del 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso.

El juez no puede responder por funciones que son propias de los servidores de secretaría de su despacho o incluso del Centro de Servicios para esos juzgados: CNDJ.

Preocupa sustancialmente que la cosmovisión étnica comprometa el uso del suelo de todas las áreas del país.

Estos recursos se destinarán a la compra de tierras para la Reforma Agraria y a la ampliación de la infraestructura educativa, entre otras.

Las autoridades administrativas deben acompañar e impulsar los procesos agrarios cuando se pretende la adjudicación de bienes fiscales rurales: Corte Constitucional.

Es indudable la necesidad de buscar soluciones a esta problemática tan grande que enfrenta el mundo.

El documento se construyó tras el desarrollo de 51 diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuesta.

Consejo de Estado recordó elementos que debe contener la resolución que resuelve de fondo el procedimiento de clarificación.

Las acciones definidas en los PAF deben encontrarse armonizadas con la política pública del Gobierno Nacional.

El cambio de gobierno a mediados del 2022 marcó el rumbo y las políticas públicas que fueron tendencia en el año que recién culmina. ÁMBITO JURÍDICO les recuerda las noticias más importantes.

Esta norma es clave para financiar los principales programas del Gobierno Petro el próximo año.

Según se comprobó con el material probatorio analizado a la luz de la normativa legal vigente para la época de expedición de los actos acusados.

El país está a merced de interpretaciones jurisprudenciales para establecer qué es un bien baldío.

La Corte Constitucional emitió órdenes y exhortó a distintas entidades públicas, para dar cumplimiento a los términos del fallo y efectuar las políticas y los planes de acción allí dispuestos.

Vamos a ver qué tanto éxito tiene darle a ‘presupuestada’ también el sentido de ‘prevista’, ‘programada’, ‘agendada’.

Dicha información fue entregada por el ente de control en medio del cuarto informe sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz.

Todo el sistema de registros prediales del país, incluyendo los registros catastrales y de propiedad, tiene profundas dificultades en materia de seguridad jurídica.

Suele olvidarse que una condena obtenida con prontitud e impuesta a una persona de carne y hueso vale más que una pena formalmente alta, pero que no se aplica.

La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios citó para hoy martes a la primera reunión.

El acuerdo posibilitará la compraventa de tres millones de hectáreas de tierras fértiles para entregar a los campesinos y avanzar en la reforma agraria integral.

Celebremos la institucionalidad judicial agraria, pero rodeémosla de adecuadas herramientas, procesos policivos céleres y eficaces.

La teoría de la economía no extractivista tiene mucho de no extractivista y cero de doctrina económica.

Los parámetros están dirigidos a las servidumbres que se configuran por la construcción, operación o mantenimiento de obras de utilidad pública e interés social.