El Ministerio de Justicia, en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ofrece un mecanismo administrativo para legalizar la propiedad de predios privados que hayan sido ocupados de forma pacífica, pública e ininterrumpida durante al menos cinco años.

Este proceso está dirigido a personas naturales o jurídicas, como campesinos o asociaciones con vocación agraria, que cumplan con ciertos requisitos y se inscriban en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) mediante el formulario FISO. (Lea: Acceso a la tierra y acuerdo de paz)

Una vez recibida la solicitud, la ANT verifica la información y adelanta un estudio técnico-jurídico del predio, que incluye visitas, recopilación de documentos, actas de colindancia y testimonios. Si se cumplen los requisitos y no hay oposición se emite un acto administrativo que otorga la propiedad al solicitante y se inscribe en la oficina de registro de instrumentos públicos. Este trámite no requiere abogado, pero sí puede generar costos dependiendo del patrimonio del solicitante.

En caso de presentarse una oposición, la ANT traslada el caso a un juez civil del lugar donde se encuentra el predio. El juez analiza el informe de la entidad, escucha a las partes involucradas y emite una decisión sobre la propiedad. La judicialización del trámite también es gratuita para quienes no superen el umbral económico determinado por la unidad de valor tributario (UVT), pero puede tener costos para quienes lo excedan.

Formalizar la propiedad otorga múltiples beneficios como acceso a créditos y programas estatales para el desarrollo rural. Existen tres modalidades de formalización: gratuita, parcialmente gratuita y onerosa, dependiendo del patrimonio del solicitante. No pueden acceder a este proceso quienes hayan adquirido la tenencia mediante violencia, abandono forzado, despojo o actividades ilícitas.

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