Código Penal sanciona con prisión el enriquecimiento ilícito
El enriquecimiento ilícito ocurre cuando una persona no puede justificar legalmente el origen de sus bienes o activos.Openx [71](300x120)
03 de Julio de 2025
El enriquecimiento ilícito es un delito contemplado en el Código Penal que se configura cuando una persona presenta un aumento en su patrimonio sin poder justificar su origen legal. Esto incluye la posesión de bienes, dinero u otros activos que provienen de actividades delictivas o no pueden ser explicados con fuentes lícitas. La conducta puede ser atribuida tanto a ciudadanos particulares como a servidores públicos y está asociada a prácticas ilegales como lavado de activos, corrupción y empresas fachada.
En el caso de los particulares, la ley establece que también incurre en este delito quien facilite que un tercero obtenga un incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas. La pena para los particulares oscila entre 8 y 15 años de prisión, de acuerdo con la normativa vigente. Esta medida busca sancionar el beneficio económico obtenido injustificadamente, sin necesidad de que exista una actividad previa o continua, sino simplemente la posesión de bienes sin respaldo legal. (Lea: Exnotario fue condenado por facilitar a paramilitares usurpación de tierras en Chocó)
Cuando el delito es cometido por un servidor público o una persona que haya ejercido funciones públicas la sanción aumenta. Si el incremento patrimonial ocurre durante el ejercicio del cargo o dentro de los cinco años siguientes a su retiro, la pena va de 9 a 15 años de prisión. Esta disposición busca preservar la transparencia en la función pública y evitar que se usen cargos oficiales como medio para obtener beneficios económicos ilegales.
A diferencia de otros delitos, en los que la carga de la prueba recae en la Fiscalía, en el enriquecimiento ilícito corresponde al procesado demostrar la procedencia lícita de su patrimonio. Esta particularidad obliga a los ciudadanos a llevar un control claro sobre el origen de sus bienes. El delito genera un impacto negativo en la confianza pública, pues suele estar vinculado a la corrupción y el mal uso de recursos estatales, debilitando así las instituciones democráticas.
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