El Gobierno expidió un decreto mediante el cual adiciona el Título 28 a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 del 2015, con el propósito de reglamentar el programa especial de acceso a tierras integral para el pueblo étnico Rrom o Gitano. Esta disposición busca garantizar la pervivencia física y cultural de dicha comunidad, respetando su identidad, costumbres y estructuras sociales.

La normativa contempla mecanismos de adjudicación tanto individual como colectiva, el reconocimiento jurídico de las Kumpañy y organizaciones representativas, así como la implementación de proyectos productivos acompañados de asistencia técnica. (Lea: Declaran responsabilidad estatal por fallas en atención a pueblo indígena desplazado)

Se reconoce que pese a la tradición itinerante del pueblo Rrom algunas de sus comunidades requieren espacios rurales para el desarrollo de sus prácticas culturales y actividades económicas. Por tal motivo, se prevé la adjudicación de tierras mediante distintas modalidades, como el subsidio integral, créditos especiales y la adquisición directa por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Estas adjudicaciones se realizarán previa elaboración de estudios socioeconómicos, jurídicos y culturales que identifiquen las necesidades específicas de cada comunidad.

Los predios adjudicados podrán destinarse a actividades de carácter cultural, organizativo, productivo o de tránsito, en concordancia con la función social y ecológica de la propiedad. Las Kumpañy y organizaciones beneficiarias deberán cumplir con un conjunto de obligaciones relacionadas con el uso adecuado de los terrenos, la preservación ambiental y la prohibición de transferencia sin autorización previa. En caso de incumplimiento, la ANT estará facultada para declarar la caducidad administrativa de la adjudicación y recuperar los bienes asignados.

Además, el decreto establece que la implementación del programa estará sujeta a las asignaciones presupuestales del presupuesto general de la Nación y al marco fiscal de mediano plazo. Asimismo, contempla la posibilidad de reubicación de comunidades por causas de fuerza mayor, desastre natural o declaratoria de utilidad pública. Una vez adjudicados, los títulos de propiedad se constituirán mediante acto administrativo expedido por la ANT e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, adquiriendo plena validez legal.

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.