Fue sancionada una ley mediante la cual se incorpora a las juventudes rurales al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. La normativa busca garantizar y priorizar el acceso de este sector de la población a la tierra y a proyectos productivos, con el fin de fortalecer su autonomía y reconocimiento. La ley define a los beneficiarios como jóvenes de escasos recursos, sin tierra o con tierra insuficiente, e incluye a campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales y rom.

Para cumplir con este propósito, la ley modifica disposiciones de la Ley 160/94 y el Decreto 902/17, estableciendo que las juventudes rurales son sujetos de acceso y formalización gratuita de tierras. Entre los requisitos se encuentran no superar un patrimonio neto de 1.367,54 unidades de valor tributario (UVT) y no poseer predios rurales o urbanos, salvo en los casos en que resulten insuficientes para un proyecto productivo. La Agencia Nacional de Tierras deberá reportar en el Observatorio de Tierras Rurales las titulaciones individuales asignadas a este grupo. (Lea: Descargue la política pública de lucha contra el hambre)

La norma también impulsa la creación de proyectos productivos acordes con los planes de vida de los jóvenes, fomentando actividades tradicionales e innovadoras que generen oportunidades económicas y sociales. Estos programas deberán contar con financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Trabajo y el Sena. Además, se establece la creación de un trazador presupuestal que permitirá a las entidades del presupuesto general de la Nación identificar y reportar anualmente los recursos invertidos en beneficio de este sector.

De manera complementaria, la ley promueve la asociatividad, el emprendimiento y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre los jóvenes rurales. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tendrá la facultad de diseñar programas que fortalezcan el arraigo cultural y la construcción de paz en los territorios. La normativa también contempla mecanismos de asesoría y representación jurídica para garantizar los derechos de los jóvenes sobre la tierra, así como la inclusión de personas entre 15 y 28 años en proyectos productivos, con la debida autorización en el caso de los menores de edad.

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