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Fiscalía judicializa a exdirector del DAFP por contratos irregulares con carrotanques en La Guajira

El contrato de carrotanques presentó sobrecostos por $ 13.164 millones, de los cuales se desviaron recursos a funcionarios y contratistas.

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Esto se sabe del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD)

04 de Julio de 2025

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), César Manrique Soacha, y a otras siete personas por su presunta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El exfuncionario habría recibido una coima de $ 3.000 millones por direccionar la adjudicación de un contrato para el suministro de 40 carrotanques destinados a comunidades indígenas en La Guajira.

Los otros implicados en el proceso son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija, su cuñada, contratistas, asesores y representantes de la Corporación Mixta Yapurutú. Según la Fiscalía, entre marzo del 2023 y mayo del 2025 los investigados participaron en la manipulación de contratos relacionados con el suministro de agua potable, plantas desalinizadoras, pozos y servicios de topografía, favoreciendo de manera ilícita a empresas previamente definidas. (Lea: Exgobernador de Chocó deberá pagar indemnización por perjuicios de más de $ 17 mil millones)

La investigación evidenció que Manrique Soacha gestionó recursos por $ 100.000 millones entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo de Gestión del Riesgo, con la condición de que los contratos derivados fueran adjudicados a cambio de una comisión del 7 %. Las adjudicaciones se ejecutaron con sobrecostos, falsificación de documentos y pago de sobornos, lo que consolidó delitos como peculado, lavado de activos y falsedad documental.

Uno de los contratos, firmado en octubre del 2023, asignó de forma irregular la provisión de 40 carrotanques por $ 29.000 millones a la Corporación Mixta Yapurutú. Se comprobó un sobrecosto de más de $ 13.000 millones, de los cuales se habrían desviado montos millonarios a los principales implicados. El dinero fue distribuido en efectivo mediante una red de intermediarios, incluyendo a asesores y familiares de los contratistas, quienes facilitaron los retiros y entregas ilícitas.

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