“La coordinación de competencias es uno de los desafíos de la jurisdicción agraria”

En medio de las medidas legislativas y reglamentarias que se vienen expidiendo para lograr implementar la reforma rural, la abogada Carolina Bayona Estupiñán, experta en derecho de tierras, habla sobre la transformación significativa que se surte alrededor de la institucionalidad agraria.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué tipo de cambios implica la implementación de una verdadera reforma rural integral (RRI)?

Carolina Bayona Estupiñán: Las reformas rurales se enfocan en el desarrollo social de las comunidades rurales. En este contexto, es esencial concebir la RRI como un proceso que no solo incluye la redistribución de la propiedad de la tierra, sino que también conlleva cambios significativos. Por ejemplo, fomentar una mayor descentralización en las esferas institucionales, de modo que todas las entidades involucradas en la implementación de la reforma tengan presencia y competencias a nivel regional. En los ámbitos productivo y económico, es esencial explorar nuevas opciones de acceso a la propiedad, reevaluando los criterios de asignación de tierras. Además, se deben establecer redes de colaboración con un enfoque particular en el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Por otro lado, las acciones del Estado y el sector privado desempeñan un papel fundamental y deben ser colaborativas y complementarias. Es imperativo involucrar a los empresarios que se benefician del sector agropecuario para que contribuyan de manera equitativa al desarrollo social de las zonas rurales. En el ámbito económico, es esencial buscar nuevas fuentes de financiamiento para el sector agropecuario y fortalecer los sistemas de seguros agrícolas. Además, se deben establecer relaciones innovadoras entre los diversos actores que operan en este sector.

Á. J.: ¿Y en los ámbitos social y ambiental?

C. B. E.: En el ámbito social, es fundamental promover el empoderamiento y la capacitación de los campesinos y las comunidades étnicas, fortaleciendo sus habilidades y brindando igualdad de oportunidades. Esto implica una distribución más equitativa de capacidades para atender las necesidades y demandas de diversos grupos relacionados con las zonas rurales. Además, se deben desarrollar nuevas formas de colaboración y participación de la sociedad civil que refuercen su autonomía y, al mismo tiempo, fomenten modelos de gestión social, protección de derechos ciudadanos y revitalización de las áreas rurales. El objetivo principal de la RRI debe ser estimular una participación activa de la comunidad y promover el fortalecimiento de las tradiciones y costumbres de las poblaciones campesinas y originarias, que aportan aspectos valiosos al mundo moderno.

Finalmente, en la esfera ambiental, es imperativo llevar a cabo programas educativos y promover activamente la preservación de los ecosistemas. Esto es esencial para asegurar el bienestar y la calidad de vida tanto de la población como del entorno natural. Todas estas acciones están encaminadas hacia la consecución del desarrollo sostenible y la búsqueda de la justicia agraria social, con un enfoque en el fomento de la conservación de los recursos naturales.

La combinación de estos aspectos, entre otros igualmente relevantes, como los que incluyen las reformas agrarias y rurales tradicionales, nos conducirá a la implementación efectiva de una auténtica RRI.

Á. J.: Luego de 29 años de la expedición de la Ley 160 de 1994, se reglamentó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (SNRADRC). ¿Cómo cree que impactará esta regulación?

C. B. E.: Durante casi tres décadas, el SNRADRC se desarrolló con seis subsistemas, pero nunca se implementó, debido a la falta de regulación que definiera su funcionamiento; con las modificaciones introducidas por la Ley 2293 del 2023 a la Ley 160 de 1994, se está llevando a cabo una transformación significativa en la institucionalidad agraria. Esto implica no solo la inclusión de diversas entidades, sino también una reestructuración en su organización y participación. Además, se están modificando los subsistemas previamente establecidos bajo la Ley 160, ahora con un enfoque más integral que abarca aspectos institucionales, económicos, sociales y ambientales.

El hecho de que se esté regulando en este momento el SNRADRC es una respuesta a una de las deudas pendientes con las comunidades rurales. Lo crucial es que esta regulación no quede solo en el papel, sino que se implemente de manera efectiva, involucrando activamente a las comunidades en su proceso. De esta forma, podremos avanzar hacia la consecución de los objetivos planteados y evitar repetir la historia de reformas agrarias pasadas que no se tradujeron en transformaciones sociales significativas.

Á. J.: Desde el Gobierno se han radicado proyectos de ley que reglamentan la jurisdicción agraria. ¿Cómo califica las propuestas y cuáles son los desafíos?

C. B. E.: Colombia ha intentado establecer una jurisdicción agraria durante 87 años, pero ahora estamos más cerca que nunca debido a la voluntad política actual. Para que esta jurisdicción sea exitosa, debe abordar asuntos civiles, contenciosos, ambientales, derechos humanos y de paz. Al evaluar los elementos clave de la justicia social agraria, en el contexto de una RRI, se vuelve claro que contar con jueces altamente capacitados en asuntos agrarios y rurales es fundamental. Estos jueces deben poseer un conocimiento profundo en áreas como la redistribución de la propiedad de la tierra, la resolución de conflictos relacionados con la tenencia, uso, productividad y la gestión ambiental del suelo rural, así como la promoción de la participación comunitaria activa. Su misión debe ser garantizar el bienestar y la calidad de vida tanto de la población como del entorno natural, en línea con los principios de desarrollo sostenible y la búsqueda de la justicia agraria social.

La nueva jurisdicción enfrenta diversos desafíos, y uno de los más significativos es la necesidad de coordinación. Esto no solo implica la coordinación de competencias en una jurisdicción supra-especializada, con órganos de cierre compartidos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sino también la alineación de políticas agrarias y de planificación ambiental territorial por parte del Gobierno Nacional.

Carolina Bayona Estupiñán

Es especialista en Derecho Público, en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial, magistra en Derecho Administrativo y candidata a doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Además de su dedicación a la academia, se ha desempeñado como asesora jurídica de ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres de Corpoboyacá. Actualmente, es docente de planta de la Escuela Superior de Administración Pública (territorial Boyacá-Casanare).