Lorena Garnica de la Espriella
Magistra en Derecho de los Negocios Universidad Francisco de Vitoria (España)

Colombia tiene más de 114 millones de hectáreas, de las cuales, al menos, el 74 % corresponde a territorio clasificado como rural o rural disperso.

Generar oportunidades lícitas y pacíficas de ocupación del territorio depende de la actuación coordinada de actores públicos y privados que propicien inversiones en áreas rurales para generar bienestar a los ciudadanos ubicados en esas regiones, empleos directos e indirectos, cobertura en materia de seguridad social y provisión de bienes públicos.

La seguridad jurídica constituye un pilar esencial para atraer y mantener la inversión, pues garantiza a los agentes económicos que las reglas aplicables a su actividad serán estables, claras y predecibles. Desde la perspectiva del derecho de propiedad y de los negocios, la seguridad jurídica implica que los derechos adquiridos, los contratos válidamente celebrados y las autorizaciones administrativas obtenidas se respetarán y no serán alterados arbitrariamente. En el ámbito de la inversión –tanto nacional como extranjera– este principio reduce la incertidumbre, disminuye los costos de transacción y permite proyectar el retorno esperado de los capitales comprometidos.

Cuando un país ofrece un marco normativo estable y confiable, los inversionistas pueden evaluar con mayor precisión los riesgos asociados, calcular el costo de oportunidad y tomar decisiones a largo plazo. Por el contrario, la ausencia de seguridad jurídica eleva la percepción de riesgo, encarece el financiamiento, inhibe proyectos de gran escala y puede incluso provocar la deslocalización de capitales hacia jurisdicciones con mayor previsibilidad normativa. En consecuencia, la seguridad jurídica no solo protege derechos individuales, sino que es un factor determinante de competitividad y un catalizador para el desarrollo económico sostenible.

En el contexto colombiano, las recientes decisiones normativas adoptadas en materia de uso y tenencia del suelo rural han introducido innovaciones profundas que, si bien pueden responder a objetivos de política pública legítimos, han generado un entorno regulatorio en constante transformación. Cambios en los determinantes de ordenamiento territorial, redefinición de figuras de ordenamiento territorial, ampliación de derechos territoriales étnicos y ajustes en los criterios de disposición de los predios por parte de sus propietarios son ejemplos de modificaciones que alteran de forma sustancial el marco de referencia bajo el cual se planifica una inversión en el medio rural.

Esta dinámica normativa ha provocado que resulte prácticamente imposible prever con razonable certeza los riesgos que puede enfrentar una inversión de largo plazo en dichas áreas. La incertidumbre abarca tanto aspectos de legalidad del título como la posibilidad de reclamaciones sobrevinientes –bien sea por reconocimiento de territorios colectivos o por reconfiguración de usos permitidos–, lo cual dificulta la valoración de activos, la obtención de licencias y el cumplimiento de compromisos contractuales. En tal escenario, la evaluación de riesgos deja de ser un ejercicio técnico-jurídico basado en reglas claras y se convierte en una estimación contingente altamente volátil, lo que incrementa la prima de riesgo país y desalienta la asignación de capital hacia proyectos rurales.

A ello se suma que diversos informes recientes evidencian que Colombia atraviesa una grave espiral de violencia que impacta especialmente a las zonas rurales y compromete la seguridad física necesaria para el desarrollo de inversiones. Según Human Rights Watch (Informe Mundial 2025[1]), hacia mediados de 2024 la presencia de grupos armados ilegales había aumentado de forma sustancial: el Clan del Golfo operaba en 392 municipios, el ELN en 232 y las disidencias de las Farc en 299, lo que supone incrementos del 55 %, 23 % y 30 %, respectivamente, respecto de 2022. La misma organización reportó que entre enero y octubre de 2023 más de 64.000 personas fueron confinadas por temor a minas antipersonales, amenazas o fuego cruzado.

No es cierto que la provisión de bienes públicos y bienestar de los ciudadanos ubicados en áreas rurales se va a suministrar de manera exclusiva y excluyente por parte del Estado, los recursos fiscales son finitos. La forma idónea de generar ese bienestar es propiciando condiciones de seguridad física y jurídica para que se generen los proyectos que puedan reducir los índices de pobreza en áreas rurales en condiciones de respeto a las comunidades y al medioambiente. Todo indica que vamos en el sentido opuesto a ese propósito.

Nosotros los abogados, la mayoría de las veces con las mejores intenciones, nos encargamos de complejizar el ordenamiento jurídico a límites que imposibilitan las inversiones lícitas que generan riqueza. La mayoría de las veces fracasamos en esos propósitos y comprometemos el desarrollo rural, que sea esta una reflexión autocrítica de cara al futuro.

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