Con esta iniciativa se busca el fortalecimiento de la autoridad territorial para cumplir con las responsabilidades del sistema de salud.
La norma hacía referencia a un imposible legal, pues se trataba de sistemas sancionatorios aplicables a personas naturales.
Violación de los límites previstos para la recepción de donaciones o contribuciones se establece a partir de entregas individuales.
Quien demuestra carencia de recursos económicos puede solicitar colaboración de la autoridad municipal para el funeral de un familiar.
La mínima cuantía es el valor equivalente al 10 % o menos de la menor cuantía de una entidad estatal, determinada en función de su presupuesto anual.
Un cambio de denominación constitucional por medio de una ley ordinaria no puede justificarse en razones de conveniencia.
Esta ley declara el cáncer como una enfermedad de interés en materia de salud pública y de prioridad nacional.
Las medidas contenidas en esta ley deberán implementarse y aplicarse de forma efectiva mediante los enfoques de igualdad de género, étnico-racial, interseccionalidad y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa define la estructura que entrará en vigor tras su promulgación.
Se otorgan mejores herramientas para prevenir y sancionar a los infractores.
Se cuestionó por adenda que desconoció el deber de selección objetiva y los principios de planeación y responsabilidad.
Enfoque diferencial y de equidad de género refuerza criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento.
Según la entidad, los hallazgos con incidencia disciplinaria se evidenciaron principalmente en el proceso de producción de alimentos.
No se logró demostrar la trasgresión de los derechos e intereses colectivos invocados por la falta de construcción de un puente peatonal.
La norma que dispone la inhabilidad debe inaplicarse de manera excepcional, en atención a principios de ponderación y proporcionalidad.
Según el documento, las entidades estatales de cualquier orden incorporan, paulatinamente, dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas.
50 personas que entregaron sumas de dinero a DMG demandaron la reparación de perjuicios representados en su pérdida de capital.
Este partido político no participó en las elecciones a Senado de la República para el periodo 2022-2026.
La Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció sobre una acción de tutela interpuesta por el ex ministro Alejandro Gaviria en contra del presidente de la República, Gustavo Petro.
Servicio de gestión catastral tiene connotación de tasa y, por ende, no se puede gravar con IVA, pues está prohibido expresamente.
Se ofertan 206 vacantes en los niveles profesional, técnico y asistencial.
La multiplicidad normativa y su dispersión impuso a la familia una carga desproporcionada para acceder a la justicia.
La iniciativa establecería incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios.
La providencia rectificó la postura jurisprudencial que existía desde el año 2010 y que permitía acreditar 15 años de servicio.
El juez de anulación no oficia como superior jerárquico o funcional del tribunal de arbitramento. No interviene en el juzgamiento de fondo.
Se condiciona el inciso segundo del artículo 132 del Decreto Ley 262 del 2000 y se adecúa a la regla de equiparación constitucional.
Estos lineamientos promueven la inclusión, el respeto y la participación de identidades de género diversas en la rendición de cuentas y en el servicio a la ciudadanía.
Rodríguez fue elegido para el mismo cargo en agosto del 2022, pero un año después el Consejo de Estado anuló la designación.
La decisión adoptada por el Consejo de Estado no afecta la vigencia del documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal.
Se debe guiar al adulto mayor para que pueda ejercer su derecho de defensa y justificar el presunto incumplimiento de requisitos.
Espacio de diálogo sobre la evolución del texto superior en la jurisprudencia constitucional y su impacto.
Se deben adoptar medidas que faciliten a los menores de edad convivir en ambientes sanos que no comprometan su salud mental.
La demanda alega que esta obligación pone a las empresas del Estado en condición de inferioridad competitiva.
Las EPS autorizadas para recibir afiliados deberán encontrarse habilitadas en los regímenes contributivo y subsidiado.
La facultad discrecional de la Administración para realizar traslados de personal, según necesidades del servicio, no es absoluta.
Cuando una autoridad administrativa o judicial deba realizar un procedimiento de desalojo podrá solicitar Información a la Unidad para las Víctimas.
Este gabinete tendrá como objetivo exponer políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para el cumplimiento de la política estatal de paz.
El Ministerio de Educación tenía competencia para establecerla, pues hace parte del calendario académico de los colegios.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (3 al 7 de junio).
Los funcionarios cuestionados afirmaron que estaba acreditada la omisión de la Administración en el pago del reajuste de honorarios.
El decreto surge del acuerdo con las organizaciones sindicales del Estado y cumpliendo los convenios 87 y 98 de la OIT.
Protegen los derechos a la salud, integridad y a una vida libre de violencia de una mujer víctima de tentativa de feminicidio.
El demandado no acreditó la experiencia de 15 años en el ejercicio como abogado que exige el artículo 232 de la Constitución Política.
Se convirtió en una restricción para contratar lo que se había previsto por la ley como una facultad otorgada a los entes territoriales.
Corresponde a las entidades territoriales implementar todas las medidas financieras, legales y administrativas a su alcance.
Los términos se reanudarán el 11 de junio del 2024.
Dolo en materia disciplinaria se establece por remisión al artículo 22 del Código Penal, donde la producción del daño se puede dejar al azar.
A la fecha hay más de 50 mil juntas de acción comunal en todo el país, las cuales han trabajado durante décadas por el bienestar y la calidad de vida de sus comunidades.
La entidad establecerá nueve puntos de atención humanitaria para la población en tránsito en todo el país, de los cuales tres están en la región del Darién.
El texto definitivo del proyecto de ley estatutaria será remitido al Presidente de la República para el correspondiente trámite constitucional.
La entidad advirtió que la falta de reglamentación de al menos 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados.
El proyecto pasará a conciliación y luego será sancionado por el presidente Gustavo Petro.
Esta decisión representa un gran triunfo para el sector empresarial en Colombia, por la inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de la acción de cobro para perseguir el pago de aportes pensionales.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra una expresión del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones administra, opera y actualiza el Redam para asegurar su consulta.
Uno de los objetivos es realizar análisis de la oferta y la demanda necesaria para la atención integral progresiva de la niñez y adolescencia migrante.
No se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.
Este convenio prohíbe al empleador despedir a una mujer que esté embarazada o durante la licencia de maternidad.
Según la demanda, la expresión resulta contraria a las garantías de favorabilidad e irretroactividad de la norma sancionatoria.
Publican texto del fallo que declaró condicionalmente exequible el numeral 5 del artículo 40 de la Ley 1801 del 2016.
Expertos opinan sobre las recientes afirmaciones del presidente Petro y la posibilidad de utilizar alguno de los dos mecanismos.
Existe el derecho para los empleados de carrera a ser encargados si acreditan requisitos, poseen aptitudes y habilidades para su desempeño.
La Corte Constitucional declaró la nulidad de la Sentencia T-571 del 2023, por incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva.
La iniciativa establece agravantes penales para las prácticas violentas con este fin y se promueve la no discriminación y la no patologización por motivos de orientación sexual.
Su falta no es un problema de validez sino de inoponibilidad del acto administrativo.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un llamado para respetar y respaldar el debido proceso de los colaboradores de la empresa.
El fallo será remitido al Congreso de la República para sus ajustes y luego al Presidente para sanción y promulgación.
Omisión en el deber de calificación integral implica por sí misma una vulneración a la seguridad social y al debido proceso.
Minjusticia deberá socializar Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la tierra y capacitar sobre el mismo.
El perjuicio moral debe ser argumentado y probado suficientemente para que pueda ser considerado.
La norma incluye a las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo que atentan contra defensores de derechos humanos.
Una vez la entidad advierta un posible delito debe ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de manera inmediata.
Se suspendieron 23 centros de enseñanza automovilística.
El objetivo de este primer punto es construir una agenda de transformación para la paz a partir de una alianza social y política que lleve a un acuerdo nacional.
En el ordenamiento jurídico existe un corpus iuris orientado a garantizar la subsistencia de la población campesina.
Los ministros podrán autorizar a los servidores públicos de su correspondiente sector administrativo para que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
La denominación como contrato estatal es relativa, no absoluta, puesto que dependerá de la legitimación de la entidad en cada juicio.
Deben demostrar el vínculo, una situación de discapacidad y la dependencia económica respecto del pensionado.
Los abogados con tarjeta provisional expedida antes de la implementación del examen de Estado recibirán tarjeta definitiva.
Estas propuestas son el resultado de un trabajo que permitió recoger aportes de 40 miembros de cinco subcomisiones.
La entrega del certificado se hará a través del canal establecido por la persona al momento de presentar la solicitud.
Migración Colombia deberá regular la posibilidad de acceder al registro fuera del plazo original en eventos de fuerza mayor.
Personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas tienen carácter de trabajadores particulares.
La decisión fue tomada con el fin de asegurar la protección y garantizar el derecho a la salud de los maestros.
Este proyecto tiene como objetivo principal estructurar y facilitar el acceso a la certificación y registro de las personas con discapacidad.
Si se evidencia que el medio no es idóneo o que puede configurarse un perjuicio irremediable será procedente el amparo.
Existe un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a cargos públicos.
Se encontró que el acto administrativo había infringido la Constitución Política y estaba viciado de falsa motivación.
La ley le permite a la aseguradora, mediante lo establecido en el artículo 1099 del Código de Comercio, el ejercicio de la acción de subrogación.
El perjuicio moral de los padres demandantes se infiere del vínculo parental.
El agente nominador no puede negar el ejercicio del derecho o condicionarlo a trámites administrativos desproporcionados.
No se ha previsto incompatibilidad frente a la participación de actividades del sector publico privado por fuera de la jornada de trabajo.
Novoa reemplazará a la magistrada Martha Lucía Olano Guzmán.
Se constató un vicio de procedimiento violatorio del debido proceso por indebida conformación del juez natural para decidir el asunto.
La prueba tendrá una duración proyectada individual de hasta cinco horas.
Exequible expresión “y en los actos administrativos emanados por autoridad ambiental competente” del artículo 5 de la Ley 1333 del 2009.
El análisis se realiza desde la óptica de la conducta procesal desplegada por el sindicado como causa efectiva de la privación.
A una entidad de carácter privado no se puede aplicar un estándar en materia de seguridad más alto que al mismo Estado.
El proyecto crea un marco normativo nacional que garantice los principios orientadores de los tratados internacionales.
La iniciativa será discutida por la Comisión Séptima del Senado de la República.
No se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de creación de la entidad, lo cual vulneró el artículo 151 de la Constitución.
Disposiciones en materia de tránsito no contemplan subsanar la falta de seguros mediante el remolque a través de grúa.
Corte Suprema admite tutela que pretende que el examen sea presencial.
El memorando comprende la implementación de acciones orientadas a la difusión de los derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional.
Evaluación de desempeño es propia de los empleados públicos de carrera, en periodo de prueba y de libre nombramiento y remoción.
Se les negó injustificadamente la inclusión al PNIS, a pesar de expresar su voluntad de sustituir en lugar de resembrar.
La iniciativa, de autoría del partido Cambio Radical, pretende modificar el artículo 68A del Código Penal.
Empleos de carrera administrativa se proveen mediante nombramiento en periodo de prueba o en ascenso.
Admiten demanda contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 2039 del 2020 y artículo 3 del Decreto Ley 262 del 2000.
La norma aplicaría a todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.
Según los demandantes, se infringe el debido proceso, pues se niega a los ciudadanos la posibilidad de controvertir actos de trámite.
Desconocimiento de garantías procesales y sustanciales derivadas del enfoque de género vulnera el derecho al debido proceso.
Exigencias impuestas a los extranjeros para demostrar su identidad fueron irracionales y desconocieron su vulnerabilidad.
Uno de los propósitos de esta iniciativa será fijar los lineamientos y criterios necesarios para que este mecanismo de búsqueda inmediato sea efectivo.
El cuestionado estuvo conectado durante toda la audiencia para escuchar, comentar y controvertir las versiones de los convocados.
Se protegen derechos colectivos de los habitantes de la Isla de Providencia y Santa Catalina.
Reiteran órdenes proferidas en fallo de unificación con el fin de evitar que se sigan presentando dilaciones injustificadas.
En sentencia del 2018, se ordenó en favor de accionante y su cónyuge la restitución de la parcela denominada “Villa Yina”.
Con el fin de garantizar el derecho de contradicción del demandado.
De acuerdo con la Ley 2200 del 2022, tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones colectivas por cada año de servicios.
La confidencialidad en procedimientos internos sobre acoso laboral no puede ser aplicada de manera indiscriminada.
La medida aplica a una subpartida arancelaria originaria de EE UU y China.
Está dirigido a fortalecer las competencias de funcionarios territoriales relacionadas con el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas.
En principio, procede la desvinculación independientemente de las semanas para acceder a la pensión de vejez.
Las casas para la dignidad de las mujeres son espacios físicos en los que se materializa la respuesta institucional para garantizar sus derechos.
Funcionario judicial no podrá aprobar el reconocimiento del beneficio a quien no reúna los requisitos legales para su concesión.
El decreto será aplicable a todas las entidades del orden nacional y territorial en donde se establezcan zonas de recuperación nutricional.
El artículo 126 de la Constitución Política prohíbe la participación de parientes de los alcaldes, en el marco de su función nominadora.
El ponente de la iniciativa para su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes será el congresista Carlos Felipe Quintero.
Estos recursos buscan cubrir necesidades básicas y elementales y sirven como sustento hasta una nueva vinculación.
Este 30 de abril se celebra el Día internacional de los niños, niñas y adolescentes.
La incapacidad física de una persona no constituye ‘per se’ una inhabilidad para ejercer un cargo público.
Según el proyecto, para la implementación de esta medida se fijarían mecanismos y directrices para garantizar la protección de los derechos humanos y proteger los recursos públicos.
Según el proyecto, las entidades responsables de cumplir con esta medida deberán garantizar la disponibilidad, suficiencia e idoneidad del talento humano para la implementación de esta iniciativa.
Notificación directa es una de las formas por las que el empleador puede conocer la situación del embarazo, pero no la única
Existe un déficit de protección respecto de las mujeres que prestan el servicio militar voluntario y su rol reproductor.
Gobierno debe procurar implementar los eventuales acuerdos que surjan de este espacio de diálogo, bajo el principio de buena fe.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (22 al 26 de abril).
Sin embargo, condenaron a la Policía Nacional a indemnización perjuicios a las víctimas.
Según la entidad, la sociedad recibió una multa de $ 813.002.240 por vulnerar derechos de los consumidores.
La negativa, si bien se fundó en una norma interna, al no prever ninguna excepción, vulneró derechos del accionante.
La iniciativa es impulsada por la senadora María Fernanda Cabal.
El fiscal Karim Khan destacó a Colombia como ejemplo para el mundo por su arquitectura de justicia transicional.
Para la Corte Constitucional, era necesario convocar un espacio de diálogo abierto que permita confrontar varios argumentos.
EPS se transformarían en gestoras de salud: Petro.
Retardo en iniciar una actuación administrativa puede derivar en un juicio de responsabilidad del Estado.
Demanda argumenta que la medida impone una forma de responsabilidad objetiva, sin examinar si la solicitud fue de mala fe o notoriamente improcedente.
Según la entidad, de esta forma se protege el derecho a la salud de la población colombiana.
Son objeto de público conocimiento respecto de los soportes de educación, formación, experiencia y mérito.
Congreso debe rehacer, a la mayor brevedad posible, el proceso de elección del Contralor General de la República.
Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.
Razones de orden presupuestal, logístico o administrativo no pueden convertirse en barreras para disfrutar el derecho.
Según el proyecto, la población con mayor necesidad de rehabilitación correspondería a quienes tienen trastornos musculoesqueléticos, desórdenes neurológicos y desórdenes mentales.
La representante Olga Lucia Velásquez socializó un acto legislativo que busca modificar los requisitos para ocupar altos cargos del Estado.
Se evidenció una falla en el servicio, toda vez que el pasaporte fue expedido sin competencia temporal.
Las tres entidades recalcaron que actuarán con estricto apego a las normas de cada ordenamiento jurídico sectorial.
La norma cuestionada excedía la competencia del órgano de control fiscal y desconocía garantías mínimas del debido proceso.
Se deroga la Resolución 2273 del 2021.
El proyecto plantea que las tarifas contenidas en el manual se actualizarían de acuerdo con la unidad de valor básico (UVB) vigente o la unidad que determine el Gobierno.
En todo caso, se debe analizar si la persona está incursa en un conflicto de intereses que pueda afectar la toma de decisiones.
Las reformas a las plantas de empleos deben motivarse y fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización.
EPS Sanitas cuenta con más de cinco millones de afiliados a sus servicios de salud.
Solo podrá percibir la asignación mensual del cargo con las respectivas prestaciones sociales y demás emolumentos.
Con ocasión de su expedición, el Estado no les otorgó un auxilio o donación a las personas que tienen como actividad comercial el turismo.
La iniciativa establece la Alerta Colombia como una herramienta ágil de difusión de información de niños y niñas que se encuentren extraviados en el país.
La asignación de afiliados se realizaría a las EPS que no cuenten con medidas de vigilancia especial adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Así mismo, se prohíben las renuncias que pongan con anticipación en manos del jefe del organismo la suerte del empleado.
La estrategia prevé la suspensión de términos judiciales desde el 24 de abril hasta el 10 de junio del presente año.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aseguraron que el impacto fiscal de la nueva jurisdicción se compensará.
Ayer se declaró el "Día Cívico de la Paz con la Naturaleza", pero se escuchan voces que advierten sobre la ilegalidad del decreto.
El registro civil de nacimiento es el documento idóneo y proporcionado para verificar la relación paterno o materno filial.
La prohibición está prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 1952/19.
Los servicios en las entidades públicas de la ciudad y la restricción de ‘pico y placa’ operarán en su horario habitual.
Según el demandante, la exclusión de varios factores salariales no afecta a los trabajadores con mejores ingresos.
Podrá recibir el pago proporcional de una bonificación de dirección por cada mes cumplido de labor dentro del respectivo periodo.
Tutelan derechos al registro, debido proceso, igualdad y acceso a la justicia de la accionante y su hijo, víctimas del conflicto armado.
La norma indica cuándo procede y los requisitos previos para la aplicación de la medida de giro directo.
Cualquier modificación en el plazo debe ir acompañada de una modificación proporcional en el valor del mismo.
Estos funcionarios deben recibir, como mínimo, una vez al año cursos de actualización en normas y procedimientos de tránsito.
Mancuso pretendía su libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA).
La CNDJ dirimió un conflicto de competencia entre seccionales respecto a la presunta omisión de un funcionario encargado de garantizar el servicio de intérprete en el trámite de audiencias orales.
Los equipos médicos de emergencia son un grupo de profesionales de la salud y personal de apoyo con capacidad clínica, financiera y logística para desplazarse a territorios afectados por desastres.
Según la procuradora Diana Ojeda, esta situación se debe a problemas administrativos y operativos del sistema de salud.
Pueden interponer acciones de tutela y defender sus derechos como víctimas en procesos penales, entre otros.
Es necesario remitirse al acto administrativo que crea el programa de estímulos en la respectiva entidad, el cual establece los parámetros.
Según la demanda, se impide el acceso a la administración pública y se viola el debido proceso por falta de claridad sobre la medida.
En la sentencia se determinará si el acto de nombramiento está viciado con desviación de poder.
Abogado con tarjeta provisional que no apruebe el examen perderá la vigencia.
No podrá suscribir contratos con una misma entidad el esposo (a) o compañero (a) permanente, padre, hijos, abuelos y hermanos.
Según Acemi, la CGR no ha publicado ningún informe de cierre de la actuación especial de fiscalización que dé cuenta de los hallazgos fiscales en contra de las EPS.
La norma rige a partir de la fecha de su publicación y hasta el 31 de diciembre del 2024.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia existen más de 120 mil personas desaparecidas.
En lo que va de abril, ya son tres EPS las que han sido intervenidas por la Supersalud.
Cuando la Administración contrata la prestación de un servicio público es como si la ejecutara directamente.
La Superintendencia Nacional de Salud estará atenta y vigilante en todo momento para asegurar que la atención de los usuarios no se vea alterada.
Protegen derechos fundamentales al debido proceso y a la consulta previa del Consejo Comunitario de Guapi Abajo.
La polémica surgió luego de que el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, afirmó que el Gobierno expediría un decreto de emergencia para convocar a una constituyente.
La medida busca subsanar el vicio de procedimiento por no publicar el informe de conciliación el día anterior a la aprobación.
Tiene el deber legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al desempeño de las labores que le fueron encomendadas.
Novoa remplazará a la magistrada Martha Lucía Olano.
