Ante la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer la lucha contra la corrupción, así como para fomentar la articulación interinstitucional dirigida a la participación en los procesos penales donde se encuentren afectadas personas jurídicas de derecho público, la Presidencia de la República impartió las siguientes directrices:

i) En todos los procesos penales por delitos contra la administración pública o por actos de corrupción las entidades a las cuales va dirigida la directiva deben desarrollar una estrategia de defensa jurídica bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Lea: Lineamientos de la ANDJE para aplicar principio de proporcionalidad en imposición de sanciones disciplinarias)

ii) Una vez la entidad advierta a la comisión de un posible delito contra la administración pública o un acto de corrupción, de manera inmediata deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o de la Corte Suprema de Justicia y solicitar su reconocimiento como víctima en el proceso penal.

iii) Las entidades presuntamente afectadas con las conductas posiblemente constitutivas de los delitos mencionados deben suministrar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la información detallada de los hechos y de los procesos penales que se adelanten.

iv) Una vez se remita la información señalada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado esta procederá a convocar una mesa de trabajo en la que se definirá la estrategia de defensa.

Para conocer todas las directrices lo invitamos a descargar el documento.

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