Las empresas públicas dictan verdaderos actos administrativos para la declaratoria del siniestro, siempre que ejerzan poderes o facultades excepcionales. Si solo cumplen con lo pactado en la póliza son actos jurídicos contractuales.

De manera que si bien puede catalogarse como estatal al contrato que asegura a un contrato estatal esto es admisible en la medida que exista un interés que legitime a la entidad estatal para presentarse al litigio, como ocurre con sus derechos e intereses como asegurada.

Por esta razón, la denominación como contrato estatal es relativa, no absoluta, puesto que dependerá de la legitimación de la entidad en cada juicio (C. P.: María Adriana Marín).

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