Aprendices en etapa lectiva y productiva tienen nuevas reglas para afiliación a salud, pensión y riesgos laborales.

El proyecto propone fortalecer hospitales públicos con obras, equipos biomédicos y tecnología. La ciudadanía podrá enviar sus comentarios hasta el 10 de septiembre.

La medida establecería lineamientos para garantizar la atención en salud física y mental de las personas afectadas por el conflicto armado.

Se deberán reintegrar recursos por negar servicios financiados con la UPC.

La propuesta busca fortalecer la atención sanitaria, el talento humano y la tecnología, con el fin de elevar la calidad del sistema en Colombia.

La omisión de los plazos afectó el derecho fundamental a morir dignamente y generó una barrera administrativa.

Se pretende mejorar la adaptación frente a posibles eventos asociados a la variabilidad y cambio climático.

Por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Gobierno devolvió la iniciativa de ley al Congreso de la República.

Analizan cumplimiento en cuanto a oportunidad en servicios, flujo de recursos y capacitación de funcionarios judiciales.

Se fortalecerá la infraestructura, el talento humano y la participación social en salud pública.

La obligación de garantizar el suministro de medicamentos recae legalmente en las EPS, según la normativa vigente.

Los reportes incluirían datos clave como cantidad disponible, causas de escasez y contactos comerciales.

El 16 de mayo del 2025 se completó el pago de los $ 819.667.000.000 adeudados a las EPS por concepto de ajustes.

No se puede negar bajo el argumento de que son secuelas de cirugías estéticas y las mujeres deben asumir consecuencias.

La estrategia propone acciones en gobernanza, formación, formalización laboral y enfoque territorial descentralizado.

Minsalud deberá expedir circular con lineamientos para acceder al servicio y para que IPS puedan solicitar rembolso o compensación.

Las EPS deberán implementar listas centralizadas, priorizando pacientes según necesidad clínica y urgencia.

Esta iniciativa garantizaría atención digna, accesible y de calidad a personas con capacidad de menstruar afectadas por esta patología.

Los operadores externos de esterilización deberán cumplir con requisitos técnicos y de trazabilidad.

La mesa técnica analizará variables como siniestralidad, severidad y frecuencia con base en datos del Sispro.

Clínicas, aseguradoras y pacientes serían los principales beneficiados por el nuevo procedimiento de reclamaciones por accidentes cubiertos con SOAT.

Las zonas deberán cumplir requisitos de higiene, señalización, ventilación y mobiliario, para favorecer la lactancia hasta los dos años de edad.

Empresas sociales del Estado y entes territoriales deberán seguir nuevas reglas para recibir viabilidad.

La eutanasia no requerirá enfermedad terminal y podrá solicitarse por sufrimiento extremo.

Además, la Procuraduría indaga por la retención de funcionarios en la Imprenta Nacional durante la publicación de la norma en Diario Oficial.

A partir de julio del 2025, el reporte de atenciones por cáncer será mensual.

La medida aplica a personas indígenas y no indígenas que no están cobijadas por la jurisdicción de la Asociación Indígena del Cauca.

Las regulaciones aclaradas incluyen disposiciones sobre beneficio, transporte, almacenamiento y expendio de carne.

Las ESE que no reporten información completa serán clasificadas automáticamente con riesgo alto.

Urgencias, VIH, cáncer y otros servicios priorizados no requerirán autorización previa para su atención.

Aunque el requisito de legitimación en la causa se superó, el presupuesto de oportunidad no se satisfizo.

Para recibir el sello de restaurante saludable, el 70 % de los ingredientes deberán ser alimentos no procesados y deben evitarse ultraprocesados con advertencias.

Los reportes de afiliación y novedades se integrarán oficialmente al SAT desde agosto.

Las EPS del régimen contributivo con afiliados subsidiados recibirán una autorización especial para garantizar cobertura continua y sostenibilidad financiera.

La norma prohíbe pagos simulados, beneficios indebidos y actos restrictivos de la competencia.

La norma promueve la atención integral de los pueblos indígenas, respetando su autonomía, identidad cultural y medicina tradicional en todo el territorio.

Una de las transformaciones clave del modelo sería la creación de redes integrales e integradas territoriales de salud.

Solo el carné físico o digital y los registros oficiales son pruebas válidas de vacunación.

Se establecerán controles sanitarios y exigencia de carné de vacunación para ingresar a zonas en riesgo.

Un 70 % de los intereses generados en las cuentas maestras se destinará a actividades de gestión, información y servicios financieros.

Se exige a las secretarías de salud coordinar acciones con consejos de gestión del riesgo y garantizar campañas de prevención en todo el territorio.

La adquisición centralizada aplicará solo a medicamentos no financiados por la UPC.

Todos los procesos, desde el tratamiento hasta la comercialización, deberán cumplir estándares sanitarios.

Esta medida responde a la implementación de la Ley 2381 del 2024.

Nuestra legislación al respecto debiera incluir lo que podemos llamar eutanasia anticipada.

La denuncia señala que la retención de fármacos afecta especialmente a poblaciones vulnerables.

El Ministerio de Salud insiste en que se presentan fallas con la intermediación.

La normativa establece requisitos específicos para su prescripción, fabricación y control de calidad, con el objetivo de garantizar su seguridad y eficacia del producto.

Las licencias tendrán una vigencia de 10 años y podrán ser renovadas cumpliendo con los requisitos establecidos.

La circular prohíbe expresamente la aplicación de auditorías previas sin justificación.

La solicitud busca que la Cámara discuta exclusivamente la iniciativa hasta su aprobación.

La intención es fomentar la lactancia materna en niños menores de dos años, promoviendo su salud y bienestar.

Publican fallo que dispuso revivir el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 23 de 1962.

El uso del sistema será obligatorio para prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías, entidades responsables de pago, aseguradoras, administradoras de recursos.

La normativa se aplica a los prestadores públicos de servicios de salud y privados cuyos contratos con la Nación o entidades territoriales representan más del 30 % de sus ingresos.

Los menores podrán ejercer su autonomía progresiva y contextual a través del asentimiento y el consentimiento informado, enmarcados en principios de derechos humanos.

El nuevo enfoque busca asegurar la correcta y equitativa distribución de los tratamientos antirretrovirales en el país.

Esta nueva directriz tiene como propósito actualizar las instrucciones sobre el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control.

Las disposiciones serían de cumplimiento obligatorio en todo el país y abarcarían lineamientos específicos sobre el diseño, dimensionamiento y equipamiento de los espacios hospitalarios.

De la decisión no se deriva la exclusión del derecho de recibir cuidados paliativos, para brindarle una mejor calidad de vida.

Se establecería un plazo de 30 días para que las EPS registren su capacidad de afiliación en el régimen subsidiado.

La ejecución y supervisión del plan estará a cargo de secretarios, viceministros y jefes de oficina.

Estas aclaraciones facilitan la aplicación de medidas para garantizar el financiamiento adecuado del sistema.

El porcentaje propuesto busca cubrir costos operativos del recaudo de cotizaciones en el sistema de salud.

La medida busca evitar inconsistencias y mejorar la actualización de datos en el Sistema General de Riesgos Laborales.

El objeto de la solicitud era discutir el fondo del asunto, lo cual no está permitido para la aclaración de providencias.

Aclaran términos para ejecutar órdenes del Auto 2049 del 2024 y a partir de cuándo se cuentan.

La SIC impuso multas por $ 21 mil millones.

Todos los menores tienen derecho a recibir la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las licencias tendrán una vigencia de 10 años y podrán renovarse si se cumplen los requisitos normativos.

Los usuarios pueden consultar y actualizar sus datos a través de la herramienta “Consulta de Afiliados” en línea.

Los acuerdos entre EPS e IPS deberán ajustarse al aumento del valor de la UPC para servicios ya prestados.

Ministerio de Salud deberá reajustar la metodología de cálculo de la UPC de las próximas vigencias, incluida la de 2025.

Este reglamento cubriría todos los aspectos relacionados con el procesamiento, almacenamiento, envasado, transporte, distribución y comercialización de la miel.

La Superintendencia Nacional de Salud supervisará el cumplimiento de la normativa y aplicaría sanciones en caso de fallas.

Este ajuste busca establecer un marco más claro y efectivo para la financiación de los servicios de salud en el país.

Se deben reconocer los presupuestos máximos de noviembre y diciembre del 2024 a más tardar el próximo 30 de enero.

El proyecto propone cinco ejes estratégicos y múltiples enfoques para garantizar la inclusión social y la atención integral en salud mental.

Esta medida plantea una ampliación de hasta un año más o hasta que entren en operación las redes integrales e integradas territoriales de salud (RIITS).

Los importadores deberán acondicionar las etiquetas de los productos para cumplir con las regulaciones colombianas antes de su venta.

La Superintendencia de Salud supervisará los incumplimientos en el envío de información de estos documentos y aplicará sanciones.

Los servicios financiados con recursos de la UPC abarcan desde promoción y prevención hasta tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, garantizando una atención integral.

El Ministerio de Salud presenta un proyecto para fortalecer la rehabilitación en salud, enfocándose en la equidad y la accesibilidad.

Las cuotas moderadoras y los copagos del SGSSS fueron actualizados según la UVB del 2025.

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del sistema de seguridad social en salud.

El proyecto estaría dirigido a diversas entidades, como las administradoras de riesgos laborales (ARL) y entidades territoriales certificadas en educación.

La normativa incluye un enfoque en el seguimiento de los pacientes que reciben estos tratamientos.

Todos los cadáveres deben ser tratados como potencialmente infectantes.

La falta de recursos suficientes y de un flujo oportuno están afectando la operatividad del sistema de salud, dice el gremio.

Esta iniciativa tendría como objetivo principal la promoción de espacios saludables y libres de contaminantes.

Este plan sería de obligatorio cumplimiento en los municipios rurales y priorizaría zonas afectadas por el conflicto armado.

El principal objetivo del proyecto es garantizar que los promotores de salud puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada y efectiva.

La creación de este comité reforzaría el compromiso del Gobierno con la salud pública y el bienestar de la población.

La iniciativa estaría diseñada para beneficiar a un amplio grupo de trabajadores del sector, incluyendo auxiliares, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas.

La formación del auxiliar promotor de salud incluirá un enfoque diferencial e intercultural para atender las necesidades locales.

Se desconocieron los principios de consecutividad e identidad flexible, que dotan de racionalidad al trámite legislativo.

El proyecto plantea integrar a entidades como el Dane, la Registraduría y Medicina Legal en el manejo de reportes.

Corresponde al Minsalud, dentro de los 30 días siguientes a la decisión, definir cuál es la regulación vigente.

Una de las estrategias clave del plan es el mapeo constante de las realidades comunicativas de las comunidades.

La resolución detalla los pasos a seguir y los criterios que deben cumplir los colegios para ser considerados en este proceso.

Esta medida tiene como objetivo mitigar los impactos en la salud de las comunidades más afectadas por inundaciones, deslizamientos y enfermedades relacionadas con las lluvias.

El proyecto plantea lineamientos detallados sobre cómo deben construirse y mantenerse estas instalaciones para asegurar el bienestar de las personas que las utilizan.

El componente complementario de ahorro individual podría ser administrado por diversas entidades, siempre que cuenten con la autorización de la Superintendencia Financiera.

Esta iniciativa estaría orientada a la población de los regímenes contributivo y subsidiado y tendría como objetivo principal asegurar una gestión eficiente y coordinada de los recursos asignados.

El SIIFA permitirá la centralización de datos entre prestadores de servicios, proveedores y entidades responsables de pagos.

La vacunación y el uso de métodos de barrera son esenciales para prevenir la propagación de la fiebre amarilla.

Este proyecto buscaría garantizar una atención equitativa y efectiva, promoviendo la coordinación entre diferentes actores del sistema de salud.

Este proyecto buscaría ofrecer apoyo emocional y social a estas comunidades, en especial a aquellas que enfrentan desafíos derivados de la migración y el desplazamiento.

Se establecerían excepciones para ciertos grupos, como hogares comunitarios y entidades sin ánimo de lucro, garantizando un enfoque equitativo en la gestión del recurso hídrico.

El proyecto se enmarca dentro de la Ley 2297 del 2023, que busca fortalecer la protección y los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores en el país.

Unas de las medidas es fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación, análisis y valoración de situaciones de riesgo de interés en salud pública.

Esta política tendría como objetivo mejorar el acceso a la atención en salud para la población rural y las zonas dispersas del país.

El valor del programa asciende a $ 2.000 millones y será financiado por el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.

Se buscaría asegurar que los proyectos cumplan con requisitos específicos vinculados al programa territorial de reorganización, rediseño y modernización.

El documento técnico será la guía para la formulación de programas, planes y proyectos en el sector salud que beneficiarán a estas comunidades.

El Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) será el medio a través del cual se llevará a cabo el reporte de afiliación y novedades.

El uso de esta sustancia quedaría prohibido en alimentos con fines médicos, bebidas energéticas, productos con cafeína y aquellos que resulten atractivos para menores de edad.

Busca evitar el desabastecimiento de medicamentos necesarios, especialmente para grupos vulnerables.

Laboratorios nacionales de referencia y locales deberán coordinarse para asegurar la calidad y efectividad de los análisis.

Se desarrollan mesas técnicas con Minsalud y otras entidades para fortalecer las estrategias de bienestar en las universidades.

La medida busca mejorar la atención médica y optimizar los procesos de salud en todo el país.

Con más de 4.000 personas en lista de espera, la estrategia busca atender a los pacientes actuales y prepararse para futuros trasplantes.

Estas medidas buscan garantizar el derecho a la salud y la seguridad de los asistentes.

La resolución establece un periodo de transición de 12 meses para facilitar la implementación.

Se espera que la regulación impulse tratamientos basados en cannabis respaldados por evidencia científica.

La iniciativa afectaría tanto a productores nacionales como a los importadores de alimentos de origen animal.

La medida responde a subsidios que afectan la producción nacional y busca proteger a los productores locales.

El Gobierno tiene seis meses para reglamentar la aplicación de la norma en los diferentes niveles del poder público.

Se enfatiza la importancia de la capacitación en buenas prácticas de ordeño y manipulación de la leche.

Este sistema deberá integrarse con el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La ausencia de capacidad económica se verifica bajo criterios de gastos soportables y principio de proporcionalidad.

Minsalud buscaría no solo optimizar los procesos administrativos, sino también garantizar una atención de calidad y un servicio más eficiente.

El proyecto plantea que, a partir de abril del 2025, los prestadores de servicios de salud cumplan con nuevas normativas para la transmisión de información del sector salud.

La Adres coordinará el reintegro de los recursos, mientras los liquidadores deben cumplir con estrictos cronogramas y reportes.

La iniciativa enfatizaría en la interculturalidad y el respeto por los derechos de estas poblaciones.

EPS deben asumir diagnóstico y tratamiento por inyección de biopolímeros o complicaciones por implantes mamarios.

Las entidades deben ajustar sus estatutos de contratación en un plazo de dos meses, garantizando la inclusión de los nuevos lineamientos establecidos.

La distribución se priorizaría en departamentos con alta concentración de migrantes.

Esta iniciativa busca optimizar el acceso a tratamientos para la infección por VIH.

Los candidatos deben declarar que no tienen intereses en el mercado del cannabis ni en sus derivados.

Esta iniciativa estaría dirigida a las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas.

El plan nacional de salud rural busca garantizar el acceso equitativo a servicios de salud en zonas rurales afectadas por el conflicto armado en Colombia.

Se realizaría en el aplicativo “seguimiento a la desnutrición aguda” del Sispro.

El reglamento técnico se aplicaría a todos los alimentos envasados en el país, abarcando desde su fabricación hasta su comercialización.

La habilitación de las RIPSS tendrá una vigencia de cinco años, a partir de su habilitación a través del módulo de redes.

Los residentes no deberán trabajar más de 12 horas por turno y 66 horas por semana.

Las orientaciones técnicas dadas en la presente resolución se rigen por los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación.

En Colombia, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares.

La cantidad máxima permitida de vitaminas, minerales y oligoelementos para estos productos por consumo diario serán los niveles máximos de consumo tolerable.

Según el proyecto, el atún en conserva no debe presentar olores, coloraciones objetables ni ninguna otra característica que indique contaminación.

Se reducía a labores que, en principio, pueden ser realizadas por un cuidador y, como regla general, son responsabilidad de la familia.

El objetivo principal de esta norma es estructurar y facilitar el acceso a la certificación y registro de las personas con discapacidad.

Esta iniciativa está dirigida a las empresas sociales del Estado que se encuentren ubicadas en municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El primer reporte deberá contener la información de los valores pagados en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.

Unas de las medidas es fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación, análisis y valoración de situaciones de riesgo de interés en salud pública.

Con esta iniciativa se busca el fortalecimiento de la autoridad territorial para cumplir con las responsabilidades del sistema de salud.

La Superintendencia de Industria sancionará las infracciones al régimen de control de precios de medicamentos establecidos en la norma.

Las EPS autorizadas para recibir afiliados deberán encontrarse habilitadas en los regímenes contributivo y subsidiado.

La ayuda como cuidador no puede ser asumida por el núcleo familiar cuando surge una imposibilidad material.

ÁMBITO JURÍDICO, consciente de la importancia de este tema para sus lectores, presenta un seguimiento a la situación del sistema de salud.

Controversias derivadas del reconocimiento y pago de prestaciones económicas podrán ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.

La iniciativa pretende armonizar los fallos de la Corte Constitucional con la legislación sobre seguridad social en cuanto a las personas dependientes.

Este proyecto aplicaría a empresas privadas con un capital igual o superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las EPS deben identificar los recursos que pertenecen al SGSSS y reintegrarlos a la Adres.

Este proyecto tiene como objetivo principal estructurar y facilitar el acceso a la certificación y registro de las personas con discapacidad.

Con frecuencia se desconocen criterios jurisprudenciales que permiten determinar en qué casos el servicio de cuidador lo asume el Estado.

En los casos que no exista identificación de la población se dará aplicación a lo dispuesto en la Resolución 406 del 2023.

Por el contrario, si a la mujer le faltaron más de dos meses de cotización, el pago de la licencia será proporcional.

Este procedimiento será responsabilidad de los agentes del SGSSS.

Minsalud realizará las transferencias a las entidades del orden nacional, departamental, distrital o municipal que sean 100 % de capital público.

Según el documento, se fijó en 70 % de los rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones en salud.

Este comité deberá definir un sistema de seguimiento y evaluación para los programas, acciones y compromisos intersectoriales en materia de cambio climático.

Serán objeto de este registro las sustancias modelantes que sean incluidas en el respectivo listado expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En todo caso, para efectos de la identificación, el prestador no puede exigir la presentación de fotocopias o autenticaciones.

La iniciativa pasará a último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Según el proyecto, las entidades responsables de cumplir con esta medida deberán garantizar la disponibilidad, suficiencia e idoneidad del talento humano para la implementación de esta iniciativa.

Estos recursos serían utilizados para la implementación de la estrategia de rehabilitación sicosocial comunitaria.

EPS se transformarían en gestoras de salud: Petro.

Según el proyecto, la población con mayor necesidad de rehabilitación correspondería a quienes tienen trastornos musculoesqueléticos, desórdenes neurológicos y desórdenes mentales.

Se deroga la Resolución 2273 del 2021.

El proyecto plantea que las tarifas contenidas en el manual se actualizarían de acuerdo con la unidad de valor básico (UVB) vigente o la unidad que determine el Gobierno.

La asignación de afiliados se realizaría a las EPS que no cuenten con medidas de vigilancia especial adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

La norma indica cuándo procede y los requisitos previos para la aplicación de la medida de giro directo.

Los equipos médicos de emergencia son un grupo de profesionales de la salud y personal de apoyo con capacidad clínica, financiera y logística para desplazarse a territorios afectados por desastres.

Según la procuradora Diana Ojeda, esta situación se debe a problemas administrativos y operativos del sistema de salud.

Uno de los objetivos es identificar los factores de riesgo y amenaza de las instituciones hospitalarias.

Esta medida aplicaría para las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado.

La reunión buscaba un consenso sobre la crisis que afronta el sistema, además de conseguir respaldos a la reforma a la salud, pese a su hundimiento en el Legislativo.

Las vacunas de diferentes plataformas deben contar con la autorización sanitaria de uso de emergencia (Asue).

Además de ratificar que el derecho a la salud es fundamental, se ordenó corregir las fallas estructurales del sistema.

El más importante trata sobre el giro directo a las clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud.

El proyecto de decreto del Minsalud indica cuándo procede y los requisitos previos para la aplicación de la medida de giro directo.

El Plan tendría como objetivo implementar estrategias y acciones dirigidas a la rehabilitación psicosocial comunitaria con víctimas.

El documento estipula que, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, quienes manejen estos residuos tendrán un término de 18 meses para dar cumplimiento a este manual.

Según últimas valoraciones, el Gobierno no ha demostrado que el valor de la UPC sea suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías.

Las disposiciones contenidas en la presente resolución aplicarán en todo el territorio nacional.

La norma establece que a partir del 1° de octubre del 2024 las entidades deben entregar el RIPS correspondiente a los servicios y tecnologías de salud.

Conductas irregulares entre las EPS y los gestores farmacéuticos podrían ser las principales razones de la falta de disponibilidad de algunos medicamentos en el país.

La medida aplicaría para las entidades promotoras de salud (EPS), las entidades obligadas a compensar (EOC), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a la Adres.

El documento buscan rescatar el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional recogiendo ideas de otros partidos.