El Ministerio de Salud adoptó el manual de requisitos para la implementación de buenas prácticas de reprocesamiento de dispositivos médicos y elementos reutilizables (DMER), con el objetivo de fortalecer la seguridad del paciente y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud.

Esta medida se enmarca dentro de la normativa vigente y responde a las recomendaciones de organizaciones expertas como ACCES y COLDINSQUI, así como al Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. El documento detalla los lineamientos que deben seguir tanto prestadores de servicios de salud como operadores externos de esterilización. (Lea: Prohíben trámites previos para acceder a servicios esenciales de salud)

La resolución establece que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) con servicios quirúrgicos o de alta complejidad deben contar con centrales de reprocesamiento de DMER. Aquellos prestadores exceptuados podrán contratar esta actividad con operadores externos, siempre que se cumpla con condiciones específicas de limpieza, empaque y trazabilidad. Así mismo, se exige que el reprocesamiento cumpla con estándares de bioseguridad y que se integre a la estructura administrativa y operativa de las instituciones.

Respecto al talento humano, se determinó que el personal encargado del reprocesamiento debe cumplir con requisitos de formación técnica y contar con certificaciones actualizadas. También se promueve la articulación con instituciones educativas para garantizar la formación continua del personal, especialmente en temas como esterilización, microbiología y control de calidad. Los profesionales próximos a pensionarse podrán continuar sin formación técnica, pero deben asistir a capacitaciones periódicas.

Finalmente, la resolución deroga disposiciones anteriores, como la Resolución 2183 del 2004, y establece un periodo de transición de hasta 42 meses para la entrada en vigor de algunas obligaciones. La vigilancia y control del cumplimiento estará a cargo de las secretarías de salud y el reprocesamiento se reconoce como un proceso prioritario para la calidad de la atención. La resolución entrará en vigencia 18 meses después de su publicación oficial.

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