El Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional debido a un brote de fiebre amarilla, con 75 casos confirmados entre enero y abril del 2025. La resolución se expidió ante el aumento significativo de contagios y muertes, alcanzando una letalidad del 45,3 %. El departamento del Tolima reporta el mayor número de infecciones, con 59 casos distribuidos en varios municipios. La situación ha sido clasificada como de riesgo “muy alto”, debido a su rápida expansión a zonas no endémicas y fronterizas.

Estrategias de vacunación masiva por niveles de riesgo

Ante el avance del virus se definieron tres categorías de municipios (muy alto, alto y bajo riesgo), con lineamientos específicos para intensificar la vacunación. En municipios críticos, se vacunará a toda persona desde los nueve meses de edad, incluyendo mayores de 59 años, migrantes y personal de salud. Además, se aplicarán estrategias móviles, puestos fijos, bloqueos territoriales y verificación del antecedente vacunal. Las entidades territoriales están obligadas a establecer comités de seguimiento y reportar semanalmente los avances de cobertura. (Lea: Gobierno ordena vacunación total contra la fiebre amarilla en un plazo de dos meses)

Fortalecimiento de servicios médicos y vigilancia epidemiológica

La resolución ordena alerta amarilla hospitalaria en todo el país y alerta naranja o roja en los municipios más afectados, según evaluación. Se reorganizarán las redes de servicios de salud y se coordinarán traslados asistenciales. También se intensificará la vigilancia epidemiológica, entomológica y comunitaria, así como el manejo de muestras en laboratorio. Se dispondrá de equipos de respuesta rápida y personal médico capacitado, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.

Restricciones de movilidad y cultura de prevención

Para frenar la propagación del virus se implementarán restricciones de movilidad en zonas de muy alto riesgo. Las autoridades locales podrán establecer puestos de control sanitario en los que se requerirá carné de vacunación o declaración de rechazo. Además, se promoverá una cultura de prevención basada en el principio de solidaridad, involucrando a instituciones, ciudadanía y sectores productivos.

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