El Ministerio de Salud expidió una resolución que modifica los artículos 3° y 7° de la Resolución 485 del 2025. Esta actualización normativa tiene como propósito reforzar la claridad conceptual y los requisitos formales en la evaluación técnica de los proyectos de inversión en salud, en especial aquellos desarrollados bajo la modalidad de contrato llave en mano con precio global fijo y sin fórmula de reajuste.

La resolución tiene como objetivo central actualizar los lineamientos para la formulación, evaluación y viabilidad técnica de iniciativas relacionadas con infraestructura física, equipamiento fijo y dotación biomédica. Los principales destinatarios de esta normativa son las entidades territoriales, empresas sociales del Estado y demás actores que gestionan proyectos financiados con recursos del ministerio. Con esta medida se busca asegurar que las propuestas cumplan con criterios técnicos, financieros y jurídicos que fortalezcan la capacidad instalada del sistema de salud. (Lea: Ordenan la fusión de los hospitales públicos de Bogotá y la creación de la red única de servicios de salud)

Entre los cambios introducidos al artículo 3° se encuentra un conjunto de definiciones técnicas que precisan términos clave como “capacidad instalada”, “adecuación”, “proyecto llave en mano” y “renovación tecnológica”. La inclusión de estos conceptos permite una mejor comprensión y aplicación de los criterios técnicos. El concepto de “proyecto llave en mano” se define como aquel en el que el contratista se encarga de todas las etapas, desde el diseño hasta la entrega funcional de la obra, lo que implica mayor responsabilidad sobre la ejecución.

Por su parte, el artículo 7° especifica los documentos y criterios requeridos para la presentación y aprobación de proyectos, los cuales varían según el tipo de intervención. Para los proyectos llave en mano se exige documentación técnica y legal detallada, incluyendo certificados de propiedad, cumplimiento de normativas urbanas, disponibilidad de servicios básicos, documentos de capacidad instalada, estudios de mercado y presupuestos certificados. Esta exigencia busca asegurar la viabilidad integral de los proyectos y optimizar su ejecución conforme a estándares exigentes.

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