El Ministerio de Salud presentó un proyecto de resolución que busca establecer un procedimiento claro y eficiente para el cobro de los servicios médicos prestados a víctimas de accidentes de tránsito cubiertos por el Soat con rango diferencial por riesgo. Esta iniciativa está dirigida a los prestadores de servicios de mediana y alta complejidad, las aseguradoras autorizadas y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). El objetivo sería mejorar la radicación, reconocimiento y pago de reclamaciones, fortaleciendo la atención integral de las víctimas y el flujo financiero del sistema. (Lea: ATENCIÓN: Así quedaron las tarifas del Soat para el 2025)

El proyecto incorporaría nuevas disposiciones que exigen a los prestadores radicar facturas completas, acompañadas del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) validado. Las aseguradoras deberán revisar las solicitudes por orden cronológico y reconocer pagos hasta el tope de 1.134,32 unidades de valor básico (UVB) para el año 2025. En los casos en que existan glosas subsanables, los prestadores podrán corregir las facturas y gestionar el pago del excedente ante la ADRES, lo que garantiza la integralidad en el reconocimiento financiero.

También se actualizarían los requisitos para reclamar ante la Adres, como el certificado de reconocimiento emitido por la aseguradora y documentos como historia clínica, facturas electrónicas y resúmenes de atención. Asimismo, se eliminarían trámites como la autorización previa de la Adres para la prestación de los servicios. Con esto, el proceso se vuelve más ágil y se definirían plazos específicos para la respuesta por parte de las aseguradoras y la entidad administradora, reduciendo los tiempos de espera para los pagos y evitando retrasos en la atención médica.

Entre los actores involucrados se destacan los prestadores de salud, las aseguradoras Soat y las víctimas de accidentes de tránsito. Todos ellos se verán beneficiados por un marco normativo más claro y eficiente, dice Minsalud. Los prestadores contarán con lineamientos definidos para la facturación, las aseguradoras tendrán procesos administrativos más ordenados y los pacientes podrán acceder a los servicios de forma más oportuna y sin interrupciones, lo que contribuiría a garantizar el derecho fundamental a la salud.

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