El Ministerio de Salud y Protección Social estableció la categorización del riesgo de las empresas sociales del Estado (ESE) del nivel territorial para la vigencia 2025. Esta medida aplica la metodología previamente adoptada en la Resolución 2509 del 2012 y modificada por la Resolución 2249 del 2018. Su objetivo es identificar el nivel de riesgo financiero y operativo de las ESE registradas en el REPS, con corte al 2 de mayo del 2025, a fin de priorizar acciones que garanticen la continuidad del servicio público de salud.

La resolución excluye del proceso de categorización a las ESE que cuentan con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizados o en trámite ante el Ministerio de Hacienda, así como a aquellas que adelantan acuerdos de reestructuración de pasivos con la Superintendencia Nacional de Salud. También quedan por fuera las entidades inmersas en procesos de fusión por absorción liderados por gobiernos territoriales, como es el caso del departamento de Sucre. (Lea: Minsalud propone nuevo modelo de salud preventivo)

De igual forma, las ESE que no hayan reportado de manera validada su información financiera y operativa serán automáticamente clasificadas en riesgo alto, como medida para reforzar la transparencia y el cumplimiento. En los casos que sí cumplen con los requisitos, se aplicará la metodología oficial para ubicarlas en alguna de las categorías de riesgo definidas, cuyos resultados están detallados en anexos técnicos. Adicionalmente, la resolución destina los saldos no distribuidos del FONSAET al financiamiento de los programas de saneamiento ya aprobados.

Según el documento, esta normativa constituye una herramienta clave para el seguimiento del sistema público de salud, al facilitar la identificación de entidades en riesgo y orientar las decisiones administrativas correspondientes. La exclusión de ciertas ESE busca no interferir con procesos ya iniciados de recuperación, mientras que la categorización de riesgo alto por falta de reporte fortalece los mecanismos de control. La Resolución 1122 se enmarca en la continuidad de la política de evaluación de riesgo sin derogar normas previas, incorporando ajustes para el contexto actual.

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