Se acaba de reglamentar el Registro de negaciones de servicios y tecnologías en salud en los regímenes contributivo y subsidiado y el procedimiento para reintegrar recursos provenientes de la unidad de pago por capitación (UPC) por la no prestación.

Para identificar las negaciones se acudirá a datos provenientes del Mipres; peticiones, quejas, reclamos y denuncias interpuestas ante la Superintendencia de Salud (Supersalud); información de acciones de tutela interpuestas para proteger el derecho a la salud y datos generados por el Modelo de gestión de tiempos de espera, entre otros.

Existirá una alarma que se activará cuando se identifique la negación de servicios o tecnologías que constituyan una urgencia clínica, revistan gravedad, generen un impacto negativo en la calidad de vida o puedan generar secuelas evitables a los usuarios, este sistema notificará a la Supersalud, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, para que determinen los presuntos responsables en la práctica de negaciones.

La Supersalud solicitará a la Adres una estimación de los valores de la UPC que podrían estar comprometidos en presuntas negaciones y solicitará la aclaración a las entidades administradoras de planes de beneficios de salud.

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