La firma de este documento permite que todos los funcionarios de la Dian que estaban como provisionales tengan sus trabajos garantizados.
La normativa permite la incorporación y consolidación de las mujeres rurales dentro de la política económica y social del país.
Será el remplazo de la saliente auditora Alma Carmenza Erazo Montenegro.
Para ello no es necesario acreditar por medio de pruebas la falta del representante principal.
La sala especial de seguimiento a la Sentencia SU-020/22 documentó y sistematizó denuncias y documentos sobre desprotección.
El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.
Esta medida permitiría que casos graves de daños al medio ambiente sean juzgados por la Corte Penal Internacional.
El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.
El Decreto 1072/15 establece taxativamente las excepciones al trabajo asociado, donde sí aplica el Código Sustantivo del Trabajo.
El Decreto 1469 delega funciones legales y constitucionales por el viaje del presidente Gustavo Petro a Chile.
¿Qué aportes al derecho internacional podría brindar la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia?
Contra los resultados de la evaluación de competencias no procede recurso alguno.
La reforma tiene un artículo con el que se crea una comisión de economistas para que cada cuatro años haga un reporte al Congreso y al Presidente de la República.
En aquellos casos en los cuales se logra la práctica de la notificación por correo en un día inhábil, se entenderá practicada hasta el día hábil siguiente.
Por primera vez en la historia, las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional.
No se pueden adicionar rubros distintos a los previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
Estas normas y reglas generarán altos costos para los países exportadores e importadores y pueden terminar asumidos por los productores.
La situación de humedad atenta contra la salud, seguridad e integridad personal de la población privada de la libertad, e incluso de los funcionarios que allí laboran.
La propiedad del bien la detenta el establecimiento de crédito y no el locatario, quien lo puede adquirir con posterioridad.
La ley permite otorgar al trabajador una licencia quedando a discrecionalidad del empleador si la remunera o no.
La iniciativa pretende modificar, entre otros, los artículos 208, 209 y 2016 del Código Penal.
“Los recursos que se invertirán en el marco de este acuerdo no son dineros públicos”: Mintic
Cuando se presentan casos en donde se evidencia el conocimiento presunto del asegurador sobre los vicios de la declaración de asegurabilidad.
Más de 56.000 pequeños y medianos productores campesinos se beneficiarán con estas nuevas medidas financieras.
Según los demandantes, la inobservancia del principio de publicidad condujo a la ausencia de conocimiento de los congresistas al momento de votar.
Según la carta circular publicada por la Superfinanciera, el porcentaje para el mes de agosto es de menos 0,79 %.
Se configura el hecho y/o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad estatal.
El conflicto inició porque más de mil futbolistas de 35 clubes aprobaron un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones de trabajo.
Pueden inscribirse quienes superaron pruebas de aptitudes y conocimientos y cumplieron requisitos mínimos.
En medio de la polarización y el juego político, la certeza que se ha consolidado después de 50 años es que las violaciones de derechos humanos vividas en Chile no pueden ser repetidas nunca más.
La prueba se realizó en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
El salario base para liquidar las vacaciones será el que devengue el trabajador al momento de comenzar su disfrute.
El principio de buena fe en la devolución de prestaciones periódicas se debe desvirtuar.
Los días 4, 5 y 6 de octubre, se realizará, en Barranquilla, un importante evento sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Al no identificarse como mujeres, los hombres trans y personas no binarias resultaban excluidos de las prestaciones previstas.
Salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que están reservadas proponer al demandado o ejecutado en la contestación de la demanda.
Se deben atender prescripciones de orden y seguridad establecidas en el reglamento interno de trabajo, en los términos del artículo 108 del CST.
Hasta el 15 de septiembre se podrá realizar el registro de la información.
En tanto es una consecuencia resarcitoria única que se paga por una sola vez.
Será el próximo domingo 17 de septiembre, en 42 ciudades del país.
Este mensaje busca fomentar el turismo, la inversión extranjera en Colombia y promover las exportaciones no minero energéticas.
El Congreso excede sus facultades cuando excluye bienes que podrían tener relevancia histórica, cultural y arqueológica
Los Conpes son documentos de política pública que se elaboran con el fin de solucionar problemáticas transversales.
Las estipulaciones empiezan a producir efectos jurídicos desde la audiencia preparatoria.
Corresponde al Consejo Nacional Electoral asignar de manera inmediata los espacios adicionales en medios de comunicación social.
Conceptos que constituyen el daño emergente y lucro cesante no pueden ser datos especulativos e inciertos que carecen de precisión.
Es deber de quien juzga verificar, en cada caso, si frente a la existencia de un hecho contaminante se concreta también un daño ambiental.
Son 57 las cámaras de comercio de todo el país que deberán pagar esta contribución.
Aunque la ley no determina expresamente cuáles bienes pueden darse en garantía, es posible constituir la prenda.
La contribución no pagada dentro del plazo señalado causará los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.
Es obligación de las compañías aseguradoras recaudar, desde el 26 de noviembre del 2021, la diferencia de la contribución de esa anualidad.
Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.
Son cuatro los requisitos que se deben acreditar para que procedan las pretensiones de un proceso reivindicatorio.
La variación mensual del IPC para el octavo mes de año fue del 0,70 %.
En la formulación de los proyectos de ley estatutaria y a la Ley 30 han participado más de 53.000 personas.
Las disposiciones cuestionadas extralimitaban las facultades extraordinarias previstas en el Acto Legislativo 04 del 2019.
Los procesos de contratación de las entidades estatales relacionadas deberán gestionarse exclusivamente en el Secop II.
La enfermedad le impide materialmente cumplir con los protocolos establecidos por el banco para activar su cuenta de ahorros.
El periodo está comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto.
CNDJ realiza una videoconferencia sobre el proceso disciplinario de los abogados.
Es importante adoptar medidas para investigar, sancionar, informar a los familiares el paradero del desaparecido e indemnizarlos.
Este fondo es el principal mecanismo financiero del Sistema Nacional Ambiental.
En aplicación del principio de la esencia sobre la forma, estipulado en el artículo 228 de la Constitución Política.
El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.
Colombia no cuenta con un mecanismo que articule de manera integral los temas asociados a ciberseguridad.
Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.
Se exalta la labor social, cultural y económica de algunos municipios e instituciones.
Por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Es necesario cumplir las previsiones legales que hacen oponible la transmisión del derecho a una tercera persona.
Grupos de WhatsApp son un mecanismo idóneo para estar en constante comunicación y contacto con la oficina durante el trabajo en casa.
El observatorio está dirigido a usuarios de la academia, el sector privado y el sector público.
El cuestionado propuso 11 solicitudes de aplazamiento, cuatro nulidades de lo actuado y una frente al auto que citó a audiencia.
Los destinatarios de estas convocatorias tendrán un descuento del 60 % en la cuota de compensación militar.
Una vez suscrita el acta de aceptación de cargos causa vigencia el principio de irretractabilidad.
Según los demandantes, se vulneraba el debido proceso, en lo relacionado con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
Continúa con la investigación por los delitos de prevaricato por acción y por omisión, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Adicionalmente, libró circular roja ante la Secretaría General de la Interpol, debido a que Char fijó su lugar de residencia en EE UU.
Lo que se busca con esta medida es la protección de los usuarios frente a la volatilidad que pueda presentarse en las tarifas de energía durante el fenómeno de El Niño.
La Superintendencia de Sociedades actuó conforme a la ley y la demandante no acreditó el daño antijurídico.
Los derechos ciertos están ligados con la concepción de derechos adquiridos y excluye las simples expectativas o derechos en formación.
Si las administraciones salientes no comienzan desde ya los procesos de planeación y contractuales para los mandatarios entrantes será difícil iniciar oportunamente el servicio del PAE.
El pago de las obligaciones pensionales se deberá realizar por el lapso en el que no estuvo afiliado al sistema de seguridad social.
Permite financiar proyectos que beneficien a municipios donde se implementan programas PDET.
La comunidad indígena Inga solicitó el amparo de sus derechos, por considerarlos vulnerados frente a la construcción de una vía.
Solo de esa forma se garantiza el derecho del usuario a una administración de justicia efectiva.
La acción correctiva se hace a través de un proceso disciplinario, de acuerdo con el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.
A no ser que se demuestre que el trabajador ha sido presionado para que acepte el ofrecimiento o se le induzca mediante maniobras engañosas al mismo resultado.
Al parecer, la Dian desatendió definiciones expresas que consagró el legislador extralimitando de esa manera su función de interpretación.
Las mujeres cabeza de familia con pena de prisión igual o inferior a ocho años podrán gozar de este beneficio.
Las tres partes coinciden en que se debe reducir el costo del crédito en Colombia.
Barreto asumirá la conducción del despacho que quedó vacante con la terminación del periodo constitucional de Carlos Enrique Moreno Rubio.
Uno de los principales objetivos es la ampliación de los medios de publicidad y difusión de la convocatoria.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios deberá responder a criterios de calidad y continuidad.
Todos los ciudadanos pueden constituir veedurías, sin que en ningún caso sean considerados funcionarios públicos.
El DPS es la entidad que pone en marcha las políticas y los programas que brindan atención, reparación y reintegración social y económica a las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables.
El documento expresa que se conformarían comités municipales como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado.
Se necesita estar precedida por corrección de las declaraciones tributarias que sustentan la petición.
En este periodo el trabajador recupera sus fuerzas intelectuales y físicas, entre otras actividades de reconocimiento como ser humano.
Mintic dio a conocer las 107 emisoras comunitarias beneficiarias de la convocatoria “Territorios al Aire”.
La asociación investigada no figura en el registro público de información censal de comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior.
El acto que tiene la aptitud para impedir la caducidad es el requerimiento para declarar y/o corregir.
La mesa de diálogo le solicitó oficialmente al Gobierno de México que considere la posibilidad de convertirse en sede del V ciclo de diálogos.
Demostrar la calidad de madre cabeza de familia es indispensable para lograr la protección especial y reforzada del Estado.
Las emisoras comunitarias y étnicas podrán en su programación emitir divulgación, publicidad y propaganda electoral sin caer en proselitismo.
La Ley 2101/21 se refiriere únicamente a la disminución de la jornada laboral máxima legal de 48 horas a 42 horas semanales.
Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular.
Tutelan los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad de una menor transgénero por la publicación de un video en una red social.
El Banco de la República estableció el precio del gramo de oro en $ 200.861,05
Controversias podrán ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el Código General del Proceso.
En Bogotá, el precio de galón de gasolina será de $ 14.373, mientras que en Cúcuta será de $ 12.425.
No puede operar una restitución de términos en favor de la Administración, pues la entidad se beneficiaría de su propia culpa.
“Se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema”, afirma el mandatario.
La crítica situación se registra en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
Si la red hubiera estado adecuadamente ubicada se habría demostrado que fue la víctima quien entró en contacto con ella.
No hay segregación de funciones, pues el fin destacado no lo permite
No existe disposición normativa que restrinja llevar contabilidades en empresas privadas y en campañas políticas.
“Una Policía humana es una Policía que sabe que su esencia fundamental es defender derechos y libertades en el territorio, independientemente de cómo piensa”, afirmó el jefe de Estado.
La primera compensación económica para los taxistas se entregará en los últimos días de septiembre.
Las inhabilidades son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva.
Sí es procedente la modificación de sus liquidaciones privadas para adicionar las retenciones que debió recaudar sin que ello implique el doble pago del impuesto.
Según la Corte Constitucional, el empleador debe tomar ciertos cuidados, de manera que no se transgredan derechos fundamentales.
La Ocad Regional podrá designar el ejecutor de los proyectos de inversión, el cual deberá ser de naturaleza pública y cumplir con lo establecido en la Ley 2056 del 2020.
No se exige para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes que previamente se haya declarado la existencia de la unión marital de hecho.
La normativa plantea ochos subsistemas que harán parte del SINRADR, los cuales serán liderados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de una entidad coordinadora.
Se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.
Los departamentos, distritos y municipios dedicarán el 1 % de sus ingresos corrientes de libre destinación para el mantenimiento de estas fuentes hídricas.
Este deber, además de responder a la necesidad de publicidad, dota de seguridad jurídica los negocios y hace oponible sus efectos.
Resulta plenamente abusivo que se favorezca un enriquecimiento sin causa alguna, máxime cuando nunca se prestó servicio alguno.
Siempre y cuando no se trate de una prerrogativa pública con las características y el alcance de las previstas en la Ley 80 de 1993.
El empleador cuenta con seis meses para realizar el ajuste ante el Ministerio del Trabajo.
La Superintendencia Financiera certificó en 28, 03 % efectivo anual el interés bancario corriente.
La conducta y su correspondiente sanción deben atender la descripción normativa y no el parecer de la administración tributaria.
Además, todas aquellas leyes, decretos y normativa relacionada que haga referencia al término "economía naranja" se entenderá como "economía cultural y creativa".
Los inspectores de tránsito deben atender el deber de motivación que les exige una actividad probatoria intensa.
Este es un espacio académico para intercambiar conocimiento sobre temas de interés para la jurisdicción.
Además de pagar más de $ 284 millones, la cuestionada deberá informar a los consumidores sobre intermitencias o latencias.
No existe regla absoluta sobre la procedencia o no de la acción de tutela frente a la perturbación de derechos colectivos.
La población ocupada del país fue de 23,2 millones de personas, lo que representa una variación del 5,1 % frente al mismo periodo del año anterior.
No se encontró que el congresista haya incurrido en doble militancia.
El Ministerio de Minas y Energía recibirá las observaciones, comentarios y propuestas hasta el 15 de septiembre.
La tercerización tiene sustento siempre que el contratista independiente realice el trabajo con sus medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos.
En julio del 2023, la variación mensual del Icoced fue de menos del 0,03 %.
La incapacidad laboral no es causal de suspensión del contrato de trabajo ni de su terminación.
La ministra Jhenifer Mojica planteó que el presupuesto del 2024 para su cartera se incremente.
La autora de la iniciativa es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.
La Corporación trabaja por la protección y seguridad de todos los servidores de la Rama Judicial, en defensa de la autonomía y la independencia judicial.
Debe tener relación de causalidad con los ingresos o con el objeto social.
No realizar el reporte da lugar a la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad a favor de quien presta el servicio.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “la resolución de conflictos societarios”.
La desconexión laboral implica una dimensión del descanso y a la par un límite al poder subordinante, se trata de una reivindicación de un espacio autónomo, libre de interferencias.
El empleador puede justificar su omisión y conceder al trabajador el disfrute de los días no concedidos.
Según el autor de la iniciativa, se busca crear un sistema de ejecución eficiente mediante árbitros que se convierta en un apoyo para la justicia ordinaria.
Existe cierta independencia técnica en cuanto al desempeño de la labor, por lo que el poder subordinante no se ejerce frente a ello, sino sobre las condiciones de ejecución.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que el alto oficial no realizó un aporte pleno y detallado sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.
El Decreto 398/20 es la normativa que se encuentra vigente.
Los diputados tienen la calidad de servidores públicos.
La caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal.
Actas de los órganos sociales se presumen auténticas mientras no se declare lo contrario por autoridad competente.
Esta nueva forma de pago no aplica para multas con destino al Tesoro Nacional, Fiducoldex o Fontur.
La concurrencia de contratos está regulada en el artículo 25 del Código Sustantivo de Trabajo.
Las cuestionadas habrían aparentado ser competidoras, pero en realidad habrían coordinado las probabilidades de ser adjudicatarias.
El jefe de Estado les explicó a los representantes gremiales cómo busca la industrialización de Colombia, a través de la adopción de una economía descarbonizada.
Las aseguradoras deberán utilizar un vector para aquellos flujos de efectivo futuros que sean sensibles a la inflación.
Esta área es adoptada por la tecnocracia financiera (funcionarios de bancos centrales y superintendencias financieras) de las naciones agrupadas en organizaciones internacionales.
La medida de restitución y protección de bienes inmuebles de la Ley 1801 es distinta del amparo policivo que dispone la Ley 142 de 1994.
Juan Antonio Vallejo, Andrés Parias Garzón, Fabio Andrés Bonilla y Francisco Reyes Villamizar nos compartieron sus puntos de vista.
El Gobierno destinó $ 15 mil millones para financiar todas las iniciativas productivas de las mujeres campesinas.
Osorio será magistrado de la Sección Primera, Portocarrero ingresa a la Sección Segunda y Barrera a la Tercera.
Existe una relación entre igualdad y servicios públicos que se materializa en el principio de universalidad en su prestación.
La aplicación de la prueba escrita se llevará a cabo en 42 ciudades.
La jurisprudencia colombiana ha avanzado de manera favorable y coordinada en la precisión de los escenarios en los que debe declararse la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.
El Gobierno va a adecuar programas de crédito y asistencia técnica en el sector minero a las condiciones socioeconómicas y ambientales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Ley estatutaria que define participación política de los servidores públicos no ha sido presentada ni debatida por el Congreso.
Confirman fallo que lo suspendió por un mes en el ejercicio del cargo por violar el deber de cumplir y hacer cumplir la ley penal.
Este año, el Gobierno utilizaría cerca de $ 13,7 billones para estabilizar el precio del ACPM frente al precio internacional.
Todas las sedes de la Registraduría del país y los puntos móviles de inscripción atenderán hasta las 8 p. m.
En ese caso no se podría argumentar una falta de motivación en la decisión de la entidad.
En el caso concreto, la cancelación del evento obedeció a problemas administrativos u operativos únicamente atribuibles al empresario.
De ser así estaría al arbitrio del receptor, sobre qué mensaje revisa y a cuál da trámite y a cuál no.
El objetivo de esta directiva presidencial es dar cumplimiento a los porcentajes de vinculación laboral de personas con discapacidad.
Ofrecen descuentos del 20 % sobre la tarifa base para tallas S y XS y 40 % sobre la tarifa base de tallas M, L y XL.
La prueba se realizará en forma manuscrita, el domingo 10 de septiembre, en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
El riesgo estaba cubierto por la ARL y fue legítimamente subrogado.
El decreto aplicará a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan el territorio nacional en territorios colectivos.
Según la accionante, la instalación de dispositivos de georreferenciación en el vehículo asignado para su seguridad vulneró sus derechos.
Quienes estando obligados no se inscriban o no reporten información serán sancionados con multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes.
El decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Los caninos, equinos y demás animales que hayan sido entrenados por la fuerza pública solo podrán desempeñar funciones de vigilancia, actividades preventivas, rescate, búsqueda, registro y detección de explosivos.
Se ordenó devolver el auto a la misma jurisdicción para que se pronuncie de fondo sobre el recurso que presentaron los accionantes.
Dichas señales o avisos distintivos se instalarán principalmente en porterías, ascensores, garajes y demás sitios en donde se utilizarán cámaras.
La nueva defensora, Sonia Esther Osorio Vesga, cuenta con una experiencia de más de 32 años como funcionaria y directiva en varias entidades distritales y nacionales.
Además, se planteó crear una plataforma digital que monitoree y preste el servicio de transporte de taxi.
El demandante no logró articular una verdadera cuestión de constitucionalidad en su demanda, por ello se descartó la posibilidad de pronunciarse de fondo.
Asignar funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas supone una definición clara, puntual, fija y cierta de las materias.
Carece de justificación constitucional excluir a otras formas de familia diferentes a las constituidas por matrimonio de la posibilidad de crear una sociedad comercial.
Se demostró que la alta corte incurrió en defecto fáctico al declarar el hecho de un tercero cuando no era procedente.
Esta medida beneficiaría a las personas que no se sientan identificadas en el género femenino ni masculino.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario otorga un 10 % adicional de subsidio a la tasa de interés para la línea de crédito especial de economía popular, por lo que ahora será del 20 %.
La defensoría pública al ser un servicio público no viola los mandatos constitucionales.
El monto transferido será destinado para atender el cierre financiero de 1.447 subsidios.
