Los ministros podrán autorizar a los servidores públicos de su correspondiente sector administrativo para que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
En el debate público flota la idea de una nueva reforma tributaria para el próximo año y el Ministro de Hacienda mencionó esa posibilidad.
La iniciativa modifica el artículo 48 de la Constitución Política y establece un ingreso adicional a los pensionados de la fuerza pública.
Se establece la posibilidad de realizar audiencias públicas en territorio, ya sea de manera presencial o virtual, junto a los ciudadanos.
Deben demostrar el vínculo, una situación de discapacidad y la dependencia económica respecto del pensionado.
Se establece la posibilidad de realizar audiencias públicas en territorio, ya sea de manera presencial o virtual, junto a los ciudadanos.
EPS accionada supeditó el reconocimiento al pago de los aportes por parte del empleador dentro de la fecha límite para cada periodo.
Este fallo fue proferido después de analizar más de un centenar de expedientes con peticiones de más de mil familias desplazadas.
Si no existía siquiera la posibilidad de inscribirse al examen el requisito de aprobación de la prueba era inexigible e ineficaz.
Los abogados con tarjeta provisional expedida antes de la implementación del examen de Estado recibirán tarjeta definitiva.
Se debe entender que no solo se suspende la competencia de quien profiere la decisión, sino también la ejecución de sus efectos.
Estas propuestas son el resultado de un trabajo que permitió recoger aportes de 40 miembros de cinco subcomisiones.
El proyecto radicado establece que el Gobierno reglamentará la normativa en un término no superior a seis meses.
La entrega del certificado se hará a través del canal establecido por la persona al momento de presentar la solicitud.
Migración Colombia deberá regular la posibilidad de acceder al registro fuera del plazo original en eventos de fuerza mayor.
La iniciativa prioriza la autonomía de las entidades territoriales para dar respuesta a sus necesidades diferenciadas.
Personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas tienen carácter de trabajadores particulares.
Esta figura es incompatible con los artículos 4º del Convenio 98, y 2º y 3º del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
La decisión fue tomada con el fin de asegurar la protección y garantizar el derecho a la salud de los maestros.
Este proyecto tiene como objetivo principal estructurar y facilitar el acceso a la certificación y registro de las personas con discapacidad.
La protección se encuentra dirigida a prestar amparo a los padres que tuvieran a su cargo un hijo inválido que dependan económicamente de ellos.
Si el usuario no dispone de recursos o controvierte su exigencia no le pueden negar la prestación de los servicios de salud.
La Corte Constitucional modificó su postura para prevenir cultura de no pago y no afectar el equilibrio financiero de las instituciones educativas.
Si se evidencia que el medio no es idóneo o que puede configurarse un perjuicio irremediable será procedente el amparo.
La iniciativa busca generar conciencia para salvaguardar los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Esta renta no constituye una pensión, conozca los requisitos que las personas deberán acreditar para acceder al beneficio.
Este delito es cometido por un administrador que, contando legítimamente con la capacidad de gestionar un patrimonio, decide hacerlo de forma incorrecta, causando un perjuicio económico a los titulares del mismo.
Sin efectos decisión de una sala de descongestión laboral de la Corte Suprema de Justicia, por desconocimiento del precedente.
Nada impide al antiguo o nuevo empleador terminar los contratos de trabajo sin justa causa.
Uso de la facultad de traslado temporal de privados de la libertad podría generar impacto adicional en los gastos del sistema carcelario.
La medida fue anunciada luego de que la mesa directiva de la Comisión Séptima negara la solicitud de ampliación del plazo para la radicación de ponencias.
Ante un conjunto probatorio que arroja dudas es necesario activar competencias y decretar las pruebas de oficio necesarias.
Estas solicitudes son el resultado de una investigación independiente de la oficina del fiscal Karim Khan.
Procurar el desarrollo de una actividad económica lícita y pacífica a lo largo y ancho del territorio nacional es una tarea de muy difícil consolidación.
Existe un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a cargos públicos.
La Comisión Séptima de la Cámara votó la iniciativa que crearía una política de reducción de riesgos y daños para personas que consumen sustancias sicoactivas (SPA) en el país.
Lo determinado en la Ley 1922 del 2018 presenta vacíos o imprecisiones que han dificultado la resolución de la situación jurídica de fondo de estos comparecientes.
Acción de responsabilidad fiscal es un procedimiento que tiene naturaleza netamente administrativa.
Posibilidad de impugnar la sentencia está inexorablemente ligada a la notificación de la misma.
El domingo 2 de junio se evaluarán los restantes cuatro programas.
En el reciente caso de Colmotores, el Ministerio del Trabajo expidió un auto que va en contravía de los postulados básicos de la Constitución Política, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código Sustantivo del Trabajo.
Si el despido ocurre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de una queja se entiende que fue con ocasión del acoso laboral.
La pena se declara extinta por haberla cumplido o por haber prescrito.
La medida aplica hasta tanto el Consejo de Estado no emita una decisión definitiva de nulidad por inconstitucionalidad.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (13 al 17 de mayo).
Se encontró que el acto administrativo había infringido la Constitución Política y estaba viciado de falsa motivación.
A la reunión asistieron miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Fedesarrollo, Asofondos, entre otras entidades del sector pensional.
A excepción de los procesos disciplinarios adelantados al 13 de enero del 2021 por el Consejo Superior de la Judicatura.
Persona ajena al proceso penal debe defender sus derechos en el ámbito del proceso ordinario del que sí hace parte.
La iniciativa tendrá como ponente al representante conservador, Juan Carlos Wills.
La aplicación virtual de la prueba programada para los días 19 de mayo y 2 de junio pone en vilo los derechos de un alto porcentaje de discentes.
Los congresistas Alejandro García y Jennifer Pedraza presentarán el proyecto el próximo 20 de julio.
Se vulneró el derecho de habeas data porque no se permitió a la madre conocer los datos visuales recolectados de su hijo.
Estos descuentos no figuran en la factura de venta o del servicio porque solo se registran contablemente hasta tanto se hagan efectivos.
El procedimiento que debe aplicarse para resolver la impugnación es el derecho de petición.
La normativa prohíbe la utilización de cigarrillos electrónicos en espacios cerrados.
Con frecuencia se desconocen criterios jurisprudenciales que permiten determinar en qué casos el servicio de cuidador lo asume el Estado.
Es necesario que las autoridades, en conjunto con las instituciones educativas, den especial credibilidad al relato de las víctimas.
Los jueces están obligados a aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
El acuerdo facilitará el intercambio de experiencias para proporcionar información objetiva y fiable sobre drogas y factores relacionados.
Para el experto Ricardo Díaz Alarcón, a pesar de los avances en la protección de los derecho de los animales, aún falta mucho por avanzar, especialmente en debates como el sufrimiento que se le inflige a los animales para consumo.
¿Cómo lograr que los beneficios de la IA se trasmitan homogéneamente a toda la humanidad y no se concentren en unas pocas empresas y unos pocos países?
Felipe Zuleta Lleras lanzó el libro Las primeras damas de Colombia. Conoce el tema y fijó el interrogatorio de parte.
Todavía existen, hasta cierto grado, los pesos y contrapesos de la Carta Magna de 1991, aunque se van evaporando.
La gran conclusión es que, a pesar de los avances científicos, el ser humano sigue siendo esencialmente primitivo en lo que se refiere a la política.
No es un asunto de menor escala el aseguramiento de una escritura jurídica funcional. La optimización en la escritura resulta favorable en el ejercicio del Derecho.
En este evento el empleador debe solicitar autorización del inspector del trabajo para la terminación del vínculo laboral.
El agente nominador no puede negar el ejercicio del derecho o condicionarlo a trámites administrativos desproporcionados.
La norma no ha restringido la formalidad de la votación a un acto presencial.
No se ha previsto incompatibilidad frente a la participación de actividades del sector publico privado por fuera de la jornada de trabajo.
Que el pago se haga después de la fecha de estructuración de invalidez no impide que los tiempos de servicio sean tenidos en cuenta.
Juan Rafael Bravo Arteaga, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
A partir de la extinción de Cajanal, la UGPP asumió íntegramente las competencias misionales y procesales de la entidad.
Lo que muestra la historia es que la destrucción súbita de un objeto que tiene poder constituyente produce un descontrol complejo.
La etapa de inscripciones se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo, a través del SIMO.
Al fomentar la colaboración entre los jueces constitucionales podríamos avanzar hacia un constitucionalismo transformador y revitalizar el espíritu de la Constitución.
El INPEC, la USPEC, el ICBF y las entidades prestadoras de salud deben garantizar la protección constitucional reforzada del menor.
La iniciativa busca modificar la palabra “Aérea” por “Aeroespacial”.
Puede pensarse que la posición de garante y eventual responsabilidad penal del oficial de cumplimiento sigue siendo discutible, no improbable.
Se constató un vicio de procedimiento violatorio del debido proceso por indebida conformación del juez natural para decidir el asunto.
Declaran condicionalmente exequible el artículo 32 de la Ley 906 del 2004, sobre asuntos de conocimiento de la Corte Suprema.
La complicidad es accesoria a la autoría porque el cómplice no realiza el tipo penal y carece del dominio funcional de los hechos.
Ahora las plenarias deberán votar el informe de conciliación de la iniciativa para terminar su trámite y pasar a sancionarse en la Presidencia de la República.
La iniciativa pretende garantizar la participación efectiva de los titulares de derechos en la toma de decisiones.
Es posible eliminar una reserva ocasional creada para pagar una readquisición de acciones, una vez se cumplan el fin.
Ahora la iniciativa surtirá su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La iniciativa debe aprobarse antes del 20 de junio, fecha en la cual finaliza la legislatura 2023 – 2024.
Exequible expresión “y en los actos administrativos emanados por autoridad ambiental competente” del artículo 5 de la Ley 1333 del 2009.
Se desarrollarán dos ejes temáticos y será transmitida a través de los canales oficiales del alto tribunal.
A una entidad de carácter privado no se puede aplicar un estándar en materia de seguridad más alto que al mismo Estado.
El viceministro Óscar Sánchez afirmó que se debe establecer en qué momentos se puede restringir el uso de celulares en espacios académicos.
No hacerlo daría lugar a la configuración de un abuso de autoridad por omisión de denuncia.
La problemática real en relación con los pactos colectivos es el uso indebido de la figura para desincentivar la afiliación sindical.
No es herético afirmar que la responsabilidad precontractual es inexistente por sustracción de materia.
Me permito hacer un llamado al legislador para que tenga en cuenta y respete los principios de lesividad y de exclusiva protección de bienes jurídicos al momento de crear tipos penales.
El Gobierno crearía un portafolio nacional de programas exitosos basados en la evidencia científica en prevención del consumo de sustancias sicoactivas en escolares.
El docente debe ser la persona directamente responsable de brindar asistencia a su familiar, indicó la Corte Constitucional.
No se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de creación de la entidad, lo cual vulneró el artículo 151 de la Constitución.
Debe hacer énfasis en los efectos en el registro civil y que no se registre como madre biológica a la mujer que presta su vientre.
Se debe valorar objetivamente la situación para confiar ese deber a quien esté en condiciones de proporcionar seguridad y bienestar.
De aprobarse en segundo debate, la iniciativa pasara a discutirse en la Cámara de Representantes.
Esta es la conciliación que deberá ser aprobada por las plenarias de la Cámara y el Senado para continuar con la sanción presidencial.
La iniciativa deberá ser estudiada en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
No basta para exculpar que se advierta una diferencia de criterios entre los sujetos de la relación jurídica tributaria.
El memorando comprende la implementación de acciones orientadas a la difusión de los derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional.
La iniciativa pasará a discutirse en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
La Comisión Primera del Senado de la República avaló la iniciativa que modifica el Código Penal.
No se pueden imponer cargas imposibles de cumplir para ninguna de las partes, ni al afiliado ni a la administradora.
Por el contrario, si a la mujer le faltaron más de dos meses de cotización, el pago de la licencia será proporcional.
La injerencia directa de las partes cuando no son abogados reduce las posibilidades de éxito de sus reclamaciones.
La iniciativa busca aportar al cuidado del medio ambiente unificando los cargadores para dispositivos móviles.
Se les negó injustificadamente la inclusión al PNIS, a pesar de expresar su voluntad de sustituir en lugar de resembrar.
La iniciativa, de autoría del partido Cambio Radical, pretende modificar el artículo 68A del Código Penal.
Quien alega el hecho debe demostrar su ocurrencia.
La iniciativa irá a la Presidencia de la República para recibir su sanción presidencial.
El plazo máximo es el viernes 9 de agosto del 2024.
La iniciativa busca dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima vs. Colombia.
Según el órgano de control, el funcionario fue hallado responsable disciplinariamente por exigir dinero a las cajas vigiladas.
La plenaria negó con 82 votos la ponencia que pedía archivar la iniciativa, por lo que se espera que inicie la discusión del articulado.
El resultado del caso podría determinar si la administración Biden puede exigir a los hospitales de Estados con leyes estrictas la IVE en casos de emergencia.
La norma es contraria a la prohibición de discriminación por razones de origen familiar y al interés superior del niño.
Admiten demanda contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 2039 del 2020 y artículo 3 del Decreto Ley 262 del 2000.
Con la aprobación del acuerdo de reorganización, la sociedad reestructuró pasivos por $ 32.423.504.000, para ser pagados en un término de ocho años.
Según los demandantes, se infringe el debido proceso, pues se niega a los ciudadanos la posibilidad de controvertir actos de trámite.
La función de los superintendentes es una labor técnica y sus decisiones deben estar fundadas en derecho, teniendo en cuenta lo probado en cada procedimiento administrativo sancionatorio.
La sesión de plenaria de este martes discutirá en cuarto debate el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en el país.
Trabajar con la técnica adecuada frente a la teoría del caso permite contar con una herramienta útil para afrontar un litigio con un objetivo definido.
El Congreso debe adoptar medidas que compensen las condiciones desfavorables que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.
El Acuerdo 049 de 1990 no exige que a efectos de contabilizar las semanas cotizadas estas sean exclusivamente aportadas al ISS.
El Presidente de la República solicitó la salida de altos funcionarios y han sido señalados los dos presidentes del Legislativo.
El actor pretendía ejercer agencia oficiosa sobre los derechos de todos los artistas creativos que cuenten con obras terminadas y publicadas.
Así mismo, se ajustan a la Constitución los medios virtuales de prueba en materia tributaria y de control cambiario.
Desconocimiento de garantías procesales y sustanciales derivadas del enfoque de género vulnera el derecho al debido proceso.
La persona ostenta determinadas prerrogativas respecto de la entidad que tiene a su cargo el tratamiento de sus datos.
La conmemoración exige traer a colación una reflexión en torno a aquello que puede ser considerado vigente, desueto o vanguardista.
Exigencias impuestas a los extranjeros para demostrar su identidad fueron irracionales y desconocieron su vulnerabilidad.
Uno de los propósitos de esta iniciativa será fijar los lineamientos y criterios necesarios para que este mecanismo de búsqueda inmediato sea efectivo.
Reiteran órdenes proferidas en fallo de unificación con el fin de evitar que se sigan presentando dilaciones injustificadas.
En sentencia del 2018, se ordenó en favor de accionante y su cónyuge la restitución de la parcela denominada “Villa Yina”.
En todo caso, para efectos de la identificación, el prestador no puede exigir la presentación de fotocopias o autenticaciones.
La medida fue adoptada a través de una resolución, en la que también se le ordenó a dicha sociedad realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
La iniciativa busca prevenir el abuso de poder por parte de los mandatarios regionales.
La iniciativa ahora será discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La confidencialidad en procedimientos internos sobre acoso laboral no puede ser aplicada de manera indiscriminada.
La norma plantea que para los viajeros procedentes del exterior no aplicará el pago del tributo único del que hace referencia el artículo 4 de la Ley 2344/23.
Este proyecto pretende la materialización del principio democrático, estableciendo un marco temporal de reorganización de los actores políticos democráticamente elegidos.
Los primeros se refieren a la interpretación o aplicación de un derecho actualmente reconocido en una norma sustantiva laboral.
El proyecto pasará a discutirse en último debate en la plenaria el Senado de la República.
Que dichas enfermedades no presenten síntomas visibles no implica que no existan situaciones de debilidad manifiesta.
El objetivo de estas medidas sería la reactivación económica del país, especialmente en sectores como la industria, la agricultura y el turismo.
La iniciativa pasará a último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Las casas para la dignidad de las mujeres son espacios físicos en los que se materializa la respuesta institucional para garantizar sus derechos.
Funcionario judicial no podrá aprobar el reconocimiento del beneficio a quien no reúna los requisitos legales para su concesión.
El decreto será aplicable a todas las entidades del orden nacional y territorial en donde se establezcan zonas de recuperación nutricional.
Según datos de organizaciones, como la Fundación Contra la Violencia Vicaria, al cierre del año 2023 al menos 2.517 mujeres fueron víctimas en el país.
El artículo 126 de la Constitución Política prohíbe la participación de parientes de los alcaldes, en el marco de su función nominadora.
El proyecto establece un ingreso adicional a los pensionados de la fuerza pública y a sus beneficiarios, para mejorar sus condiciones de vida.
El decreto plantea la composición del sistema, su estructura, funciones, procedimientos, alcances y otras disposiciones relativas a su funcionamiento.
El Consejo Superior de la Judicatura tendría un año para la creación de los tribunales y juzgados especializados para la mujer.
Desatención a las inconformidades constituye una vulneración a los intereses legítimos de los consumidores.
El proyecto establece un marco normativo que reconozca, proteja y promueva la economía campesina como un componente esencial para el desarrollo rural sostenible.
El proyecto, aprobado en segundo debate, es impulsado por los representantes Duvalier Sánchez y Julia Miranda.
Estos recursos buscan cubrir necesidades básicas y elementales y sirven como sustento hasta una nueva vinculación.
Este 30 de abril se celebra el Día internacional de los niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa modificaría el artículo 116 del Código Civil colombiano.
La incapacidad física de una persona no constituye ‘per se’ una inhabilidad para ejercer un cargo público.
Según la norma, se debe evitar el avance de obras de infraestructura urbana y cualquier actividad actual o futura que puedan generar afectaciones ambientales.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que el Gobierno espera presentar un nuevo proyecto esta semana o la próxima para iniciar el debate en la actual legislatura.
El ponente para primer debate será el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández.
Ningún texto legal le prohíbe resolver pretensiones de usucapión sobre bienes gravados con cautelas provenientes de las autoridades de extinción de dominio.
La JCC vulneró los derechos del accionante, un migrante venezolano y contador público, al decretar el desistimiento de su solicitud.
Según el proyecto, las entidades responsables de cumplir con esta medida deberán garantizar la disponibilidad, suficiencia e idoneidad del talento humano para la implementación de esta iniciativa.
El PND seguirá vigente, por lo que la Corte suspenderá los términos de otras demandas contra el proyecto que estén en curso.
Existe un déficit de protección respecto de las mujeres que prestan el servicio militar voluntario y su rol reproductor.
Aunque las publicaciones periodísticas son consideradas como pruebas documentales.
La iniciativa busca promover la donación de alimentos aptos para el consumo humano a los denominados bancos de alimentos.
Los recursos del SGP se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud.
Gobierno debe procurar implementar los eventuales acuerdos que surjan de este espacio de diálogo, bajo el principio de buena fe.
La Procuraduría y la Defensoría solicitaron verificar y valorar la configuración de un eventual desacato por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.
Existen casos en que la grabación elaborada por un particular (sin orden judicial) tiene validez en proceso penal.
La violencia obstétrica puede ocurrir durante la práctica de la IVE e incluye todos los maltratos que la mujer padece durante la prestación de servicios de salud reproductiva.
La madre gestante durante el trabajo de parto enfrenta una posición de desventaja respecto a las personas encargadas de su atención.
Se busca la exequiblidad condicionada e incluir en igualdad de condiciones a los parientes civiles en primer grado.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (22 al 26 de abril).
La norma restringe el acceso a autorización previa dependiendo de si se trata de entrevistar a un condenado o a un interno.
“No se puede ocultar una reforma tributaria dentro de una reforma pensional”, afirmó el presidente de Fenalco, Jaime Cabal.
La negativa, si bien se fundó en una norma interna, al no prever ninguna excepción, vulneró derechos del accionante.
La iniciativa es impulsada por la senadora María Fernanda Cabal.
El proyecto ya fue aprobado en el Senado de la República y le restan dos debates más antes de terminar su trámite legislativo.
El fiscal Karim Khan destacó a Colombia como ejemplo para el mundo por su arquitectura de justicia transicional.
Para la Corte Constitucional, era necesario convocar un espacio de diálogo abierto que permita confrontar varios argumentos.
Cuáles son los verdaderos móviles que fundamentan una iniciativa innecesaria de tal magnitud, que por vías constitucionales resulta imposible.
El énfasis en la libertad de empresa genera cuestionamientos profundos en torno a la trasparencia e igualdad que la Corte promueve con esta audiencia.
Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la encargada de actualizar el certificado de antecedentes disciplinarios.
Existe amenaza y vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y un riesgo de inundación en la zona.
Demanda argumenta que la medida impone una forma de responsabilidad objetiva, sin examinar si la solicitud fue de mala fe o notoriamente improcedente.
Según la entidad, de esta forma se protege el derecho a la salud de la población colombiana.
Son objeto de público conocimiento respecto de los soportes de educación, formación, experiencia y mérito.
La entidad investigará además a cinco funcionarios que habrían sido parte de la revocatoria de la concesión.
