Supranacionalidad ambiental: dimensión para Colombia de la COP16

Jorge Iván Hurtado Mora
Consultor en Derecho Ambiental
Profesor investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia

Cuando se exploran las principales características del ambiente, la supranacionalidad sugiere una especial importancia en el entendido de que esquemas de espacialidad, territorialidad y soberanía, así como el concepto global de los entornos y ecosistemas, se relativizan frente a la necesidad de aunar esfuerzos no locales, sino internacionales en pro de la conservación natural como un interés común entre Estados.

De allí se desprende, con vigor, el amplio espectro de instrumentos, herramientas y espacios estructurados a partir de los consensos entre países. La mayoría de las veces, los sistemas normativos internos encuentran su génesis en estos hitos internacionales: por ejemplo, la licencia ambiental como mecanismo de control materializa la definición y alcance del desarrollo sostenible, principio medular de la Cumbre de Río de 1992.

Convenio de Diversidad Biológica–COP16

Propio de esa supranacionalidad, la realización de la Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), en coherencia con lo establecido en la Declaración de Río de Janeiro en 1992 y ratificación por Colombia a través de la Ley 165 de 1994, constituye para el país un hecho de vital importancia, en sede de los efectos y compromisos que fortalezcan su posición estratégica sobre el tema.

A seis meses de este hito para Colombia, el país desempeñará un doble rol: (i) ser anfitrión en un momento determinante para el sistema internacional, en tanto los países reportarán sus avances de cara al Séptimo Informe del CDB, con una visión al 2030 y (ii) Estado parte en las negociaciones, en las que propenderá, entre otros, por: (i) la integración de la agenda entre cambio climático y biodiversidad, (ii) consolidar un sistema de monitoreo y reporte congruente con los desafíos del Marco Global de Biodiversidad, la (iii) actualización del Plan de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés) hoy vigente, pero que no ha logrado los impactos esperados para el país y (iv) la definición de mecanismos de distribución justa y equitativa de beneficios.

La COP16 será uno de los cortes que a nivel internacional se generará para que los Estados logren revertir la pérdida de biodiversidad, sin embargo, el reto no se agota en este espacio. La visión compartida al 2050 y la tendencia que deberá reportar los estados en los próximos cinco años será decisivo para determinar si el Marco Global de Biodiversidad logró la consecución de sus objetivos planteados.

Política ambiental

En el escenario de política pública ambiental internacional hoy se pueden visualizar tres oportunidades de acción para el Gobierno Nacional:

En primer lugar, la integración de la agenda ambiental internacional implicará que los instrumentos de política compartan una coherencia entre la COP16 y la COP30, que se desarrollará en Brasil, dos países potencia de la biodiversidad a nivel global. Alinear las agendas será un desafío ad portas de 23 metas resultado del Marco Global de Kumming- Montreal. Sin lugar a dudas, el cambio climático como motor de pérdida de biodiversidad no puede ser un elemento paralelo de la gestión ambiental. Lograr la alineación de los instrumentos de política ambiental trae como desafío integrar las soluciones basadas en la naturaleza (Meta 8), avanzar en la congruencia de los indicadores de la contribución determinada a nivel nacional (NDC) con las ambiciones del Marco Global de Biodiversidad.

En segundo lugar, respecto a los compromisos con pueblos indígenas y comunidades locales contemplados en las metas 20, 21, 22 y 23, el convenio marco apostó a la necesidad de incorporar las voces que han sido invisibilizadas en materia de saberes y conocimientos tradicionales que aportarán a metas como la 3 y 15, asociadas a proteger el planeta en un 30 x 30, garantizar las innovaciones y protecciones que correspondan de los sistemas de estos ineludibles asociados al uso y conservación de la biodiversidad, abogar por la defensa de los lideres(zas) ambientales, garantizar el acceso a la información y promover practicas sostenibles que promuevan un escenario de bioeconomía a partir del potencial nacional. 

En tercer lugar, la adopción del Protocolo de Nagoya en vigor desde octubre del 2014, planteado como instrumento para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, actualmente no se aplica a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los beneficios derivados de su utilización en Colombia. Siendo un tema de interés de los grupos antes relacionados, el país deberá abrir las discusiones que correspondan con el propósito de adelantar una base jurídica sólida tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos en uno de los países más megadiversos.

En este último punto, aún falta determinar la manera como se adelantaría la consulta previa con los pueblos indígenas, afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, para lograr su ratificación. Cuando sea tratado este asunto en el desarrollo de la agenda, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá ceder la presidencia de la COP16, atendiendo a que hoy el país no se encuentra adherido al instrumento internacional.

Retos locales

A nivel nacional, la interpretación del marco global se ha posicionado en la agenda pública como una cuestión transversal, en primer lugar, con la actualización de los NBSAP, liderada por el Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. El país tiene cuatro meses para entregar a la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica el resultado de ese ejercicio, en una carrera contra el tiempo que deberá avanzar en la consecución de acuerdos con todos los sectores de la sociedad para garantizar su implementación al 2030 y con visión al 2050.

Se recibe como positivo la realización de 20 encuentros territoriales para incorporar las discusiones desde un enfoque de la territorialización sobre las apuestas divulgadas y relacionadas con integración de las agendas biodiversidad y cambio climático, atención de la informalidad y contención de los delitos ambientales, gobernanza y financiamiento hacia la gestión sostenible e impulso al modelo productivo basado en la bioeconomía.

El NBSAP cuenta con cinco años para su implementación a nivel global, a propósito de revertir de manera significativa la pérdida de biodiversidad. Desde un enfoque territorial y diferencial, será necesario pensar la manera como este plan de acción recogerá las necesidades o corregirá los fallos de la política pública vigente, para lo cual será indispensable el trabajo con los actores locales, las autoridades ambientales, los sectores de la academia, empresarial y demás interesados. 

En segundo lugar, la administración pública ambiental insta a una convergencia regional del país, en la que múltiples actores hoy se preguntan sobre las maneras a través de las cuales participarán efectivamente y no solo a través de meros escenarios de socialización. La participación incidente en la toma de decisiones públicas ambientales debe obrar con la eficacia que permita reconciliar posiciones diversas e, incluso, opuestas sobre el uso y aprovechamiento de la biodiversidad.

Acceso a la información

En tercer lugar, la garantía del derecho de acceso a la información contenida en instrumentos de política internacional ambiental y en el Marco Global de Biodiversidad hace un llamado a la interoperabilidad del o de los sistemas de información una discusión que se remonta a los 30 años de conformación del Sistema Nacional Ambiental, pero que toma relevancia ante el compromiso asumido en la COP15 de reportar, por medio de un sistema de monitoreo, los avances que el país logre y su contribución nacional desde la óptica de la veracidad y confiabilidad de los datos científicos aportados.

Finalmente, la realización y el liderazgo para Colombia de la COP16 sugiere un sinnúmero de retos y oportunidades que bien cumplidos, sin duda, incidirán en su posicionamiento a nivel global como territorio megadiverso, pero internamente podría constituirse en el centro de cohesión y consensos entre actores estratégicos para la conservación de la biodiversidad y todo lo que de allí se deriva.

La coherencia obliga a generar un espacio verdaderamente incluyente con las comunidades étnicas, pero también con otros grupos y asentamientos poblacionales que no tienen esta naturaleza. De igual manera, con los operadores económicos, quienes usan regularmente los recursos en la ejecución de proyectos productores de impactos positivos o negativos al entorno. De ninguna manera podrá decantarse en un evento elitista monopolizados por ciertas logias que terminan excluyendo a quienes, desde lo científico o comunitario, tendrán mucho que aportar.