Con el salario mínimo confirmado, así quedaron las cuantías para los distintos procesos que se adelantan en la justicia colombiana.

En más de $ 500 billones se apropió la suma para atender gastos de funcionamiento, inversión y servicio de deuda pública.

Según se dio a conocer, el incremento será del 12,06 %, mientras que el auxilio de transporte subirá el 15 %.

La solicitud de vigencia, el certificado de reconocimiento de la práctica jurídica (judicatura) y la licencia temporal se mantienen gratuitos.

Autoridad judicial deberá comprobar la existencia de la lesión del daño resarcible y verificar la presencia o no del factor de imputación.

La asignación básica mensual de los dinamizadores pedagógicos o educadores indígenas será la correspondiente al proceso de cualificación laboral indígena en el que se encuentre nombrado.

A diferencia de la imposición de multas, que procede mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución contractual.

Uno de los objetivos es aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar su acceso a las poblaciones vulnerables.

La entidad deberá, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, superar los obstáculos que le impiden cumplir con su deber.

En el proceso de planeación integral para la salud también se incluirá la participación de las comunidades indígenas

Consejo de Estado explica la imprevisibilidad, irresistibilidad y la exterioridad respecto de la demandada.

El proyecto plantea que las personas que no cuenten con acceso a agua para consumo humano podrán solicitarlo a la entidad territorial.

La Ley 80 de 1993 no exige la pluralidad de oferentes como requisito para adjudicar un contrato estatal.

Interesado tiene derecho a demostrar que cumple los requisitos que se tuvieron como no cumplidos para la devolución automática de saldos.

La iniciativa ya fue aprobada en primer debate y ahora deberá ser estudiada por la plenaria de la Cámara de Representantes, donde continuará su trámite en el Legislativo.

Cerca de 100 productos y servicios estarán desligados del incremento del IPC, UVT y del salario mínimo. Ahora, estos productos se regirán bajo la Unidad de Valor Básico (UVB).

Se trata de medidas que restringen libertades públicas, como la participación y la representación.

El nuevo protocolo refleja el compromiso conjunto de Migración Colombia y el ICBF para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores de edad.

El acto administrativo fue expedido con falsa motivación, al evidenciarse un error de derecho en su justificación.

Esta iniciativa sería una alternativa al servicio militar y tendría una duración de 12 meses.

Amparan derechos fundamentales de dos menores de edad en el marco de un proceso de restablecimiento de derechos.

Para la SIC, la población joven, en su calidad de consumidora, tiene derecho a productos seguros y de calidad, así como a recibir información clara y veraz.

El fondo de pensiones puede adelantar las acciones necesarias para determinar si efectivamente se realizaron los aportes.

Según la normativa, la prima técnica regional podrá reconocerse hasta en un 50 % de la asignación básica mensual del respectivo empleo, para los niveles de directivo y asesor.

Uno de los casos en que la historia clínica puede ser conocida por terceros es cuando sean familiares del titular y acrediten ciertos requisitos.

La funcionaria se ha desempeñado como magistrada auxiliar del Consejo de Estado y docente investigadora senior de Colciencias.

Se ha ordenado el traslado de docentes nombrados en provisionalidad cuando son vulnerados sus derechos fundamentales.

De lo contrario, se verían afectados los derechos a la libertad individual y la autonomía personal del paciente.

No se han adelantado acciones para garantizar el acceso de dichos partidos a espacios especiales en medios de comunicación.

El término de caducidad para ejercer el medio de control de controversias contractuales no puede quedar al arbitrio de las partes.

El Consejo Superior de la Judicatura entregó la condecoración a funcionarios y empleados de la Rama que se destacaron por su trabajo de cara al ciudadano.

Esta iniciativa se encuentra en el Congreso de la República y la Comisión Primera de la Cámara le retiró el trámite de urgencia.

La Corte Constitucional amparó el derecho a la vivienda digna e integridad de un hombre y sus dos hijos menores de edad.

Opera una inversión en la carga de la prueba, pues no correspondería al procesado demostrar por qué los actos deberían ser nulos.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una mujer venezolana de la tercera edad solicitante de refugio.

Ya son 12 de los 13 decretos expedidos por el Gobierno para mitigar la crisis en La Guajira que son declarados inexequibles.

Esta clase de ajustes debe hacerse mediante ley ordinaria, de manera que pueda adelantarse un debate profundo con el rigor requerido.

Las demandadas invadieron la competencia del legislador al establecer un término máximo de duración de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.

Se emitieron varias órdenes que buscan reconstruir la confianza de las comunidades que suscribieron acuerdos individuales y colectivos.

No existe concordancia entre la grave violación de los derechos y la capacidad institucional y presupuestal para su garantía.

La nueva jefa negociadora hizo parte del grupo guerrillero M-19 y fue senadora.

No era procedente aplicar el principio de solidaridad para resolver el caso y no precisar bajo qué régimen de responsabilidad le eran atribuibles al Estado.

La decisión tiene efectos retroactivos generales, salvo en cuanto a transferencias no condicionadas efectivamente entregadas.

“El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal”: Minjusticia.

La comisionada asumirá este cargo desde este 7 de diciembre del 2023 hasta el 6 de diciembre del 2024.

En estos casos, se contempla un procedimiento con consecuencias sancionadoras adicionales.

Según el documento, los principios y las disposiciones de este proyecto serán aplicables a todos los territorios indígenas, que se encuentren formalizados o no formalizados.

Pretender cobrarle a la misma víctima lo que se le pagó por ese concepto implica desconocer tal decisión.

La inhabilidad se originó porque celebró dos contratos con el distrito Santiago de Cali, dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

Falta de identificación conlleva a la falta de fuerza ejecutiva del mandamiento de pago dentro del proceso contravencional.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, resaltó el compromiso y las acciones de su cartera frente a la defensa de los derechos laborales.

La referida firma no es necesaria en el caso de actos expedidos por el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado.

Se ampararon los derechos de una comunidad indígena desplazada a causa de la avalancha ocurrida en Mocoa en marzo del 2017.

Cuando el daño se produce al margen de la actuación del Estado, en tanto fue ocasionado por terceros se debe adelantar el juicio de imputación por falla en el servicio.

Según el documento, el valor diario que se reconocerá para la asignación de recursos en la modalidad de casas de acogida, albergues, refugios o servicios hoteleros, comprenderá los costos del alojamiento, alimentación y transporte.

La presente reglamentación rige a nivel nacional y aplica para todos los consultorios jurídicos, que se encuentran en funcionamiento y los que establezcan las instituciones de educación superior en sus programas de Derecho.

Colombia Compra Eficiente excedió su competencia al expedir las circulares y ellas desconocieron el alcance del artículo 3º de la Ley 1150 del 2007.

La medida fue tomada por las demoras y cancelaciones en los vuelos en el Aeropuerto el Dorado de Bogotá y demás aeropuertos del país.

Se trata de dos figuras jurídicas diferentes, que dan lugar a dos clases de consecuencias económicas.

Se retomará labores el jueves 11 de enero del 2023.

La suspensión constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.

Los compromisos y acuerdos se dieron en el marco del III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, en Neiva.

Actos administrativos deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado.

Se vulnera si en el término para resolver el recurso de reconsideración la Dian practica pruebas de oficio sin correrle traslado al administrado.

Además, el decreto establecería la creación del Comité Escal para evaluar, dar seguimiento y controlar las autorizaciones y licencias relacionadas con estupefacientes.

Este plan será la hoja de ruta para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Según Minhacienda, con la reforma, la atención primaria en salud pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.

Este convenio genera entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr equidad laboral.

La perspectiva de género garantiza una administración de justicia que reconozca y remedie la discriminación de género.

Según la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de SIC, Falabella fue sancionada por violar el Estatuto del Consumidor.

Las víctimas no tienen el deber de cubrir los gastos procesales, salvo cuando se acredite dolo, temeridad o mala fe.

La corporación anunció que la Universidad Nacional de Colombia fue elegida para practicar las pruebas de conocimiento necesarias.

Desde una perspectiva de género, existe el deber de estas autoridades de que las medidas se materialicen en la realidad.

Se acreditó la falla en los servicios de infraestructura aeronáutica, la cual fue una de las causas del accidente aéreo que provocó la muerte de una persona.

Cualquier exigencia adicional a las previstas en la normativa y que haga gravoso el acceso a la pensión es una barrera administrativa.

Gracias a las disposiciones de esta iniciativa, se espera que buena parte de los procesos se resuelvan en un término menor de 12 meses.

El documento plantea la composición de sistema nacional de búsquedas, su estructura, funciones, procedimientos, alcances y otras disposiciones relativas a su funcionamiento.

La administración pública debe expedir los permisos para la realización de los espectáculos públicos y verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales.

No se agotó el requisito previo de abogacía de la competencia, omisión que vicia los actos por expedición irregular.

El pliego de condiciones es un acto definitivo en todos los aspectos que regula.

Se fundamentó la ausencia de responsabilidad en la configuración de una fuerza mayor como causa eximente de la responsabilidad.

El Gobierno debe adoptar otras estrategias de provisión de alimentos que no dependan de manera exclusiva de la escolarización.

La decisión fue unánime, como resultado final del concurso de méritos especial que adelantaron para cumplir este mandato constitucional.

Para acceder al cargo, deberá renunciar y tener tramitada su dimisión como concejal

Asuntos en los cuales se espera el actuar de un buen hombre de negocios analizando en detalle el estado jurídico del bien o del derecho.

Una providencia absolutoria no constituye prueba, por sí misma, de que la imposición de una medida de aseguramiento fue injusta.

El juez de la acción popular carecía de competencia para decretar la suspensión del procedimiento licitatorio.

La entidad recordó que contra la formulación de este pliego de cargo no procede ningún recurso.

En el intrincado mundo de las sentencias judiciales en contra del Estado, conocer los depósitos judiciales es fundamental en el proceso de pago de sentencias.

Se exhortó al Congreso y al Minsalud para regular la financiación de tratamientos excepcionales que se deben prestar en el exterior.

Se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio.

La presentación y no oposición de la prueba no implica que el operador judicial quede supeditado a dicha pericia.

Los efectos fueron diferiros en cuanto a proyectos y medidas dirigidas a conjurar el agravamiento de la crisis humanitaria.

Por ende, el laudo no puede ser en equidad o técnico y debe ser administrado por un centro de arbitraje.

El objetivo del la normativa es erradicar el hambre y la pobreza extrema en Colombia.

La decisión concede efectos diferidos por el término de un año respecto de varias disposiciones e inmediatos sobre otras.

El ponente de la iniciativa en primer debate será el senador Carlos Felipe Quintero del Partido Liberal.

De no reunirse los requisitos procede la excepción de falta de título ejecutivo.

La delegada Alvis Rodríguez es abogada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Financiero y Bursátil.

La motivación no solo debe ser expresa, sino suficiente y su inobservancia puede generar nulidad.

Suprimir competencia de los jueces para conocer los procedimientos agrarios en fase judicial requiere de un trámite diferente.

La medida la adoptó la SIC ante el aumento de las denuncias contra el sector turismo.

Artículo 10 de la Ley 2094 del 2021 no vulnera la cosa juzgada ni reproduce lo declarado inexequible en sentencia del 2002.

El Decreto 1919 del 2002 hizo extensivo el régimen de prestaciones sociales del nivel nacional a los empleados del nivel territorial.

Considerar lo contrario implicaría restringir de manera invasiva el derecho al trabajo de los adultos mayores que ya no se encuentren vinculados al servicio del Estado.

El demandante tiene la carga probatoria frente a la acción u omisión de la entidad pública demandada.

No actualizar el aplicativo para que empresas de seguridad privada pueda registrarse contraría la normativa laboral y migratoria.

La norma habilitaba a los administradores y socios controlantes aunque hubieran sido condenados por actos de corrupción.

Hay una exclusión injustificada de los parientes en segundo grado civil de los destinatarios de las inhabilidades para contratar.

El nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural remplazará a Álvaro Fernando García Restrepo.

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 1276 del 2023, sobre transición energética.

La SIC sancionó a las compañías British American Tobacco Colombia, con una multa de $1.244.680.000, Lifetech con $232.000.000. y al Grupo DYI con $19.720.000.

Se destinará un total de $39.350.206.201 para financiar proyectos, con un rango de financiación que va desde $8.000.000 hasta $200.000.000 por proyecto.

La SIC precisó que Aproef y sus miembros habrían acordado de manera anticompetitiva el incremento sustancial de los precios del servicio de transporte fluvial.

Los recursos provenientes del Frisco deberán ser ejecutados por las empresas sociales del Estado (ESE).

En los predios afectados solo había cultivos de uso lícito por lo que se configuró una falla en el servicio.

Hasta el próximo 30 de noviembre, se realizarán las inscripciones, y la verificación de requisitos irá hasta el 28 de febrero del 2024.

Para su configuración no basta con que la fiscalía demuestre la existencia objetiva de alguno de los verbos rectores definidos en la norma.

No se pueden relativizar los derechos derivados de la ocupación ancestral frente a la calificación de ciertos territorios.

El Ministro de Salud y Protección Social y el Director del Invima deberán presentar un plan de respuesta urgente a la crisis.

En tal medida, no permiten la condena de la responsabilidad del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución.

Por ello, procede la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Según la normativa, el plan de acción específico continuará ejecutándose por 12 meses más.

Además, se demostró que la constructora no suministró a los consumidores información veraz, verificable y precisa en relación con el tiempo informado para la entrega de las unidades habitacionales.

Este proyecto, a diferencia del propuesto por el Gobierno establece que la entidad estará adscrita al Ministerio TIC.

La misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia fue establecida para verificar la implementación del acuerdo final de paz.

La Superintendencia de Salud le solicitó a la EPS Sanitas la activación de un plan de contingencia de manera inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos.

Además, conozca cuáles son los beneficios de participar en estas elecciones regionales.

Instancias médico-laborales deben concluir que las condiciones de salud no son suficientes ni pueden ser capacitados.

El Consejo de Estado niega tutela que buscaba mantener candidatura, por considerar que las razones del CNE fueron jurídicamente razonables.

Se debe ajustar y eliminar la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo.

Es obligatorio avanzar en la complementación y comprensión del derecho internacional público y privado, y para nuestro contexto, del derecho comunitario andino.

El impacto fiscal que se presentó durante el trámite legislativo fue estudiado y deliberado dentro del Congreso de la República.

Resulta desproporcionada al afectar otras garantías constitucionales, como el derecho a la presunción de inocencia.

Una vez aceptada la renuncia, es irrevocable, por lo que no es posible admitir la retractación del funcionario.

Los tres requisitos deben acreditarse y confluir.

Según la Registraduría, hay 38.965.515 ciudadanos habilitados para votar el próximo 29 de octubre.

El análisis lo hace bajo la perspectiva de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Las entidades territoriales dispondrán de los instrumentos necesarios para cumplir con el cronograma, sin afectar la prestación del servicio educativo al iniciar el año académico del 2024.

Contra los resultados procede el recurso de reposición.

La venta de tiquetes de otras aerolíneas no es parte de lo que le corresponde hacer a la aerolínea investigada.

Toda relación, ya sea laboral, civil o contractual, debe respetar los derechos fundamentales de las personas.

Esto, siempre y cuando no advierta a tiempo de estos peligros, o, advertida, no los remedia.

Según un informe de la Supersalud, en el periodo comprendido entre enero y agosto del 2023, se recibieron 31.263 reclamos de maestros relacionados con la calidad del servicio de salud.

El acto se realizó ante el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Palacio de Nariño.

El jefe de Estado aseguró que la reforma a la justicia tendría que plantearse alrededor de la verdad.

La Corte Constitucional admitió nueva demanda contra varios incisos del numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 del PND.

La guía orienta y ofrece referencias técnicas a las entidades territoriales para construir espacios temporales de reclusión.

Los profesionales en desarrollo familiar practicarán el respeto a la confidencialidad de las personas y familias sujetas a su labor profesional.

El programa les garantizará a todos jóvenes beneficiarios una transferencia monetaria de $1.000.000

El Congreso de la República escuchó las ponencias de los ternados por el presidente y eligió a quien ocupará el cargo del magistrado saliente Alejandro Linares.

Según la demanda, el informe de conciliación no se publicó previamente como lo ordena la Constitución, ni se entregó en físico.

Se corrió traslado a la demandada de la solicitud de suspensión provisional del acto demandado.

Podrá continuar el encargo, siempre y cuando no se haya provisto a través de otro encargo o nombramiento provisional.

Los proponentes tienen la posibilidad de subsanar los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación.

La endometriosis es una enfermedad ginecológica y sistémica que afecta a las mujeres en edad reproductiva.

Ponen en consulta la estructura y funciones de Mineducación

Le ordenó devolver los intereses cobrados en exceso a los consumidores con los que suscribió contratos de crédito.

Los consumidores deben estar informados sobre la tasa de interés remuneratoria y la tasa de interés moratoria, ambas expresadas en términos de tasa efectiva anual.

Este cambio es válido hasta que la Corte Suprema de Justicia acepte que los candidatos cumplen los requisitos.

El régimen bajo el cual se resuelve dicha situación es diferente al que se aplica respecto de quienes voluntariamente ingresan.

Esta convocatoria estará vigente hasta el 30 de octubre del 2023.

En este evento existe un contrato laboral de trabajo que contiene las condiciones de la relación y el régimen laboral aplicable.

La Sección Primera adecuó la demanda de nulidad por inconstitucionalidad al medio de control de nulidad.

La Corte Constitucional analizó una tutela relacionada con una lesión ocular sufrida en medio protestas estudiantiles en agosto del 2018.

Las disposiciones contenidas en esta resolución aplican a todos aquellos agentes que desarrollen de manera integrada las actividades de distribución y comercialización.

Debe haber obtenido una calificación "sobresaliente" en la evaluación de dicho periodo o, en su defecto, una calificación "satisfactoria”.

Este régimen especial de pensión no fue derogado por el Acto Legislativo 1 del 2005.

Es posible solicitar la reparación del daño que se estime tenga como causa el acto administrativo que fue declarado nulo.

No existe norma que regule el uso de teléfonos privados por parte de funcionarios públicos. Deben cumplir funciones con diligencia.

La amplia discrecionalidad no permite adoptar decisiones de traslado sin justificar las razones de necesidad del servicio.

No es procedente plantear la pretensión de incumplimiento contractual por una configuración indebida de sus bases a causa de una violación del principio de planeación.

Lo decidido por el juez natural no puede ser objeto de debate o decisión por parte de un juez de otra especialidad.

Asumirá el despacho que quedó vacante con la terminación del periodo constitucional de Roberto Augusto Serrato Valdés.

Dos de los médicos condenados ya habían recibido otras condenas por realizar mal procedimientos estéticos.

La norma no delimita número de solicitudes que puede presentar un empleado, independiente de que sea sobre diferentes inmuebles.

Bogotá no está enfrentando ni enfrentará una crisis sanitaria o ambiental por cuenta de la operación de los cementerios públicos.

Con el fin de generar soluciones reales para los niños y toda la población Wayuú.

Hoy viernes, a las 2:00 p. m., el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá determinará si se confirma la solicitud de preclusión o no.

Por existir acciones contractuales por los mismos hechos.

Para los accionantes, se afectará el medio ambiente del sector como consecuencia de la ejecución de los contratos licitados.

La norma no delimita número de solicitudes que puede presentar un empleado, independiente de que sea sobre diferentes inmuebles.

La senadora Norma Hurtado anunció que reconoce la necesidad de abordar los problemas actuales del sistema pensional.

Se crea un nuevo límite a la autonomía de los pueblos indígenas, sobre prohibición de cualquier forma de violencia contra la mujer.

Con fundamento en los deberes adquiridos por Colombia al adherirse al Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

En el informe de ponencia se manifiesta que el Estado no debe ahorrar esfuerzos para que los ciudadanos comprendan las decisiones judiciales.

La inhabilidad prevista en la Ley 136 de 1994 se predica del ejercicio de autoridad civil, política y administrativa.

Admiten demanda contra normas sobre participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público populares.

La reducción de la pena puede acompasarse con la reducción de la condena de la repetición.

En el documento figuran tres nombres: Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega.

La entidad se crea con el objetivo de gestionar el recurso hídrico en el territorio de La Guajira.

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que el paso siguiente será convocar a una nueva licitación con garantías.

El Consejo de Estado encontró de manera preliminar que se configuró la expedición irregular del decreto.

Consiste en el cambio de ubicación del empleo en otra dependencia de la misma planta global, conservando las funciones.

La entidad debe entregar al funcionario la dotación de calzado y vestido apropiados para el cumplimiento de la labor.

Los interesados en postularse deberán contar con una trayectoria laboral de al menos 10 años relacionada con derechos fundamentales de los niños.

Si el empleado no accede al descuento, será necesario acudir a la jurisdicción contenciosa o a la conciliación para recuperar valores.

Lo hizo a través de una carta que presentó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Solo se requiere comprobar subordinación total o parcial respecto de los ingresos de otra persona para cubrir necesidades básicas.

El auxilio de transporte cubre los gastos relacionados con la movilización de los empleados desde su casa hasta el sitio de trabajo.