La suplantación y la alteración son fáciles de implementar en correos electrónicos. Por ello, su valor probatorio debe involucrar el análisis de los mecanismos técnicos empleados.
“Con esos fallos, Diego, la lucha de poderes y de clases que usted propone ya está en marcha, pero con sangre (…) Eso se evita respetando los textos constitucionales…”
La Corte Constitucional dejó sin valor ni efectos la sentencia del Consejo de Estado. No es verdad, entonces, que el Estado siempre pierde los pleitos.
Para efectos fiscales, la regulación de los FICE sigue aplicando plenamente a las cuentas de inversión de capital del exterior administradas en Colombia.
Olvida José Miguel De La Calle que los funcionarios también deben observar la Constitución. Estamos celebrando 20 años de la Carta Política, pero aún no se ha estrenado en esta materia.
Nos siguen debiendo un indicador sólido de la desindustrialización de Colombia y una demostración clara de su relación con la carencia de políticas industriales.
El señor Ministro anunció un proyecto que calificó de formidable. De corresponder a la descripción que escuché, constituirá una revolución en la cultura arbitral.
Criticar y desdeñar de las decisiones judiciales que se saben ajustadas a Derecho, pero que no parecen apropiadas se ha vuelto una repelente costumbre.
La determinación de si hay o no conflicto armado no depende de criterios subjetivos o del reconocimiento del Presidente de turno, sino de elementos objetivos.
¿Puede la Corte Constitucional desconocer un texto constitucional claro que, por el principio ‘a contrario’, prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo?
Aplicar el rigor probatorio para probar la desviación de clientela impone una tarifa probatoria que no satisface los fines de la Ley de Competencia Desleal.
¿Qué sentido tiene una enmienda constitucional que busca enraizar un sistema oral, si las partes desempeñan sus roles de modo impróvido y a través de fatigantes lecturas?
No existe prohibición constitucional o legal, tampoco inhabilidad o daño fiscal, en la designación de servidores de la rama jurisdiccional en empleos o cargos de mayor jerarquía.
Es poco probable que Venezuela acceda al estilo de acuerdo que pretende Colombia, pues su propósito es mantener un comercio administrado, más acorde con su modelo socialista.
Es importante que los ciudadanos y empresarios conozcan las diferentes alternativas seguras para limitar la responsabilidad de los suscriptores de títulos valores, a la luz de sus normas especiales.
Será esta una ocasión única para profundizar en los aspectos académicos y prácticos de los más importantes temas de tributación internacional en los negocios transfronterizos.
El principio de legalidad penal significa que respecto de los tipos penales no cabe la interpretación analógica ni la interpretación extensiva in malam partem.
Me parece oportuno que se revise cuidadosamente el tema y que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el particular, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad.
Son varias las medidas que adoptó China para dar ese enorme salto en poco más de tres décadas. Sin duda la más importante fue su decisión de romper el modelo autárquico impuesto por Mao.
No se trata de una modificación legislativa que pretenda revolucionar el régimen arbitral, sino, más bien, de un esfuerzo por hacerlo más fácilmente abordable para los legos y extranjeros.
El legislador del 2010 olvidó en su carrera suprimir el artículo 34, que es el origen de la institución y precisamente el más analizado y estudiado por la Corte Constitucional.
¿Qué credibilidad puede adquirir una corporación que vuelve obligatorios sus fallos bajo el argumento de la igualdad y que se vale de un decreto que les concede privilegios a sus miembros?
La interpretación errónea que hace el columnista envía al público un mensaje completamente alejado de la realidad sobre el papel que la SIC ejerce frente a la protección del consumidor.
Desconocer la aplicación de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 para los procesos de acción popular que estaban en curso cuando fue promulgada la Ley 1425 atenta contra el principio de legalidad.
Se dice que uno de los propósitos del proyecto es adecuarlo a Kyoto, pero Kyoto es un acuerdo para la simplificación y armonización de procedimientos. En materia de simplificación, el proyecto no avanza.
De una modesta disciplina, hemos transitado hacia un soberbio constitucionalismo con síntomas de fanatismo, que impone recomponer el equilibrio de poderes.
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/11), que regirá el 2 de julio del 2012, poco avanzó frente al derecho de petición.
Cuando una profesión deja de pensar en sí misma y decide trabajar en bien del interés público, la comunidad le retribuye con aprecio social y justas compensaciones económicas.
Quiero efectuar un aporte constructivo frente a la entrevista realizada a la doctora Nancy Logreira Gómez, con todo el respeto que me merece, publicada en ÁMBITO JURÍDICO edición 315.
La determinación de enfermedades, tratamientos y medicamentos cubiertos o no por el POS y por los servicios de medicina prepagada responde a criterios económicos, no médicos, opina Hernando Bermúdez.
El abogado Francisco Reyes Villamizar, especialista en derecho comercial, presenta un panorama de la evolución de la sociedad por acciones simplificadas, a un año de su creación.