Ministro de Justicia: Asamblea Constituyente

Juan Manuel Charry Urueña Abogado constitucionalista jcharry@charrymosquera.com.co

Se equivocan quienes creen que la Rama Judicial no está aquejada por los problemas de corrupción, clientelismo, tráfico de influencias, infiltraciones de la delincuencia organizada, congestiones e ineficiencias, que afectan a las demás ramas del poder y entidades del Estado.

A lo anterior, se deben sumar los defectos de arquitectura constitucional y las dinámicas de los nuevos órganos judiciales, que han producido los llamados “choques de trenes” y la politización de sus actuaciones.

Sin desconocer que la Constitución de 1991 introdujo las acciones constitucionales y el sistema acusatorio, inicialmente moderado, que de alguna manera han satisfecho las necesidades de acceso a la justicia de la sociedad colombiana, lo cierto es que la congestión en los despachos, la mora en los procesos y la calidad de las decisiones no se han solucionado.

Con la creación del Consejo Superior de la Judicatura, como órgano autónomo de administración de la Rama Judicial, fui partidario de la supresión del Ministerio de Justicia y del Derecho, que no podía quedar reducido a administrador de cárceles y bienes del narcotráfico y regulador de los medios alternativos de solución de conflictos.

El equivocado diseño de juzgamiento penal de congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia y, de otro lado, el juzgamiento político de los magistrados de las máximas corporaciones judiciales por parte del Congreso se exacerbó durante el gobierno Uribe, lo que causó un grave traumatismo institucional, que se evidenció en la elección de Fiscal General de la Nación y en la imposibilidad del control político a los magistrados.

La formula de entendimiento expuesta por los magistrados al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, consistente en el restablecimiento del Ministerio de Justicia, es a todas luces insuficiente y equivocada, pues los males de la justicia no se solucionan con el restablecimiento de un interlocutor gubernamental especializado, probablemente procedente de la misma judicatura. La propuesta del nuevo gobierno de presentar una reforma concertada con los jueces, no solo es ingenua sino impracticable, pues los funcionarios judiciales no están dispuestos a ceder los espacios ganados. Ahora bien, los magistrados consideran que pueden presentar su propia propuesta de reforma, sin embargo, no hay consenso entre ellos y dudo mucho que propongan decisiones de fondo. Con esta situación, quedaría al gobierno impulsar solo las soluciones que estime convenientes y tratar de evitar la reacción mediante decisiones judiciales; no se olvide el bloqueo a las reformas constitucionales de 1977 y 1979 por parte de la Corte Suprema de Justicia, que desembocó en la Asamblea de 1991.

Así las cosas, si se quiere intentar la solución a los problemas de justicia, sin esperar otros 20 años, se debería convocar a una asamblea constituyente para ese fin, como está prevista por la Constitución de 1991, que no tendría los vicios de sustitución de la Carta, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ojalá, la iniciativa partiera de la propia Rama Judicial, pero no guardo esperanzas en este punto.

Quienes se oponen a esta propuesta, alegan que se podría colar una tercera reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Se trata de un pobre argumento, pues la Asamblea tendría la competencia, periodo y composición que determine la ley, además, tanto su convocatoria como sus decisiones están sometidas al control de procedimiento por la Corte Constitucional.

La única forma de lograr reformas profundas a la administración de justicia es mediante una asamblea constituyente, que se ocupe de temas tales como: la supresión de una o varias altas corporaciones judiciales; el establecimiento de controles políticos efectivos a los magistrados; la modificación de juzgamiento penal de los congresistas; la definición de la tutela contra sentencias; la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones; la sistematización de las decisiones; la drástica simplificación de los trámites, pues no se puede tener a los jueces pegando papeles en las paredes de sus despachos; en fin, de los cambios para una sociedad del siglo XXI, que se perfila como prometedora y con grandes potenciales de desarrollo económico, que demanda una pronta, cumplida y efectiva justicia.

El Congreso ha sido objeto de varias reformas políticas; el Ejecutivo se reestructura de manera permanente y es objeto de vigilancia y controles; en cambio, la Rama Judicial es reacia a los cambios, por lo tanto, la creación del Ministerio Justicia se justificaría, si se convoca a una asamblea constituyente, se apoya su trabajo y se lidera una profunda reforma.

Agradeceré comentarios.