Según Yesid Reyes, las peticiones encaminadas a convertir en salariales las bonificaciones de nivelación salarial costarían entre 3 y 6 billones de pesos.
Una fuente de recursos serían los depósitos judiciales vencidos que están abandonados en el Banco Agrario, cuyo monto asciende a cuatro billones de pesos.
La meta es reducir al mínimo el uso de la aspersión de cultivos ilícitos, y restringir su utilización a zonas donde sea imposible recurrir a un mecanismo distinto, aseguró.
Esta iniciativa soluciona muchos problemas en materia congestión del aparato judicial y acerca la justicia a los conflictos que afrontan los ciudadanos a diario.
La idea es que Colombia cuente con cárceles orientadas a la resocialización de las personas privadas de la libertad, indicó el ministro Alfonso Gómez Méndez.
En los últimos dos años, por iniciativa del ministerio, se ha capacitado a 1.308 representantes de los sectores público y privado, en varias ciudades del país.
El resultado de este trabajo será un proyecto de ley de simplificación normativa, que estará a cargo de la Dirección de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico del ministerio.
El viceministro de Justicia, Miguel Samper Strouss, planteó la necesidad de fortalecer el esquema educativo en la formación para el posconflicto y la justicia transicional.
Con una recaudación de procesos judiciales que tiene pendiente en Colombia, se activará el proceso de extradición de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso.
Los beneficios para el tratamiento físico y sicológico de las víctimas de este tipo de ataques están vigentes y no requieren ningún desarrollo normativo.
El evento busca sensibilizar a los ciudadanos y formar líderes, con el fin de que se apropien de las herramientas que brinda este mecanismo para garantizar la reconciliación y la paz.
Más de 2.000 servidores de las casas de justicia del país se han capacitado, mediante la realización de 85 talleres de fortalecimiento de la línea de atención de este tipo de violencia.
Un informe presentado por el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, plantea la despenalización del consumo de drogas.
En la jornada se identificó un alto número de casos de desplazamiento forzado y de secuestros, cometidos por grupos al margen de la ley entre los años 1995 y 2004.
El Decreto 3011 del 2013 organiza el alistamiento, recepción, transferencia y administración de bienes entre las autoridades encargadas de la ejecución de estas normas.
El ministro reiteró su llamado al Congreso para que los proyectos de ley en materia penal pasen por el análisis del Consejo Superior de Política Criminal.
Para el ministro, el alcance de la prohibición, contenida en el parágrafo del artículo 38 de la citada ley, no es general, sino que se aplica reuniones en las que participen candidatos.
El funcionario enfatizó en la necesidad de hacer una pedagogía sobre la justicia transicional, para que no siga confundiéndose con un mecanismo de impunidad.
Dicho documento garantizaría la seguridad jurídica en temas como la seguridad vial y permitiría tener claridad sobre qué, cómo y cuándo debe intervenir normativamente el Estado.
Las recomendaciones del Gobierno para comenzar la implementación de Código General del Proceso en los despachos con más alta congestión no han sido tenidas en cuenta.
El ministerio les está haciendo seguimiento a 39 fallos de tutela y dos acciones populares que ordenan el restablecimiento de los derechos de la población reclusa.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, aseguró que en lo corrido del año se ha identificado una tendencia a la baja en las cifras de la población reclusa en las cárceles del país con relación a años anteriores. Según exp
El Gobierno alista un proyecto de ley que contempla la reglamentación del Acto Legislativo 6 del 2011, que les permite a las victimas ejercer la acción penal.
La ministra recordó que, en el marco de la emergencia carcelaria, el Gobierno trabaja de manera acelerada para contratar la adecuación de nuevos cupos.
La Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional y las organizaciones civiles estarán apoyando esta labor y generando información útil sobre la materia.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, había anunció el traslado a la Cárcel Distrital de las personas detenidas en las unidades de reacción inmediata de Bogotá.
El beneficio no se concederá cuando el recluso sea reincidente ni cuando se apliquen el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.
La ministra Ruth Stella Correa les pidió a los jueces que tengan en cuenta las dificultades que generan los cierres de los establecimientos de reclusión.
En desarrollo de la reunión, se abordaron temas como la guardia y custodia de los centros penitenciarios, la profesionalización y el servicio prestado, entre otros.
El entorno en el que opera nuestra justicia es complejo y ofrece grandes retos, afirma el director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia.
La vulneración a la Constitución se concretó en la amplitud y heterogeneidad con la que se autorizó a los órganos administrativos para ejercer esas funciones