La Comisión Primera del Senado aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto que busca solucionar los obstáculos que se han presentado para la implementación óptima de la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz). Dentro de las reformas aprobadas está la reducción del número de audiencias y la entrega de facultades a la Fiscalía General de la Nación para que establezca criterios de priorización que le permitan concentrar sus esfuerzos investigativos en el esclarecimiento de los crímenes más graves.