Durante el mes y medio que lleva la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448/11), 22.000 solicitudes de restitución presentan irregularidades, algunas por error y otras de personas que pretenden engañar al Estado, reveló ayer el ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra. En tales casos, explicó el funcionario, se adoptan las medidas administrativas respectivas tendientes a anular el registro, y cuando ha habido dolo o mala fe, se remite el caso a la Fiscalía.