La plenaria del Senado aprobó ayer, en último debate, el proyecto que deroga la reglamentación del arancel judicial (Ley 1394 del 2010) y presenta una nueva forma de liquidar esta contribución parafiscal. Dicho arancel tendrá una tarifa del 1,5 % de las pretensiones económicas y deberá ser cancelado por el demandante antes de iniciar el proceso judicial. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, manifestó que la futura ley pretende incentivar la conciliación de los litigios y que las partes lleguen a acuerdos antes de demandar. Además, se evitarían las demandas temerarias.