La Comisión asesora de la política de drogas entregó su primer informe al Gobierno, en el cual recomienda orientar su política pública en materia de reducción del consumo de drogas hacia la eliminación de sanciones penales para los consumidores y utilizar herramientas de salud pública para la atención del problema. “Esto no implica que se eliminen sanciones penales para quienes cometen crímenes bajo los efectos del consumo de sustancias. Lo que se propone es que los consumidores no problemáticos no sean tratados como criminales”, afirmó Daniel Mejía, presidente de esta instancia. También se invita al Ejecutivo a trabajar en la diferenciación de los consumos para orientar los tratamientos, alejado de posturas ideológicas y basado en evidencia científica.