La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena proferida en contra del coronel (r) del ejército Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en desapariciones forzadas que se presentaron durante el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

No obstante, la Sala modificó la sentencia de primera instancia, pues solo se probó la responsabilidad de Plazas en la desaparición de Irma Franco, miembro del grupo guerrillero M-19, y de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio.

Con respecto a los otros nueve desaparecidos por los que era procesado el coronel (r), el tribunal declaró la nulidad parcial de lo actuado, a partir del cierre de la investigación, para que se recolecte más evidencia y se establezca si estas personas realmente están desaparecidas o si sus cadáveres se encuentran entre los evacuados del Palacio de Justicia.

Aunque Sala reconoció que la toma del M-19 al Palacio de Justicia fue un acto delincuencial que violó las normas del Derecho Internacional Humanitario, aclaró que el deber del Ejército en la operación de recuperación del edificio era proteger a las víctimas y restablecer sus derechos.

Según el fallo, cuando se ejecutaron las desapariciones forzadas por las que se condenó a Plazas, el combate ya había terminado y el procesado y otros comandantes no estaban en “plano de fuego”. Con base en el material probatorio recaudado, se pudo establecer que Plazas decidió que miembros del Ejército “ejecutaran o continuaran ejecutando hechos ilícitos penales”.

“El superior jerárquico impulsó de manera sostenida la ejecución de actuaciones ilícitas por parte de los miembros del aparato estatal ilegal. Ese hombre de atrás tenía un dominio del riesgo (que es el aparato de poder) de producción de actos ilícitos”, afirma la sentencia.

Betancur ante la CPI

Además ratificar la condena en contra de Plazas, el fallo exhorta al Fiscal principal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que considere presentar el caso ante dicho organismo, con el fin de investigar la responsabilidad del presidente de la República de la época, Belisario Betancourt, en el delito de desaparición forzada.

Cabe recordar que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes archivó dos procesos en los que se discutía la responsabilidad de Betancourt en los hechos del Palacio de Justicia. Sin embargo, para el Tribunal Superior, esa decisión de archivo obedeció a una valoración política, pero no jurídica, de la responsabilidad del mandatario.

La sentencia advierte que se debe impedir “la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano”. Además, señala que, hasta el momento, no se ha adelantado ningún juicio penal contra Betancur y, dado que las normas sobre el fuero están vigentes, “no existe pronóstico favorable o razón que permita pensar que ello ocurrirá en el futuro”.

Otros responsables

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá compulsó una copia de la sentencia a la Fiscalía General de la Nación, para que determine la responsabilidad por delitos de lesa humanidad que podrían tener los miembros del Consejo de Ministros de la época.

Además, solicitó investigar a los miembros de la Brigada VII de Villavicencio que estuvieron en la Escuela de Caballería de Ejército durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, quienes habrían participado en la desaparición forzada, tortura y homicidio de personas que fueron rescatadas del Palacio de Justicia.

De otro lado, pidió investigar al entonces director general de la Policía, Víctor Alberto Delgado Mallarino, y al personal de inteligencia de esa institución que participó en el operativo de rescate del Palacio.

Finalmente, el Tribunal consideró que, debido a la cantidad de personas que faltan por ser investigadas, debería crearse una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación dedicada exclusivamente a atender dichos procesos.

Otras medidas

La sentencia ordenó algunas medidas de reparación de derechos de las víctimas y de prevención para que hechos como los ocurridos en el Palacio de Justicia no vuelvan a suceder.

Entre otras, pidió que la sentencia se publique durante un año en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, para que “sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la fuerza pública”.

Además, el Ministerio de Defensa, la comandancia del Ejército, la Brigada XIII y la Escuela de Caballería deberán celebrar un acto público en el que pidan perdón por lo sucedido en el Palacio.

Adicionalmente, la ejecución de la pena impuesta a Plazas se deberá cumplir en un establecimiento carcelario, sin que “ofenda el dolor de las víctimas”.

Reacción del Minjusticia

El Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia), reaccionó ante la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Mediante un corto comunicado de prensa, manifestó su desconcierto con la afirmación de que en el caso del expresidente Betancur ha existido impunidad debido a que el Congreso no cumple funciones judiciales, sino políticas.

El Gobierno rechazó esta posición y defendió la legitimidad de las instituciones políticas colombianas. Además, afirmó que esperará la decisión final: la sentencia de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Descargue la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en el siguiente enlace:

(Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, Sentencia 11001070400320080002509, enero 30/2012)

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