Las 37 reformas que se le han hecho al Código Penal desde el año 2000 para aumentar las penas han generado un impacto negativo en el sistema penitenciario, advirtió el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con un informe reciente de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado, “las condiciones que presenta la prisión en Colombia por los elevados costos de su mantenimiento, el alto índice de hacinamiento y la falta de medios para cumplir la función resocializadora inciden negativamente en el logro del fin asignado a la pena privativa de la libertad en su fase de ejecución, y afecta gravemente derechos fundamentales de los reclusos”.

Según el documento, Colombia carece de una política criminal consistente y de largo plazo. Además, durante las últimas dos décadas, se ha caracterizado por una tendencia al aumento irreflexivo de las penas de prisión y al “populismo punitivo”.

La Comisión destacó aspectos de la crítica situación penitenciara, como la falta de una separación clara entre sindicados y condenados, de atención adecuada en materia de salud, de personal dedicado a la capacitación de los reclusos y la baja proporción entre personal privado de la libertad y guardias, lo que dificulta el control y la seguridad en los centros de reclusión.

Finalmente, señaló que la política criminal colombiana se ha hecho sin diagnósticos serios: “Se ha formulado sin tener en cuenta la diversidad regional y social, y la variedad y complejidad del fenómeno criminal de Colombia,  de manera incoherente y como reacción a problemas ventilados en los medios de comunicación”, concluyó.