La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, recordó que la Fiscalía General de la Nación presentó su esquema de priorización, en la Directiva 01 del 2012.

De acuerdo con esa norma, en el caso de los delitos no perpetrados por organizaciones delictivas, el nuevo sistema apuntará a combatir patrones culturales discriminatorios y graves vulneraciones de derechos fundamentales.

Según Correa, esto no significa que los delitos no priorizados no sean investigados o que haya extinción de la acción penal.

De igual manera, anunció que el Gobierno alista un proyecto de ley que contempla la reglamentación del Acto Legislativo 6 del 2011, que les permite a las victimas ejercer la acción penal, como uno de los nuevos elementos del contexto de priorización.

Esa nueva política, agregó, se explica por el “apabullante” número de denuncias al año que recibe la administración de justicia y la poca cantidad de funcionarios para resolverlas.

“Cada año se presenta un millón de denuncias ante la Fiscalía, y solo hay 5.000 fiscales para atenderlas. Es una utopía. La Fiscalía lo que busca con esta resolución es que los recursos logísticos y humanos sean bien usados”, agregó.

Igualmente, precisó que la reforma a la Fiscalía apunta a la implementación y profesionalización del número de funcionarios que requiere el aparato judicial para garantizar la correcta administración judicial.

Otro frente de acción es la revisión total de la política criminal del Estado, para lo que se está preparando un documento Conpes “coherente y racional, que le permita al aparato judicial llevar a feliz término todas las investigaciones que se adelantan”, concluyó la ministra.

Vale la pena recordar que, en diciembre pasado, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que la priorización de casos podría reducir la impunidad.