La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, solicitará un plazo más amplio para dar cumplimiento al fallo de tutela que ordena el traslado de 2.630 internos de la cárcel La Modelo de Bogotá a otros centros penitenciarios del país en un tiempo máximo de cuatro meses.

La funcionaria aseguró que el Gobierno entiende y acata estas órdenes judiciales, pero sostuvo que las soluciones a la situación que se presenta en las cárceles deben adoptarse sin generar más caos.

“Vamos a presentar los recursos para pedir un plazo más amplio. Somos conscientes de que debe haber traslados, pero reubicar a ese número de personas es una tarea titánica aun si existieran los cupos. Pero frente a la inexistencia de los cupos necesitamos mucho más tiempo para poder construirlos y hacer los traslados necesarios”, dijo la funcionaria.

Correa les pidió a los jueces de la República que las decisiones que profieran tengan en cuenta las dificultades que se generan con el cierre simultáneo e imprevisto de los establecimientos de reclusión.

“Esperamos que vía tutela no se cierren todos los establecimientos de reclusión. Ya hay 14 cárceles cerradas, algunas de ellas las más importantes del país, y eso lo que hace es generar más caos. Les pedimos a los jueces que sus decisiones nos permitan darles un cumplimiento adecuado a las mismas sin generar un caos en este tema tan importante”, indicó.

La ministra también le hizo un llamado al Congreso de la República, para que acompañe el proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario, una de las doce medidas que resolverían la situación en los establecimientos de reclusión.

“Sabemos que el Congreso conoce perfectamente la situación que se vive en las cárceles. La iniciativa para modificar el Código Penitenciario es mucho más que una petición del Gobierno Nacional. Es la situación que se presenta en las cárceles lo que amerita que de manera pronta se le dé el trámite legislativo a este proyecto de ley”, concluyó Correa.

Vale la pena recordar que, en reiteradas ocasiones, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le ha insistido al Ejecutivo que estudie la posibilidad de acudir a la declaratoria de emergencia social para enfrentar los problemas de hacinamiento que vive la población penitenciaria y carcelaria.

Otálora indicó que a través de decretos con fuerza de ley se podrían implementar figuras jurídicas que permitan la excarcelación de personas que hayan cometido delitos de bajo impacto.