Tal como lo había anunciado la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, fue expedido un decreto que busca mejorar la prestación de los servicios de salud para la población reclusa del país. La disposición libera la contratación con Caprecom y permite la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de estas personas a través de una o varias entidades promotoras de salud públicas o privadas, tanto del régimen subsidiado como del contributivo. Dicha afiliación beneficiará también a los menores de tres años que convivan con sus madres en los establecimientos carcelarios. Por último, en un lapso no mayor a un mes contado a partir de la definición del valor de la UPC para la población reclusa, la unidad de servicios penitenciarios determinará las EPS a las que se afiliará esta población. Así mismo, la entidad que actualmente presta los servicios de salud no finalizará su responsabilidad hasta tanto se culmine el procedimiento de afiliación y traslado dispuesto.