Durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que se firmará un decreto en acuerdo con los ministerios de Salud y de Hacienda con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud para la población reclusa en el país. La funcionaria señaló que se modificará el Decreto 2777 del 2010, según el cual la prestación de servicios de salud para los reclusos debe ser contratada con una entidad pública del orden nacional. La disposición liberaría la contratación con Caprecom y permitiría contratar con EPS públicas o privadas.