En Colombia algunas organizaciones tienen dos bases de datos: en una incluyen a las personas que actualmente están en la lista Clinton y en otra a las que estuvieron en dicho listado.

La consulta popular nacional solo requeriría de un decreto, el concepto previo y favorable del Senado y los preparativos para las elecciones, de suerte que podría realizarse en el 2015.

Durante el debate realizado en la Pontificia Universidad Javeriana, se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en el país.

La tercerización se puede usar, siempre y cuando no exista una relación de simple intermediación y mientras no se vulneren derechos consagrados en las leyes laborales vigentes.

La justicia debe ser residual, siempre y cuando las instituciones encargadas de la salud, educación, vivienda, etc., cumplan con las necesidades de los ciudadanos.

El objetivo de esta propuesta es evitar filiaciones políticas, individualismos metodológicos o cualquier circunstancia que enerve la independencia.

Desde diversas posiciones, representantes del Gobierno, organizaciones civiles y académicos discutieron sobre este punto de la agenda de negociación.

Algunas de las decisiones tomadas plantean interrogantes sobre el alcance y el rol que juegan los jueces y la jurisprudencia en las nuevas tendencias interpretativas.

Es probable que prosperen las acciones de tutela por desatender la solicitud de medidas cautelares de la CIDH y Gustavo Petro reasuma el cargo de Alcalde de Bogotá, después de haber demostrado su inmensa capacidad retórica y de distorsión institucion

En estos litigios, donde se exacerba el patrioterismo, pocos recapacitan sobre el fundamento de las sentencias de la Corte Internacional y tergiversan su sentido.

La concesión indiscriminada de derechos económicos a nombre del principio de igualdad en un Estado escaso de recursos beneficia a unos pocos en desmedro del derecho de igualdad de todos los demás necesitados.

En 1991, las FARC tenían 48 frentes y 5.800 combatientes; en el 2002, pasaron a tener 62 frentes y 28.000 combatientes con presencia en 622 municipios, el 60 % de los municipios del país.

Hacemos un llamado a organizaciones sindicales y empresarios para que asuman el reto que les plantea el Decreto 89 del 2014, y no tomen actitudes desafiantes contra la norma.

Las negociaciones con las FARC, más allá de los acuerdos políticos, son un asunto de administración de justicia, para guerrilleros y militares.

El Gobierno Nacional y ese grupo armado llegaron a un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda.

Ojal¨¢ no se vaya a cometer el mismo error de llamar a la otra Corte de La Haya, a la CPI, como la enemiga, esta vez, del proceso de paz, si llegase a reivindicar la aplicaci¨®n del Estatuto de 1998.

Debemos comprender que las normas jurídicas son ideología hecha regla de conducta, un mar con oleaje bajo esperando nuevas tormentas, una guerra en receso esperando un nuevo combate.

Es meritorio que la exigencia constitucional, que no es otra que la reclamación social y económica de justicia, de paz, haya repercutido en el legislador.

Ojalá la Corte Constitucional, a través de la petrificación del precedente, no acabe con teorías como la de la progresividad e impida el aumento gradual de indemnizaciones cuando se amerite.

A diferencia de otros autores, no creo que la responsabilidad civil extracontractual deba restringirse a institucionalizar un único principio.

Me parece que son falsos progresistas quienes defienden a los homosexuales, a los negros y a los indígenas, pero no quisieran tener uno en su familia.

La aplicación de la jurisprudencia constitucional ha llevado a excesos y errores, reduciendo exageradamente el ámbito del fuero militar.

El carácter privado de estas organizaciones debe revisarse, para migrar a un modelo mixto o, en caso extremo, totalmente estatal.

“Toda reforma que se haga será vana, si la política sigue incidiendo en la elección de magistrados, jueces y organismos de control”.

No es correcto darle la espalda con vergüenza a la universidad. No nos queda más camino que iniciar un debate interno que conduzca a la recuperación de su pleno prestigio.

Aunque se trata de un mismo anteproyecto, su lectura nos hace descubrir dos facetas distintas en sus secciones dedicadas al arbitraje nacional y al internacional.